Cómo garantizar energía para todos: ¿qué le falta a Colombia en su política pública de energía?
CAMBIO consultó con expertos en derecho, sostenibilidad y cambio climático para entender cómo debería ser una política pública integral que garantice estabilidad, acceso y seguridad energética en Colombia.
Por: Valentina Giannini
La pobreza energética y la incapacidad de los hogares para acceder a servicios esenciales como iluminación o cocción aún afecta a millones de colombianos. De acuerdo con el índice Multidimensional de Pobreza Energética (Impe) en 2023 alrededor de 8,4 millones de personas vivieron esa situación, y según el Ministerio de Minas y Energía, 4,5 millones de hogares enfrentan dificultades para acceder a servicios de energía básicos.
Síganos en Google Discover para que se mantenga bien informado. CAMBIO, la verdad siempre
En ese contexto, el Centro Regional de Estudios de Energía (Cree), en desarrollo del proyecto Colombia Progresa 2030, publicó el eje estratégico “Asegurar la energía para todos”, donde plantea la necesidad de una política pública integral que garantice seguridad, sostenibilidad y acceso equitativo a energía en el país.
El informe parte de una preocupación central: aunque Colombia ha avanzado en electrificación, el número de viviendas sin servicio creció de 400.000 a cerca de un millón en los últimos años. El organismo advierte que, sin acciones regulatorias claras y políticas de largo plazo, el país corre el riesgo de agravar esa brecha y enfrentar episodios de racionamiento o desabastecimiento.
Para profundizar en este diagnóstico, CAMBIO consultó con dos expertos que conocen los desafíos del sector: José Plata Puyana, profesor del Departamento de Derecho Económico de la Universidad Javeriana, y Camilo Prieto, profesor de Sostenibilidad y Cambio Climático de la misma universidad. Ambos coinciden en que el país está en una situación frágil y encaminándose hacia un desabastecimiento de energía, por lo que es necesaria una política pública.
Vulnerabilidad, escasez y parálisis regulatoria
De acuerdo con ambos expertos, el primer punto de alerta es el suministro de energía. Según el profesor José Plata Puyana, la situación del gas natural es la más crítica: “La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) ha reconocido que a partir de 2027 la oferta será insuficiente para abastecer la demanda nacional”.
De acuerdo con el Cree, esto ha derivado en un incremento del 68 por ciento en los precios de la electricidad, el gas y los combustibles, afectando la competitividad industrial y el poder adquisitivo de los hogares, especialmente en el Caribe. “La consecuencia que nos afecta hoy a todos los colombianos es el aumento de los precios”, explica el profesor Plata.
Para él, parte del problema radica en que el país no ha tomado decisiones para asegurar nueva oferta y ampliar infraestructura. “Las oportunidades están ahí: existen recursos naturales para explotar gas doméstico y producir más energía. El reto es eliminar las barreras que impiden que esos proyectos entren en operación a tiempo”, afirma.
Entre esas barreras los expertos mencionan licencias ambientales lentas, consultas previas sin regulación clara y demoras en asignar puntos de conexión a la red eléctrica.
Por su parte, el profesor Camilo Prieto explica que “la matriz eléctrica colombiana es extremadamente vulnerable al clima”, pues más del 65 por ciento de la energía del país depende de embalses, lo que significa que sequías intensificadas por fenómenos como El Niño pueden poner en jaque la estabilidad del sistema.
Así mismo, dice que, aun cuando Colombia tiene un potencial renovable enorme, los proyectos no avanzan. En La Guajira, por ejemplo, “casi 1.000 MW de energía eólica no han podido entrar en operación por conflictos socioambientales y falta de reglas claras de concertación”, añade.
A esto se suma el hecho de que la demanda de energía crece más rápido que la oferta, lo que crea una “deuda acumulada” que, según Prieto, también podría desembocar en un déficit hacia 2027.
Diversificar para garantizar seguridad
De acuerdo con el informe de Cree, “Colombia enfrenta el desafío de una transición energética”, pues, durante décadas, los ingresos provenientes del sector hidrocarburos han sido un pilar de las finanzas públicas, lo que demuestra una alta dependencia de los recursos no renovables.
A pesar de su efectividad, la quema de combustibles fósiles genera consecuencias ambientales e intensifica fenómenos climáticos extremos como sequías, inundaciones y olas de calor. Igualmente, estos son recursos limitados, por lo que su eventual agotamiento representa un riesgo significativo para la seguridad energética del país.
Un punto en el que ambos expertos coinciden es que en Colombia no puede seguir pensando su matriz energética apostándolo todo a una sola fuente. “Lo peor que puede hacer el país es caer en un tribalismo energético, creyendo que una sola fuente es la solución. Todos los energéticos tienen ventajas y desventajas”, explica Prieto.
Según él, la energía eólica y solar es fundamental, sin embargo, depende de condiciones climáticas impredecibles a largo plazo, como la cantidad de sol, lluvia o viento. Por ello propone complementar el portafolio con energías firmes, como la nuclear o la geotérmica, “que aportan estabilidad y reducen la exposición a sequías prolongadas”.
Plata, por su parte, pone énfasis en asegurar el suministro de gas natural a corto y mediano plazo. Para él, hacerlo permitiría moderar precios, evitar racionamientos y facilitar una transición ordenada hacia energías más limpias sin afectar a los consumidores.
Lo que debería tener una política pública de energía para que nadie quede por fuera
El informe del Cree plantea cuatro principios fundamentales para una política energética sólida en Colombia:
- Seguridad en el suministro: asegurar la disponibilidad continua y suficiente de energía para atender la demanda.
- Sostenibilidad fiscal: maximizar el impacto positivo de la energía sobre las finanzas públicas.
- Impacto ambiental: minimizar el impacto ambiental negativo de la producción y consumo de energía.
- Pobreza energética: asegurar que el acceso a energía potencia la reducción de la pobreza.
No obstante, para que estos objetivos no queden solo en el papel, los expertos insisten en que se deben cumplir varias condiciones:
La primera es una regulación estable, técnica y predecible, desconectada de los ciclos de Gobierno. Para Plata, el diseño de las reglas debe recaer en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), un ente especializado, para evitar que cada administración reformule prioridades sin continuidad.
La segunda es contar con reglas claras para inversión y ejecución de proyectos, especialmente en licenciamiento ambiental y consulta previa. De acuerdo con los expertos, actualmente los vacíos jurídicos generan incertidumbre para empresas y comunidades, paralizan proyectos estratégicos y demoran la llegada de nueva energía al sistema.
La tercera es que la política no se limite a ampliar capacidad instalada, sino que reduzca las brechas sociales y llevar servicios a zonas que históricamente han quedado por fuera de la infraestructura nacional. Esto implicaría microrredes, autogeneración, sistemas descentralizados y soluciones pensadas para territorios de baja densidad poblacional, desde el Pacífico hasta la Amazonia.
Finalmente, los profesores reiteran que se necesita una visión estratégica que perdure más que un período presidencial. Prieto señala que “el gran problema de la política energética colombiana es la discontinuidad: cada gobierno cambia prioridades, redefine metas y reanuda discusiones que ya estaban avanzadas”.
Comentar este artículo
Aún no hay comentarios
