Colombia frente al déficit de gas: las advertencias de Fedesarrollo y las soluciones que plantean los expertos

Durante años, Colombia vivió con la idea de que su gas natural era una fuente abundante, segura y barata. Sin embargo, esa sensación se evaporó en diciembre de 2024, cuando el país perdió oficialmente la autosuficiencia y se comenzó a importar gas para los hogares, los comercios y la industria. Desde entonces, Naturgas, el gremio que agrupa a las empresas del sector, ha advertido sobre la situación junto a los incrementos en tarifas por la creciente dependencia de gas importado; el sector industrial teme por la disponibilidad; y los hogares empiezan a sentir el impacto del alza.

Ahora, una nueva investigación de Fedesarrollo –centrada en los riesgos de corto y mediano plazo– confirma que la crisis, además de real, es profunda. También que, si no se actúa ya, el país podría enfrentar racionamientos de gas y electricidad entre 2026 y 2030. Sus conclusiones son contundentes: la oferta cayó, la demanda sigue creciendo y el marco regulatorio encarece inversiones y frena la producción nacional.

La caída de reservas y el aumento de las importaciones de gas natural en Colombia

Todos los años la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) presenta su informe anual de recursos y reservas. En su última edición, que recoge los datos de 2024, la entidad informó que Colombia cuenta con reservas de gas probadas siguieron decayendo, como lo han hecho en los últimos años, y cerraron el año pasado en 5,9 años, mientras que al cierre de 2023 las reservas estaban en 6,1 años.  

Esa medición indica hasta cuántos años podemos contar con la última molécula de gas disponible si se sigue explorando al mismo ritmo y no incorporamos nuevas reservas del energético. 

Uno de los factores más determinantes de esta crisis es la reducción acelerada de las reservas probadas. Fedesarrollo muestra que estas han caído 64 por ciento en 11 años, al pasar de 5.727 gigapiés cúbicos (GPC) en 2012 a 2.373 GPC en 2023. Salvo en 2021, el país no ha reemplazado lo que consume, un patrón que anticipa dependencia creciente de fuentes externas.

Esa dependencia, de hecho, ya es visible. En lo que va de 2025, el 17,5 por ciento de todo el gas consumido en Colombia provino de importaciones, una cifra que contrasta con el 8,1 por ciento de 2023 y que se disparó luego de que el país perdiera su autosuficiencia para cubrir la llamada “demanda esencial”, que incluye los sectores residencial y comercial, el gas vehicular, las refinerías y la compresión para transporte.

Las proyecciones son más inquietantes: a finales de 2026, incluso sumando la nueva oferta importada desde Buga y Coveñas, la demanda esencial no podría cubrirse por completo. Este déficit sería aún más crítico si coincide con un fenómeno de El Niño, lo que tensionaría al máximo la generación térmica a gas.

Un impacto directo en las tarifas a los hogares, la industria y en la economía colombiana

El costo del gas importado es significativamente más alto que el nacional. Las terminales de regasificación, la falta de contratos de largo plazo y la exposición a la volatilidad internacional pueden elevar el precio del GNL hasta tres veces por encima del gas doméstico. Este encarecimiento tiene efectos inmediatos sobre las tarifas de los usuarios regulados.

Fedesarrollo calcula que, si el 50 por ciento de la canasta de abastecimiento proviene de importaciones, las tarifas podrían aumentar entre 30 y 45 por ciento en ciudades como Bogotá, Medellín y Bucaramanga. En un escenario extremo, donde el ciento por ciento del gas sea importado, los incrementos tarifarios llegarían al 90 por ciento en algunas capitales. Esto golpea especialmente a los hogares de estratos bajos, que hoy representan casi el 60 por ciento de los usuarios de gas natural.

“Si la mitad de la oferta proviniera de gas importado, el incremento tarifario podría alcanzar el 44,6 por ciento en Bogotá, 44,9 por ciento en Medellín, 45,8 por ciento en Bucaramanga, 30,3 por ciento en Cali y 11,7 por ciento en Barranquilla; y en un escenario donde la canasta estuviera compuesta exclusivamente por gas importado, los aumentos podrían llegar a 89,3 por ciento en Bogotá, 89,7 por ciento en Medellín, 91,5 por ciento en Bucaramanga, 60,7 por ciento en Cali y 23,4 por ciento en Barranquilla”, explica Fedesarrollo.

El impacto no se limita a los hogares. Fedesarrollo proyecta que la falta de nuevas reservas podría restar 0,1 puntos de crecimiento del PIB cada año hasta 2031, con pérdidas acumuladas de más de 11 billones de pesos. Sectores estratégicos como la industria y el comercio serían los más afectados, reduciendo su crecimiento potencial y presionando el empleo.

Un sistema de subsidios que se acerca al límite

Mientras las tarifas suben por la vía de la importación, el sistema de subsidios se vuelve cada vez más difícil de financiar. Entre 2005 y 2024, los subsidios para estratos 1 y 2 crecieron 642 por ciento, al pasar de 0,19 billones a 1,41 billones de pesos anuales. En contraste, las contribuciones de estratos altos crecieron apenas 157 por ciento, lo que abrió un déficit estructural que el Gobierno cubre con recursos del Presupuesto General de la Nación.

Con un escenario de 50 por ciento de gas importado, la carga fiscal aumentaría en otros 0,36 billones al año, y si la importación fuera total, el costo adicional podría llegar a 0,72 billones. El esquema actual, basado en estratos, se está quedando corto para un país que enfrenta un incremento sostenido en los precios de la energía.

La parálisis de proyectos eléctricos y el riesgo de un apagón en Colombia

La presión sobre el sistema eléctrico no es menor. Cabe recordar que la generación térmica a gas también cumple un papel clave para respaldar la red en momentos de baja hidrología, pero sin contratos de suministro firmes y con un abastecimiento inestable, estas plantas no pueden operar con seguridad lo que podría dejar al país también sin suministro eléctrico.

