Colombia, ante el riesgo de una transición energética desigual: “La inversión llega a donde hay mayor retorno, no donde hay más necesidad”

En Colombia, más de 1,3 millones de familias siguen sin acceso a energía eléctrica y en algunas regiones, grupos armados controlan el suministro para facilitar el tráfico de drogas. Este dato –revelado por el proyecto Reimaginemos de Acción Pública– retrata una paradoja inquietante: en medio del impulso del Gobierno de Gustavo Petro por descarbonizar la economía, buena parte del país aún vive literalmente a oscuras.

El documento advierte que una transición no planeada ni justa podría traducirse en mayor desempleo, caída de recursos públicos y aumento de la inequidad. Entonces, ¿cómo hacer para que la transición no excluya a unos y privilegie a otros? Para entender los riesgos de esa posible exclusión y qué criterios de justicia se deben mantener, CAMBIO consultó a varios expertos.

¿Cuándo y cómo se da la exclusión en la transición energética?

Según los expertos, la exclusión en la transición energética no es un accidente del mercado, sino el resultado de estructuras económicas y culturales que se repiten bajo nuevos nombres. Por ello, coinciden en que la desigualdad no desaparece con el cambio de tecnología: puede incluso profundizarse si se mantienen los mismos patrones de poder, inversión y toma de decisiones.

“El mercado por sí solo tiende a llevar la inversión adonde hay mayor retorno, no donde hay mayor necesidad. La energía, sin embargo, no es un lujo: es un derecho básico”, advierte Ricardo Álvarez, CEO de We Power. En su experiencia, “cuando la energía no llega a todos por igual, cuando unos territorios se desarrollan y otros se quedan rezagados, no es un mero resultado neutral del mercado, es una señal de que falta justicia”.

El problema no se limita al acceso o a la participación en nuevos mercados energéticos. También hay un impacto directo sobre el trabajo y las capacidades locales. Si la transición no se planea de forma ordenada e inclusiva, puede generar pérdidas laborales masivas. Así lo advierte la doctora Brigitte Castañeda, ingeniera de petróleos afiliada al Centro de los ODS para América Latina y el Caribe (CODS) de la Universidad de los Andes: “Los empleados de una mina de carbón no pueden rápidamente certificarse en otras carreras... entonces hay ciertas destrezas que no se suplen en el corto plazo por un cierre abrupto”.

También hay un componente social y cultural que agrava las brechas existentes. Desde otra mirada, la experta en derechos humanos de comunidades impactadas por la industria de hidrocarburos, Jennifer Medina Hernández, dice que “cuando decimos que puede excluir a unos y privilegiar a otros, nos referimos a que no todas las personas partimos del mismo punto ni tenemos las mismas condiciones ni oportunidades para adaptarnos o beneficiarnos del cambio”.

En ese sentido, la desigualdad territorial y económica se traduce en exclusión concreta. Medina describe el caso tomando de ejemplo la brecha entre “los agricultores tradicionales que viven en zonas donde todavía no hay acceso a energía limpia” y las grandes empresas que “sí tienen los recursos para instalar sus parques solares y recibir subsidios”. El resultado, explica, es que “unos avanzan con apoyo estatal y otros quedan rezagados y ni siquiera entienden cómo les está afectando esto”.

A esto se suma un riesgo aún más profundo, uno que tiene que ver con el modelo económico en el que se desarrolla la transición. Allison Benson, directora de Reimaginemos, resume el fondo del problema en una dimensión más estructural: “¿Vamos a crear una transición energética donde hayan muchas oportunidades para muchos pequeños actores, o una donde unas pocas empresas se queden con los grandes beneficios?”.

Los criterios de justicia que se deberían tener en cuenta para la transición

La idea de justicia es una constante que se repite en las opiniones de los expertos consultados. La estrategia detrás de una transición energética justa debe implicar mucho más que sustituir fuentes fósiles por renovables. Significa incorporar principios de equidad –distributiva, participativa, territorial, cultural y de género– que aseguren que nadie quede rezagado. Pero en Colombia, según los expertos, esos criterios todavía son débiles, fragmentarios o puramente declarativos.

