¿Está en riesgo el censo económico por falta de consulta previa? Dane pide no frenar la iniciativa

Esta semana arranca la primera parte del Censo Económico Nacional Urbano, una iniciativa que viene armándose desde 2019, que busca medir las unidades económicas en las cabeceras municipales y centros poblados de todo el país.

Es decir, se busca tener información sobre los negocios informales, formales, los pequeños, medianos y empresas en general. No se trata de un ejercicio de medición como un censo de hogar, sino de recoger información sobre “los aspectos económicos del tejido empresarial del país”.

Una tutela presentada por el representante legal del Consejo Comunitario Quebrada Tabla, ubicado en Villa Rica, Cauca, asegura que este ejercicio estadístico debe suspenderse porque supuestamente no se realizó una consulta previa con las comunidades negras del país.

Fuentes le dijeron a CAMBIO que, si un juez llegara a ordenar la consulta, este censo ya no podría realizarse en el corto plazo. Se trata de una medición que no se hace hace 34 años, que viene construyéndose desde 2019 y para el cual se han hecho dos censos experimentales y tres pruebas piloto.

En respuesta al juzgado que tiene en estudio la tutela, el Dane aseguró: “la operación no se realiza hace 34 años en nuestro país y considerando los cambios de la estructura económica del mismo durante este periodo, no se cuenta con un panorama completo y exhaustivo de la misma, especialmente en los sectores de industria manufacturera, comercio, construcción, servicios y transporte; y en los niveles de la micro y pequeña empresa".

"Es fundamental contar con esta información para adelantar los procesos de diseño, implementación y seguimiento de la política pública en materia económica”, dice el Dane

La entidad explicó que el censo económico sí tendrá un componente étnico-racial para que los responsables de hacer la política pública puedan hacer propuestas que consideren las necesidades específicas de los diferentes grupos étnicos, para su reconocimiento y el de la economía popular y de los saberes ancestrales, entre otros.

“El alcance del Censo son las unidades económicas (como empresas, establecimientos fijos y semifijos) de todas las cabeceras municipales y centros poblados de los 1.102 municipios, en los 32 departamentos del país. Así las cosas, si bien comprende también un componente étnico-racial, tiene un alcance general, no pudiéndose afirmar entonces que se trate de una medida que ataña específicamente a las comunidades afrocolombianas”, dijo la entidad.

En 2022 el Ministerio del Interior dijo que la consulta no era necesaria

Según el Dane, este ejercicio de medición no necesita una consulta previa con las comunidades. En respuesta a la tutela conocida por CAMBIO, la entidad precisó que el 4 abril de 2022 se le solicitó al Ministerio del Interior que precisara si tal censo necesitaba la consulta. La Subdirección Técnica de Consulta Previa respondió el 18 de abril de ese año que no era necesario porque, entre otras razones, no afecta a las comunidades.

En ese momento el ministerio dijo: “No se intervendrán las fuentes de sustento de los colectivos étnicos. No se impedirá el desarrollo de actividades de obtención del sustento de las comunidades. No se generará un reasentamiento. No se identifica una intromisión intolerable que modifique el desarrollo de los usos, costumbres y dinámicas tradicionales y ancestrales de los colectivos étnicos. No se identifica la interferencia en las zonas de tránsito y movilidad de los colectivos étnicos.

El 2 de junio de 2023, el Dane volvió a preguntar al ministerio si la consulta era necesaria. Esta cartera volvió a responder que no y remitió la respuesta inicial de 2022. Desde la entidad le explicaron a CAMBIO que las preguntas que se le harán a los diversos sectores vienen ya concertadas desde administraciones anteriores y que, en todo caso, están midiéndose.

En el documento de 31 páginas de respuesta a la tutela, el Dane aseguró que, a pesar de esa posición, hicieron una estrategia de sensibilización que busca relacionarse con las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, indígenas y con el pueblo Rrom, que tienen actividades económicas tanto en establecimientos fijos, como semifijos o en la calle.

“El censo no conlleva vulneración alguna frente al derecho de participación y consulta previa, libre e informada de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; y de ninguna manera de sus derechos fundamentales a la vida y existencia digna”, agregó la entidad.

En este caso, el Dane también recibió un oficio de la Defensoría del Pueblo en el que pedía reevaluar el concepto de Ministerio del Interior. Debido a ello, voceros de ambas entidades se reunieron para hablar del tema. El 6 de mayo de 2024, el Dane respondió oficialmente el requerimiento asegurando que se contrató personal étnico-racial para hacer el censo en algunos sectores, que habrá un enlace para el momento de análisis de los datos y que se están haciendo reuniones con líderes representativos de cada comunidad.

“En ese sentido, señor Defensor Delegado para los Grupos Étnicos, es claro que para el Dane que a partir de la implementación de esta estrategia de relacionamiento y sensibilización con las comunidades étnicas se logra la generación de confianza entre la institucionalidad y las comunidades étnicas”, dice esa respuesta.