Así se usaron los recursos de asistencia económica de Estados Unidos para Colombia que Trump frenó

El pasado 22 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que suspenderá toda la ayuda a Colombia. En Bogotá, sin embargo, el mensaje no provocó alarma. El presidente Gustavo Petro le restó importancia: “¿Qué pasa si nos quitan la ayuda? En mi opinión, nada”. Su ministro del interior, Armando Benedetti, fue más allá y dijo que si los estadounidenses querían cortar las ayudas “que las quiten”, porque no son ayudas, sino una burocracia en la que ‘los gringos contratan empresas gringas’.

Presidente Gustavo Petro aseguró que no pasa nada si Estados Unidos quita la asistencia financiera. pic.twitter.com/7vKrLbqGlU

— Juan David Cano (@whoisjuandc) October 24, 2025

No obstante, lo que el alto Gobierno describe como un engranaje burocrático es una maquinaria compleja de programas y contratos que podría detenerse de golpe. Un sistema que afecta directamente decenas de proyectos tanto administrativos como sociales en los territorios del país.

El tamaño real de la ayuda que ahora está suspendida

En 2023, el último con datos consolidados, Estados Unidos desembolsó 708.572.701 dólares (2,7 billones de pesos al cambio actual) a Colombia. Es la cifra conocida por CAMBIO que arroja el dataset oficial del Departamento de Estado, y que coincide con lo que muestran los tableros públicos: Colombia fue el principal receptor de ayuda estadounidense en el hemisferio occidental. 

En 2023 Usaid (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) y el Departamento de Estado gestionaron más de 689 millones de dólares (Usaid, 396,4 millones de dólares; Estado, 293,5 millones de dólares). El Departamento de Defensa aparece mucho más atrás (7,2 millones de dólares en desembolsos reportados en este canal), y el resto –Trabajo, Peace Corps, Fundación Interamericana, Salud, TDA, Justicia, Tesoro– suma montos marginales. Es decir, la ayuda estadounidense en Colombia, al menos en 2023, se ejecutó en el ámbito civil.

Cómo se movieron los millones de dólares de la ayuda estadounidense en Colombia

El dinero que Estados Unidos destinó a Colombia no llegó en un solo bloque, sino por distintas “vías” o cuentas de financiamiento y cada una refleja una prioridad.

Según las bases de datos estadounidenses, la mayor parte de la ayuda a Colombia en 2023 fue humanitaria. De unos 250 millones de dólares, casi 220 millones se concentraron en respuesta a emergencias: entrega de alimentos, agua y refugio, atención médica básica y protección para personas desplazadas. Otros 28 millones se dirigieron a prevención y preparación ante desastres, es decir, programas de respuesta ante inundaciones, deslizamientos o crisis naturales.

El segundo gran bloque, de unos 230 millones de dólares, fue el de gobernanza y fortalecimiento institucional. Casi la mitad de ese dinero, 110 millones, se destinó a seguridad, paz y justicia: reformas, desminado, reintegración de excombatientes y prevención de conflictos. Otra parte importante apuntó al fortalecimiento del Estado y la sociedad civil (64 millones), con recursos para derechos humanos, gestión pública, participación democrática y lucha contra la corrupción. Y un segmento adicional, dentro del mismo bloque, apoyó infraestructura y servicios sociales (61 millones), como programas de control de narcóticos, protección social y derechos laborales.

Un tercer grupo son los costos administrativos, que sumaron 110 millones de dólares. Son la infraestructura que hace que todo lo demás ocurra con estándares. Allí entran los gastos de funcionamiento para la ejecución de los diversos proyectos: sueldos, logística, monitoreo, seguridad del personal y auditorías que garantizan que la ayuda se desarrolle.

Después aparecen rubros más específicos. La agricultura recibió 57 millones de dólares, enfocados en el desarrollo rural y en alternativas económicas para reemplazar cultivos ilícitos. El componente ambiental movilizó unos 34 millones, con acciones para proteger la biodiversidad, las reservas naturales y las zonas de bosques.

En salud, los recursos fueron: cerca de 9 millones de dólares para atención primaria, control de enfermedades, salud materno-infantil y planificación familiar. En educación, los aportes superaron los 6 millones, destinados sobre todo a programas de gestión educativa y formación básica de adultos. Finalmente, el componente de infraestructura energética fue de unos 5 millones de dólares y se usó en proyectos de energía renovable y distribución eléctrica en zonas rurales.

A la luz de estos montos, cuesta sostener que la ayuda estadounidense sea solo una burocracia. Las cifras muestran que también se trata de un financiamiento constante de programas que, aunque discretos, mantienen en pie parte de la respuesta humanitaria internacional para el país.

En 2023, los principales ejecutores de la cooperación fueron agencias y organizaciones internacionales –el Programa Mundial de Alimentos, con más de 65 millones de dólares; una red humanitaria estadounidense de alcance global cuyo nombre fue ocultado, con 58 millones–, junto a grandes contratistas como ARD Inc. y Chemonics International, que manejaron entre 40 y 43 millones cada una. Además, casi la mayoría de los fondos fueron gestionados directamente por agencias del propio gobierno estadounidense.

Los programas y estrategias que fueron frenados

A pesar de este diagrama, y de quién gestiona los recursos, el freno ordenado por Trump no cae al vacío. En la práctica, proyectos humanitarios, políticos, educativos y hasta de salud se verían afectados en el país. En fronteras (Norte de Santander, Arauca, La Guajira) y en ciudades que reciben oleadas de migración (Bogotá, Barranquilla), los dólares estadounidenses mantienen algunos albergues, transferencias monetarias y atención de emergencia. Un frenazo recorta jornadas, turnos y cupos.

En regiones con economías ilícitas (Catatumbo, Pacífico, Bajo Cauca, Putumayo), la asistencia para agricultura lícita, gobernanza local y acompañamiento a líderes depende en alguna parte de la ayuda. Si estos renglones entran en pausa, los municipios pierden capacidades. En seguridad y justicia, los efectos son más discretos, pero igual de reales: menos capacitación, menos soporte técnico, más lentitud en las compras que sostienen laboratorios, peritajes y operaciones de interdicción.

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