“Los beneficios económicos de los nuevos proyectos suelen quedar en pocas manos”, advierte Ricardo Álvarez, quien insiste en que “las comunidades locales, si acaso, reciben empleos temporales o alguna obra menor, mientras las utilidades fluyen a compañías –muchas veces foráneas– y a centros urbanos”. El problema, dice, no es técnico sino estructural: “Los municipios productores asumen los impactos en su tierra, pero la riqueza generada se diluye en las arcas nacionales o en inversionistas privados”.

Si esa lógica no cambia, la transición “reproducirá las desigualdades actuales en un nuevo contexto energético”. Por eso insiste en que la justicia distributiva exige ”invertir parte de los nuevos negocios renovables en el desarrollo local: que la riqueza generada se quede en los territorios y mitigue las inequidades históricas”.

Justicia cultural: reconocer los saberes y modos de vida

Desde el campo de la cultura, Jennifer Medina advierte que la transición energética también está dejando por fuera un componente esencial: “me parece que uno de los principales criterios de justicia que se está dejando por fuera es el de justicia cultural”. Explica que los proyectos energéticos llegan “sin tener en cuenta la realidad de las comunidades que viven en los territorios donde se instalan esos proyectos” y que, al no considerar sus costumbres o su relación con la energía, se cometen errores absurdos: “esto termina con paneles solares usados como mesas de comedor o como sillas para que la gente se siente”.

La falta de diálogo con los saberes locales, agrega, impide que “la energía que se viene a producir en esos territorios se traduzca en bienestar para ellos”. Por ello, junto a los demás expertos, plantea que las comunidades deben tener un papel mucho más activo en las decisiones energéticas. Su advertencia es tajante: “cuando las decisiones energéticas se toman lejos de la gente, sin reconocer su conocimiento, su historia o su aporte cultural, no hay una verdadera sostenibilidad”.

Allison Benson, desde Reimaginemos, también insiste en que los criterios de justicia “no pueden definirse solo con indicadores técnicos o científicos, sino escuchando e involucrando a las comunidades en la definición de los límites y las lógicas de los proyectos”. Para ella, el enfoque debe pasar de “negociar con las comunidades” a “construir con las comunidades”, entendiendo que “La Guajira es un caso emblemático de cómo hacer esto: cómo se construyen los proyectos con la comunidad y no a pesar de la comunidad”.

Justicia de reconocimiento: género, informalidad y trabajo

En el ámbito laboral, Brigitte Castañeda observa también un descuido evidente: “Hay un sector informal que es invisible, que no se está teniendo en cuenta en estas políticas de transición”. Y en cuanto al enfoque de género, señala que “si bien este sector históricamente ha sido dominado por hombres, pensar en un sector renovable que no involucre a las mujeres sería replicar los mismos problemas estructurales del mercado laboral”. Por eso propone que se creen políticas que “promuevan e incentiven más la participación de las mujeres en estos nuevos tipos de empleos que se vayan a generar”.

Po su parte, el economista Cristian Gil, director creativo de Acción Pública, amplía la mirada al nivel político y empresarial: “De nada sirve cambiar la regulación si nuestra cultura ciudadana sigue eligiendo los mismos liderazgos con prácticas desactualizadas y si la cultura empresarial sigue normalizando acuerdos y contratos poco justos”. Para él, la justicia también pasa por la coherencia: “Necesitamos política pública clara y aplicable, no documentos y comunicados que enreden la pita”.

En conjunto, los expertos coinciden en que la falta de estos criterios convierte la transición en un proceso desigual. No basta con descarbonizar: hay que democratizar. O como sintetiza Álvarez, “si una comunidad sigue sin energía, difícilmente podrá diversificar su economía o mejorar educación y salud... la energía debe llegar primero a quienes más la necesitan, no solo a donde es más rentable llevarla”.