Presupuesto 2026: los desafíos de financiar un gasto en aumento ante riesgos de sostenibilidad fiscal

El pasado 16 de octubre, la plenaria del Senado aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2026 tras acoger el texto avalado en la Cámara de Representantes. Con el visto bueno del Legislativo, los recursos disponibles para el próximo año fiscal aumentarán con respecto a 2025, pero aún persisten las dudas sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas.

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La aprobación de la proposición presentada por los senadores Jhon Jairo Roldán y León Fredy Muñoz representó una victoria agridulce para el Gobierno. La administración de Gustavo Petro logró sacar adelante el presupuesto para su último año, pero para lograrlo tuvo que aceptar una reducción de cerca de 10 billones de pesos frente al monto inicial.

El Ministerio de Hacienda presentó inicialmente una propuesta por 557 billones de pesos tras plantear que la cifra resultaba consistente con la cláusula de escape de la regla fiscal, por lo que permitiría proteger la estabilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, las Comisiones Económicas Conjuntas decidieron reducir el monto aprobado para 2026 a 546,9 billones.

El Gobierno nacional acogió el ajuste definido por el Legislativo para garantizar la aprobación del presupuesto general y evitar nuevos enfrentamientos que retrasen su trámite. No obstante, la reducción respecto a la propuesta inicial aleja aún más a la Nación de la meta de recursos necesarios para cubrir los gastos programados para el próximo año.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el Gobierno de Gustavo Petro tendrá que complementar el presupuesto aprobado en el Congreso con 16,3 billones de pesos. Sin esos recursos, que serán gestionados a través de una nueva reforma tributaria, el cumplimiento de los programas de inversión y el equilibrio de las cuentas públicas se vería comprometido.

Los principales riesgos de sostenibilidad tras la aprobación del Presupuesto 2026

El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana explicó que, en comparación con el presupuesto vigente para este año fiscal, la cifra definida para 2026 creció un 1.9 por ciento en términos reales. Según el Ministerio de Hacienda, ese aumento permitiría consolidar un marco fiscal responsable y reducir el déficit actual.

El aumento del presupuesto para el próximo año fue impulsado principalmente por el incremento en los gastos de funcionamiento, que representan el 6.6 por ciento del total aprobado. En ese sentido, 358.1 billones de pesos, casi dos tercios del monto final, se destinarán a pagos requeridos para garantizar las funciones continuas de entidades públicas.

En su más reciente informe, el Observatorio Fiscal destacó que el aumento en términos reales también se debió a la disminución en el servicio de la deuda de un 14.7 por ciento. Con esa medida, el Gobierno destinaría menos recursos al pago de intereses y armonizaciones con el objetivo de liberar fondos para otros rubros contemplados.

El ministro Germán Ávila confirmó que 88.4 billones serían destinados en el próximo año fiscal para la inversión pública. En ese sentido, la plataforma tecnológica Mejor CDT destacó que, aunque la aprobación del presupuesto representa una señal de estabilidad institucional, el país sigue enfrentando un faltante fiscal significativo.

Carlos Correa, CEO de MejorCDT, explicó que el Gobierno nacional comenzará a definir muy pronto los aspectos clave de la Ley de Financiamiento que presentará ante el Congreso en la última legislatura del cuatrienio. Para el Ministerio de Hacienda, la aprobación de ese proyecto será fundamental para cubrir el faltante fiscal que genera riesgos en la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Así se distribuirán los recursos del presupuesto del próximo año

En el presupuesto aprobado por el Congreso se estableció que el sector educativo será el que recibirá una mayor parte de los recursos. El Gobierno nacional explicó que la destinación de 88.2 billones a ese rubro se definió como parte de la estrategia para fortalecer la educación pública y cerrar las brechas de acceso.

En el segundo renglón del listado aparece el sector salud. El ministro de Hacienda detalló que en el próximo año fiscal se desembolsarán 78.1 billones de pesos para priorizar programas orientados a consolidar el sistema de salud universal y preventivo promovido por el Gobierno de Gustavo Petro.

Ante la compleja situación de orden público que se presenta en diferentes regiones del país, se destinarán 65.7 billones de pesos para el sector defensa en 2026. A su vez, con una inversión cercana en el sector laboral, el Gobierno nacional espera también impulsar la generación de empleo formal y fortalecer los programas de capacitación.

En el próximo año fiscal, los sectores con menos recursos serán los de Ciencia y Tecnología, Sistema Integral de Verdad y Deportes. En ese sentido, el Ministerio de Hacienda sostuvo que las prioridades se habrían definido según las necesidades más urgentes de sostenibilidad fiscal y gasto social.

Una gran parte de las críticas presentadas al presupuesto aprobado en el Congreso corresponde a la reducción de recursos destinados a la Defensoría del Pueblo. Para la defensora del Pueblo, Iris Marín, la reducción del 30 por ciento en presupuesto de inversión podría afectar el monitoreo de violaciones a los derechos humanos y limitar la presencia institucional en regiones afectadas por la violencia.

Las recomendaciones de expertos para recuperar la sostenibilidad fiscal en 2026

La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) advirtió que los riesgos sobre la sostenibilidad fiscal de la Nación persistirán por el condicionamiento a más de 16 billones en una eventual reforma tributaria que podría hundirse en el Congreso, provocar en una mayor incertidumbre y enviar señales negativas a mercados y calificadoras.

La asociación explicó que, ante el complejo panorama de esa ley de financiamiento, el Gobierno nacional presenta un plan de ingresos sólidos. Para evitar mayores riesgos en las finanzas públicas, esa estrategia debería incluir metas sustentadas, fuentes de recaudo reales y mecanismos que garanticen la eficiencia en la ejecución de los recursos.

María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, detalló que uno de los elementos clave para garantizar confianza en los mercados es promover la austeridad. Según la exministra de Comercio, la contención del gasto y la mejora del desempeño en comprar públicas podría generar un clima favorable para la inversión.

El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, por su parte, reconoció que la reducción del monto total y la eliminación parcial de ingresos contingentes permiten mantener la prudencia fiscal. No obstante, el centro de investigación insistió en que el presupuesto de 2026 depende de ingresos inciertos y medidas transitorias ante un escenario de inflexibilidad del gasto público.

“Ante el deterioro fiscal, la sostenibilidad de las finanzas nacionales dependerá de la capacidad del próximo Gobierno para construir una reforma tributaria estructural y creíble, que fortalezca los ingresos permanentes sin trasladar la carga al endeudamiento o a las entidades territoriales”, explicó el Observatorio Fiscal sobre las recomendaciones técnicas para garantizar estabilidad macroeconómica.