Brechas regionales, pérdidas y déficit: ¿cómo afrontar los retos de la distribución de energía en Colombia?

En las principales ciudades del país, encender un bombillo es un gesto cotidiano tan simple como girar un interruptor. Pero para el 15,4 por ciento de los colombianos, acceder a energía confiable en regiones con infraestructura precaria sigue siendo un lujo debido a apagones, interrupciones, tarifas inestables y la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos.

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En la XXI Jornada de Distribución de Energía Eléctrica, empresas, reguladores y académicos advirtieron sobre los riesgos de mantener un sistema fragmentado y subfinanciado e insistieron en la necesidad de implementar soluciones urgentes que mejoren la eficiencia para garantizar un servicio estable para todas las regiones del país.

La Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) reveló que el déficit actual del sistema es de 6,1 billones de pesos, de los cuales un 77 por ciento corresponde a obligaciones pendientes por opción tarifaria y subsidios. Para el gremio, este desequilibrio financiero es una de las causas que limita la capacidad de inversión en infraestructura y pone en riesgo la estabilidad del suministro eléctrico.

José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, detalló que garantizar la suficiencia financiera es uno de los principales retos para asegurar el derecho a la energía en el país. En ese sentido, reiteró que más de 8,1 millones de colombianos aún enfrentan dificultades para acceder a un servicio eléctrico confiable y estable para cubrir sus necesidades básicas de energía.

“En algunos territorios del país los usuarios todavía se enfrentan al dilema de pagar la luz o comprar alimentos para su hogar. Por eso, para atender la compleja situación, se debe “considerar también condiciones como la falta de recursos y la pobreza energética de las regiones en donde operan las distribuidoras y comercializadoras”, explicó Manzur.

Las pérdidas técnicas: un punto clave para garantizar un suministro estable

John Amaya, gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), explicó que uno de los principales desafíos del sector corresponde a las pérdidas técnicas de electricidad. En ese punto, expertos del sector coincidieron en que una parte de la energía que se genera en el país nunca llega a los usuarios finales y termina a la deriva en el camino hacia hogares o locales comerciales.

Las pérdidas técnicas representan electricidad que no se factura y obligan a generar energía adicional aumentando costos y ampliando brechas de infraestructura. Para Amaya, el déficit es resultado de la combinación de factores técnicos y sociales que afectan la viabilidad financiera del sector e inciden en la calidad del servicio prestado en las regiones.

El exjefe de división de energía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ariel Yepez, reveló que en América Latina se presentan pérdidas promedio del 17 por ciento, cifra que triplica la registrada en países de la OCDE. En Colombia, por ejemplo, se debe generar energía adicional para compensar una ineficiencia del 13 por ciento a nivel nacional. 

El costo anual generado en el país por cuenta de las pérdidas eléctricas para las empresas distribuidoras alcanza los 372 millones de dólares anuales, según un reciente estudio del BID. Por eso, las compañías del sector insisten en que reducir esta ineficiencia debe ser una prioridad nacional para evitar sobrecostos y fortalecer la estabilidad del sistema.

El gremio de los distribuidores explicó que se requieren herramientas legales más sólidas para combatir el fraude, agilizar sanciones por alteración de equipos y establecer procedimientos para recuperar la energía no facturada. Asimismo, coincidieron en la importancia de la modernización tecnológica de la red eléctrica mediante medidores inteligentes que permitan detectar anomalías en tiempo real para hacer una gestión más eficiente de la demanda.

Los retos persistentes para distribución en zonas rurales y aisladas

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, reconoció que aún persisten cuellos de botella para llevar energía a ciertos territorios especialmente por las demoras en la aprobación de puntos de conexión y las dificultades operativas de los distribuidores. En ese sentido, advirtió que el reto de la universalización va más allá de la aplicación de la cobertura.

El país se comprometió a alcanzar una cobertura completa del servicio antes de 2030, pero a la fecha más de 1.37 millones de viviendas permanecen sin acceso a energía. Según el Plan Indicativo de Expansión, para lograr la meta será necesaria una inversión superior a los 32 billones de pesos destinados a ampliar la infraestructura eléctrica, fortalecer los sistemas de distribución regionales y desarrollar soluciones comunitarias.

La experta comisionada de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Fanny Guerrero, explicó que la expansión de la cobertura debe sustentarse en herramientas regulatorias. Asimismo, detalló que el alcance en territorios con dificultades históricas debe permitir un acceso permanente a energía de calidad.

Los representantes del gremio detallaron que la distancia geográfica, los altos costos de construcción y las dificultades para operar en territorios aislados han ralentizado el cumplimiento de las metas de electrificación. Además, sostuvieron que la falta de reglamentación y de mecanismos claros de financiación ha dejado a los operadores de red con limitadas herramientas para avanzar en proyectos de expansión.

Las dificultades para prestar el servicio de energía y promover un mejor consumo

Armando Cuello, gerente de la Compañía Energética de Occidente (CEO), explicó que para mejorar la distribución resulta fundamental atender las condiciones socioeconómicas de los territorios. En ese sentido, advirtió que algunos operadores en territorios con problemas de orden público deben asumir tareas que desbordan sus capacidades.

“En algunas zonas donde la fuerza pública tiene dificultades para ingresar, los operadores debemos garantizar el servicio, enfrentando riesgos como robos de camiones, amenazas a nuestros equipos técnicos y daños a la infraestructura, lo que incrementa las pérdidas y complica la operación cotidiana”, detalló Cuello.

En respaldo a la postura del gerente de CEO, líderes del gremio indicaron que el Gobierno nacional también debe promover un mejor consumo de la energía disponible. Según los representantes del sector, la meta no corresponde únicamente a reducir el gasto de electricidad, sino a participar activamente en su producción, gestión y uso eficiente.

Finalmente, el presidente de Asocodis reiteró que es necesario que el Estado asegure la asignación presupuestal requerida para el pago de subsidios a empresas que enfrentan complejas situaciones financieras. Según el líder gremial, hoy cerca de 40 millones de colombianos dependen de subsidios pendientes por pagar para acceder al servicio de energía eléctrica.