El miércoles pasado me tranquilicé brevemente cuando el ministro de Hacienda dijo que iría a la junta del Banco de la República, en el entendido de que asiste para negociar con sus miembros una salida viable al feroz enfrentamiento que ha tenido lugar entre ella y el Gobierno al más alto nivel. Pero el ministro no hizo su anuncio en términos conciliatorios y esto ha llevado a que muchos se pregunten si lo único que ha sucedido es que trasladaron la pelea al seno de la junta, de donde es posible que vuelva a retirarse airado el ministro. Pero lo importante es que alguien tuvo el valor de pestañear condicionalmente y su adversario le respondió de la misma manera. Se ha dado un paso importante.
Posiblemente, la razón por la cual esto sucedió es que en ambos bandos hay personas que se dan cuenta de la importancia de encontrar la forma de converger. Los peligros derivados de que las dos partes no renuncien a su intransigencia, lo que es exactamente al contrario de lo que exige la Constitución, conduciría a que el Gobierno decidiría seguir gastando sin control y endeudándose sin freno. El salario mínimo sería ascendente y no móvil solamente, cambiando con una periodicidad inferior a la prevista en la ley. La Procuraduría continuaría en su papel de esfinge y el Banco de la República decidiría también ilegalmente aumentar la tasa de interés sin coordinar con el Gobierno. El déficit fiscal seguiría ascendiendo aceleradamente. El Gobierno tendrá que aumentar también periódicamente las tasas de interés de los TES, y vendría más capital golondrina, cada vez más nervioso.
¿Qué pasaría con la inflación? Seria también móvil y ascendente con una velocidad tal vez superior a la del salario mínimo móvil. En algún momento levantaría vuelo el ‘capital golondrina’ y algún banco acudiría a Fogafín, o el Gobierno le pediría al Banco de la República salvar a los que “no pueden quebrarse”.
Estaríamos enfrentando una crisis financiera clásica y tendríamos suerte si esta condición no conduciría a una hiperinflación y a enormes pérdidas de valor. Todo el mundo desearía tener su plata en dólares y cambiar solamente lo de la semana a pesos, y muy pronto solo lo que se va a gastar en el día. Todos los colombianos tendríamos que convertirnos en especuladores para sobrevivir, como le ha sucedido a los argentinos cada vez que se les olvida la lección.
Este panorama no le conviene a nadie. Es menos grave perder algo de parte y parte, sacrificar principios, deponer odios y encontrar como conciliar. Es clave lo que suceda en la próxima reunión de la junta del Banco. Si no asiste el ministro, lo ideal sería que no subieran la tasa de interés, pues sería ilegal hacerlo. Si el ministro asiste, habría un escenario en el que se podría negociar interés contra déficit: el Gobierno podría acceder a parar el gasto a cambio de que el Emisor no insista en subir la tasa de interés. Esto no asegura que los intereses no suban, porque es el Gobierno el que más los empuja, para que no se retire el ‘capital golondrina’.
Hay muchos otros escenarios posibles de negociación. Lo importante es que por lo menos intenten evitar un cataclismo financiero causado por la intransigencia y el irrespeto a las normas. No quiero que quede la impresión de que no valoro la independencia de la junta directiva del Banco ni los mandatos constitucionales que tienen tanto el Emisor como el Gobierno de velar por mantener la inflación en niveles que no causen daño o que no permitan que crezca la economía de manera coordinada. Pero si deseo opinar que lo mejor puede ser enemigo de lo bueno cuando el adversario no juega respetando las reglas, y que la Constitución les permite tanto al Gobierno como a la junta ser razonables en sus posiciones. Están obligados a hacerlo porque tienen un mandato claro: evitar catástrofes económicas.
Generalmente estoy de acuerdo con lo que escribe Marcela Meléndez, hoy directora de Fedesarrollo, pero que difiero de su opinión en la última columna de El Tiempo en donde dice que la independencia de la junta “quedó mal pintada”, precisamente por permitir lo que me atrevo a sugerir en esta nota: que la junta del Banco de la República, y especialmente el Gobierno, tienen la obligación legal y constitucional de actuar con responsabilidad y en forma razonable. La presencia del ministro de Hacienda en la junta debería contribuir a que esto último se cumpla aún en esta administración.
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