Estabilidad fiscal vs. gasto social: ¿es posible el equilibrio?

Encontrar un equilibrio entre el gasto social y las capacidades fiscales del país no ha sido tarea sencilla para ningún gobierno en los últimos años. Los recursos que requieren el sistema de salud, la educación y todos los programas de protección social se han convertido en una carga económica significativa que termina enfrentando al Estado a un dilema sobre cómo financiar un gasto que sigue creciendo a medida que pasa el tiempo, pero que difícilmente puede reducir o recortar.

El exministro Alberto Carrasquilla le dijo hace un par de meses a CAMBIO que el problema fiscal de Colombia “es conceptualmente muy sencillo”, porque en la Constitución de 1991, cuando se estableció el Estado social de derecho en el país, se incorporaron una serie de derechos fundamentales que hoy conforman buena parte de esas necesidades sociales.

Pero para Carrasquilla, así como ese dilema fiscal es sencillo, también es política y prácticamente “imposible de resolver”. Esto, explica el exministro, porque en la Constitución de 1991 no se crearon las fuentes financieras para poder pagar todos los compromisos ligados al Estado social de derecho.

“Nos toca, cada año, ir al Congreso a buscar la manera de financiar todos esos derechos fundamentales”, comentó Carrasquilla. Justamente eso es lo que le está pasando en este momento al Gobierno nacional.

El Presupuesto General de 2026, que fue aprobado en el Congreso por 547 billones de pesos, solo tiene asegurados 530,7 billones por los ingresos y rentas de capital con los que cuenta la nación. Por eso, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, está negociando con el Legislativo una reforma tributaria por 16,3 billones de pesos para ‘tapar el hueco’ que hoy ya tienen las finanzas públicas para el año que viene.

Esa fórmula de tapar las necesidades fiscales con reformas tributarias ha sido ampliamente usada por los gobiernos de turno en Colombia en los últimos 34 años. De hecho, desde la Constitución de 1991 han sido aprobadas por lo menos 18 reformas que modifican el estatuto tributario, es decir, una tributaria aproximadamente cada dos años, un promedio muy superior al de otros países de la región.

En las próximas semanas, el ministro Ávila tendrá que hacer malabares ante las comisiones económicas del Congreso para lograr el primer visto bueno de su proyecto para que pueda ser discutido luego en las plenarias de Cámara y Senado. Solo con la tributaria el Gobierno tendrá suficientes recursos para cobijar un ambicioso presupuesto el próximo año, cuyos gastos centrales son, justamente, los gastos sociales.

Pero, nuevamente, surge el dilema sobre cómo financiar un gasto que sigue creciendo a medida que pasa el tiempo, pero que difícilmente puede reducir o recortar. En los próximos días estaremos debatiendo sobre este tema en el marco de nuestro foro ‘Perspectivas País’, que se realizará el próximo 3 de diciembre. Lo invitamos a suscribirse.