
Las brechas entre lo urbano y lo rural también se sienten en la calidad del servicio de energía eléctrica
Un informe sobre la calidad del servicio de energía en Colombia revela que las zonas rurales registran mayores interrupciones y tiempos sin suministro, a comparación de zonas urbanas. Les explicamos cuáles son las brechas, sus efectos en la vida de las comunidades y cómo se relacionan con los indicadores de pobreza.
Por: Gabriela Casanova
En Colombia hay zonas rurales en las que el servicio de energía puede interrumpirse hasta 40 veces al año, lo que suma entre 45 y 72 horas sin luz. En contraste, en otras áreas, en las que la infraestructura es mejor y hay una mayor densidad de población, apenas se reportan hasta 5,2 interrupciones anuales, es decir poco más de seis horas sin servicio por año.
Estos son algunos de los hallazgos publicados en un informe reciente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que evalúa los indicadores de calidad de la energía en Colombia y revela las profundas brechas en energía que tienen los colombianos entre lo urbano y lo rural.
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El estudio, elaborado con valores reportados y certificados por empresas en el Sistema Único de Información de la entidad para la vigencia 2024, evidencia las claras brechas en el acceso al servicio entre las zonas urbanas y rurales, siendo estas últimas las más perjudicadas.
El informe concluyó que el 75 por ciento de los municipios presenta interrupciones en el servicio menores o iguales a 35 veces al año, con duraciones iguales o menores a 68 horas. Sin embargo, las barreras se hacen evidentes cuando se analizan las zonas rurales y urbanas por separado.
¿Las causas? Según la Superintendencia, se debe a limitaciones de acceso al servicio, baja densidad de red, dificultades logísticas de mantenimiento, exposición a condiciones geográficas adversas, limitaciones estructurales en la infraestructura eléctrica y fallas que no siempre pueden ser atendidas oportunamente.

Norosí, en el sur de Bolívar, es uno de los municipios con mayor número de interrupciones en el servicio al año, una realidad similar a la que viven las personas en Arenal Montecristo, Pinillos, Río Viejo, Achí, Regidor y Tiquisio, en el mismo departamento, o Chimichagua y Curumaní, en Cesar.
Varios de estos municipios también figuran entre los que tienen interrupciones más largas del servicio, como Montecristo, Tiquisio, Norosi, Pinillos, Arenal y San Jacinto del Cauca, en Bolívar; Chimichagua en Cesar; López de Micay y Timbiquí en Cauca y Morelia, en Caquetá.
Para el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, este tipo de análisis permiten una mejor capacidad de focalización y en caso de encontrar desviaciones significativas frente a los parámetros de calidad, “requerir a los operadores de red para la adopción de acciones oportunas de mejora”.
Carlos Alberto Garzón, economista senior consultor y profesor asociado de la Universidad Militar Nueva Granada, da una explicación más amplia sobre las dificultades para el acceso al servicio de energía. “Las empresas de energía, así sean públicas, deben funcionar de acuerdo con esquemas de costo-beneficio. Y es precisamente en las zonas más apartadas donde el beneficio marginal es muy pequeño”, dice el experto.
Este es el caso de los grupos étnicos que viven en zonas rurales del Pacífico y en La Guajira. Sin embargo, según explica Garzón, no es el único obstáculo que enfrentan: llevar energía a zonas costeras también implica altos costos. Por ejemplo, gran parte del territorio de Chocó está atravesado por ríos y carece de vías terrestres, lo que dificulta la presencia y operación eficiente de empresas de energía en estos lugares. La situación se agrava con la dispersión rural: mientras que Bogotá tiene una densidad muy alta de 7.800 de habitantes por kilómetro cuadrado, en el Chocó hay 11,7 por kilómetros cuadrados.
En cuanto a sus efectos, subraya que esta situación “retrasa el desarrollo social de las poblaciones, rezaga las posibilidades de estudio y capacitación e inclusive hace difícil que funcione un centro de salud para la atención de necesidades de nivel básico y las escuelas rurales de forma eficiente”.

También menciona las limitaciones para crear emprendimientos o empresas y desarrollar ideas de negocio con mayor valor agregado, así como las dificultades para acceder a tecnologías que impulsen la productividad, el comercio electrónico o la conexión con nuevos mercados.
El 70 por ciento de las personas sin acceso a electricidad vive en zonas rurales
Son varios los informes que se vienen elaborando en los últimos años en Colombia que reflejan las condiciones de acceso y calidad de servicio de energía que tienen los colombianos. Otro documento que evidencia una clara brecha entre las zonas rurales y urbanas es el Índice de Pobreza Energética, un sistema de medición que evalúa las carencias en el acceso al servicio de energía.
El informe, publicado en 2024 por Promigas y la firma Inclusión, reveló que el 70,2 por ciento de las personas sin acceso a electricidad vive en zonas predominantemente rurales, mientras que las ciudades intermedias concentran el 24,7 por ciento y los centros urbanos apenas el 5,1 por ciento. “Alcanzar a esta población supone múltiples desafíos e implica combinar distintas soluciones energéticas”, señala el informe.

El estudio también calculó que 8,4 millones de personas —equivalentes al 16,1 por ciento de la población— aún enfrentan pobreza energética, con la mayoría concentrada en zonas rurales. Según el documento, aunque la pobreza disminuyó en zonas rurales cercanas a áreas urbanas y en ciudades intermedias, no ocurrió lo mismo en los grandes centros urbanos ni en las zonas rurales remotas:
- Las personas en pobreza energética en zonas urbanas en 2023 representaron el 3,8 por ciento del total, una cifra similar al 3,7 por ciento registrado en 2022.
- En ciudades intermedias, la cifra fue de 21,2 por ciento en 2023, ligeramente menor al 23,4 por ciento reportado en 2022.
- En zonas rurales cercanas a áreas urbanas, el porcentaje fue del 31 por ciento en 2023, también inferior al 33,6 por ciento de 2022.
- En zonas rurales alejadas, la cifra llegó al 46,3 por ciento en 2023, similar a la registrada en 2022.
Para Garzón, la situación crítica de las zonas sin cobertura energética conduce a que la pobreza energética condene a las personas a vivir en la pobreza multidimensional, a la pobreza por ingreso y, por tanto, en el rezago eterno económico y social.
“Los territorios más pobres son los más desprotegidos en términos de cobertura de energía. El mapa de interconexión eléctrica de la UPME muestra que las mismas zonas que no cuentan con interconexión eléctrica son precisamente las más pobres, los más rurales, donde están los mayores rezagos en infraestructura y los más desprovistos de servicios sociales”, dijo el experto.
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