El exministro Amylkar Acosta advirtió a CAMBIO que el país está entrando en un periodo de vulnerabilidad extrema. Para él, la prioridad inmediata debe ser destrabar los proyectos y las líneas de transmisión asociadas. Sin esa expansión, el país carece de la flexibilidad necesaria para enfrentar un próximo fenómeno de El Niño sin comprometer la continuidad del servicio.

“La importación de gas no se podrá revertir hasta 2030, que se declara la comercialidad de Sirius. En el entretanto, el próximo gobierno deberá reanudar las rondas por parte de la ANH para propiciar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Para que vuelva la inversión en exploración solo se requiere que el próximo gobierno, con gran dosis de sensatez y realismo, autorice la firma de nuevos contratos, ofrezca confianza inversionista y seguridad jurídica”, dijo.

Acosta señala que el sistema muestra un déficit de Oferta de Energía Firme (OEF), es decir, la capacidad comprobada de generar electricidad en condiciones críticas. Esa brecha lo hace incapaz de enfrentar un verano prolongado sin recurrir a racionamientos.

Las soluciones del sector: entre coincidencias y urgencias

Tanto los expertos de Fedesarrollo Juan Benavides y Sergio Cabrales, como el exministro Amylkar Acosta, coinciden en que el país necesitará una combinación de medidas simultáneas para evitar que la crisis se convierta en un apagón energético permanente.

La primera es asumir que la importación de gas no podrá revertirse antes de 2030, cuando podría entrar en operación el proyecto Sirius-2, declarado por Ecopetrol como el mayor descubrimiento gasífero en la historia nacional. Para evitar retrasos, el proyecto debe resolver 122 consultas previas y tres licencias ambientales, un reto que hoy se mueve con lentitud incompatible con la urgencia nacional.

Desde Fedesarrollo se propone un ingreso ordenado y competitivo de nuevas instalaciones de importación mediante subastas que prioricen menor costo y mayor velocidad de entrada. Al mismo tiempo, insiste en reactivar la exploración de hidrocarburos, habilitar el fracking –que ya cuenta con el aval del Consejo de Estado– y reducir la carga tributaria del sector, cuyo government take supera hoy el 80 por ciento tras la reforma de 2022.

“La ANH debe promover el fracking bien hecho, tecnología que tiene una curva de aprendizaje madura a nivel mundial y cuyos avances reducen sus impactos y riesgos ambientales. El fracking es una solución de corto a mediano plazo. Colombia tiene minutas de contratos E&P de fracking disponibles en la ANH y algunos contratos ya firmados (hoy suspendidos). Tiene regulación técnica y ambiental en firme y concepto positivo del Consejo de Estado sobre la misma. Las decisiones de inversión en fracking deben basarse en análisis costo beneficio y de riesgo proyecto por proyecto, y no por pilotos”, dicen los expertos.

Acosta subraya que la clave está en recuperar la seguridad jurídica y la confianza inversionista. Para él, el país no necesita nuevas leyes, sino voluntad política para reanudar las rondas de la ANH y firmar contratos que permitan nuevas exploraciones. En el caso del fracking, considera que la moratoria fue política y que el país debe decidir si quiere seguir dependiendo de importaciones costosas o aprovechar las técnicas ya reguladas y disponibles.

“El Consejo de Estado, después de varios años de suspensión de las normas que regulan el uso de esa técnica en Colombia, lo que en la práctica decretó una moratoria, le dio vía libre. De manera que lo único que se requiere del próximo gobierno es tener la voluntad política para ello que no tuvo el actual”, dice.

Los expertos también coinciden en la necesidad de reformar el esquema de subsidios. Fedesarrollo plantea que el sistema debe migrar hacia una focalización más precisa basada en ingresos o consumo: “No solo hay que pagar lo que se debe, sino focalizar por criterios mejores que el estrato. Una solución de transición es usar el consumo, por su simplicidad de aplicación, mientras se llega a una solución definitiva que use criterios más elaborados que reduzcan ante todo los errores de inclusión. Hay que reducir el universo de receptores de subsidios que en la actualidad son el 60 por ciento de los hogares”.

Por su parte, Acosta ve en el Registro Único de Ingresos (RUI) una herramienta inmediata para reducir filtraciones y evitar que hogares no vulnerables reciban beneficios: “Lo que amerita el régimen de los subsidios es su mejor focalización, para evitar que tantos colados se hagan a los beneficios que deben estar reservados solo para los más vulnerables”.

Finalmente, los expertos destacan la urgencia de acelerar los procesos de licenciamiento y consulta previa, proponiendo modelos simplificados para proyectos estratégicos de energía. Sin estos ajustes, cualquier estrategia de recuperación será demasiado lenta para evitar los racionamientos proyectados a partir de 2026.

“Se debe restituir el modelo de Proyectos de Interés Nacional y Estratégico, que puede materializarse a través de la ampliación de la labor de la Comisión Intersectorial de Proyectos de Infraestructura (CIIPE) a proyectos de energía”, explican desde Fedesarrollo.

El cuadro es claro: Colombia enfrenta un déficit energético que no se resolverá por inercia. La caída de reservas, la dependencia de importaciones, el aumento de tarifas, la insostenibilidad de los subsidios y la parálisis de proyectos de generación conforman un panorama crítico que amenaza a hogares, industria y finanzas públicas. Pero el país aún tiene margen para evitar una crisis mayor. La hoja de ruta propuesta por Fedesarrollo y reforzada por Acosta muestra que las soluciones existen, pero requieren decisiones rápidas, coherentes y políticamente difíciles.