Nueva reforma energética: ¿la apuesta final del Gobierno de Gustavo Petro para reducir el costo de la luz?

A lo largo de su gobierno, a Gustavo Petro le ha obsesionado bajar el precio de la energía eléctrica en el país. No es una obsesión injustificada. En Colombia más de 700.000 personas están privadas del este servicio público y alrededor de seis millones viven en municipios en los que no tiene buena calidad, según datos del índice de Pobreza Multidimensional Energética. Además, millones de usuarios, especialmente en la región Caribe, pagan tarifas exorbitantes en sus facturas, algo que por años ha sido un problema.

Ahora que el Gobierno está entrando en la recta final y el presidente trata de concretar sus anheladas reformas en los últimos meses de su mandato, un nuevo proyecto de ley con medidas para bajar el precio de la energía, liderado por el Ministerio de Minas y Energía, busca campo en la apretada agenda de legislatura final de este Congreso.

El presidente ya ha tratado de lograr su objetivo por varios medios: con decretos para regular los precios en la bolsa de energía, normas que buscan cambiar la forma en que opera el mercado energético, con promesas de subsidios para paneles solares y medidas que presionan a los generadores de energía. Ahora, el encargado de materializar esa misión es el ministro Edwin Palma, quien asumió el cargo en febrero.

El problema es que este es un sector altamente regulado y técnico, en el que no cambian la operación y los precios ‘a la brava’, sino que necesitan de estímulos adecuados para lograr ciertos resultados. Mientras tanto, miles de familias siguen pagando altas facturas.

Por eso, desde mediados de junio el Gobierno comenzó a socializar un nuevo proyecto para modificar el régimen tarifario de ese servicio público. Elaborado por el Minenergía, toca temas como los subsidios de energía, la composición de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y la manera en que se está pagando la opción tarifaria — una deuda de 2,9 billones de pesos que tienen los usuarios con los distribuidores por los aumentos que no se hicieron en las facturas durante la pandemia y que se difirieron en el tiempo —.

“El principio fundamental de nuestro proyecto de ley es bajar tarifas, bajar los precios de la energía eléctrica, democratizar el mercado, intervenir el mercado”, aseguró el ministro Edwin Palma en días pasados.

Según él, el objetivo de este proyecto de ley que radicarán pronto ante el Congreso es modificar las leyes 142 y 143 de 1994, que son las que definen las normas de generación, interconexión, trasmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional. “Después de 30 años es justo revisar una ley, las realidades sociales y políticas cambian”, dijo Palma, quien criticó que este esquema “no le ha servido a los usuarios”.

¿Qué propone la nueva reforma energética?

El borrador del proyecto se compone de 10 artículos. Su objeto es “lograr la equidad, la garantía en la prestación y regulación del servicio público de energía eléctrica, orientados a promover la igualdad en el acceso a subsidios, la sostenibilidad financiera del sistema, la eficiencia en el consumo y la transparencia en la facturación”.

Entre las propuestas de la iniciativa está que los usuarios de estratos 4, 5 y 6, y los no residenciales regulados, como la industria y los comercios, asuman la deuda por la opción tarifaria que tienen los estratos 1, 2 y 3. Otro punto habla de evaluar los subsidios que reciben en las facturas de energía los usuarios en estratos 1, 2 y 3 conforme a “las condiciones reales” de los beneficiarios y suspender temporalmente las ayudas cuando su consumo superen el nivel mensual promedio de este tipo de hogares, o quitarlas definitivamente si duplican ese consumo.

Anteproyecto Tarifas de Energía by CAMBIO

También se propone que en las facturas se separen los cobros de los servicios asociados a la energía eléctrica y que no se puedan cobrar tasas, impuestos o contribuciones diferentes al valor del servicio, y se habla de crear esquemas tarifarios diferenciales para los usuarios vulnerables e ir trasladando esa capacidad de pago a otros usuarios. Y la norma abre la posibilidad de que las fórmulas y metodologías tarifarias puedan modificarse “excepcionalmente” por solicitud de la Superintendencia de Servicios Públicos.

En relación a la CREG, un punto cuestionado del proyecto, el Gobierno cambiaría el número de comisionados, y se sumarían un académico, un representante de los usuarios y uno de los sindicatos, todos designados por el presidente, mientras que se reduciría de diez a cinco años la experiencia que se le pide.

¡El país se prepara para bajar las tarifas de energía!

Desde el Gobierno nacional estamos impulsando un proyecto de ley que busca:
✅ Focalizar mejor los subsidios, para que lleguen a quienes realmente los necesitan.
✅ Garantizar la sostenibilidad financiera del sistema… pic.twitter.com/Sq3J9ExdNG

— Minenergía (@MinEnergiaCo) June 28, 2025

Las preocupaciones del sector

El ministro Palma lleva varias semanas moviéndose. Ha visitado universidades en las regiones y ha hablado del proyecto. Aunque las intenciones son buenas, las medidas que propone han recibido críticas. Para algunas voces del sector, no están bien planteadas, y pueden generar el efecto contrario al que persiguen.

Por eso, hace unos días, ocho gremios y asociaciones del sector le mandaron una carta a Palma. Allí valoraron la intención de identificar mecanismos para aliviar la carga tarifaria para los usuarios y destacaron en particular el interés de separar de la factura de energía el cobro de tasas e impuestos externos al servicio, y la búsqueda de mejoras a la focalización de los subsidios para que estos lleguen solo a las personas más vulnerables.

Sin embargo, también dicen que por la manera en que está planteada la iniciativa legislativa “no permitirá lograr beneficios eficientes y sostenibles hacia una reducción tarifaria en el corto plazo para los usuarios, y, muy por el contrario, puede afectar el bienestar de los ciudadanos y del país en su conjunto”.

Palma se refirió en declaraciones públicas a la carta que enviaron los gremios. “La recibo con mucha satisfacción. Eso hacen los demócratas”, dijo, y los invitó a debatir: “En algunas estamos de acuerdo. Hay que hacer un uso eficiente de la energía”.

Los grandes ‘peros’ de los gremios y asociaciones

¿Se necesita realmente una reforma?

Una de las principales críticas del sector es si realmente debería hacerse una reforma. Los gremios aseguran que hay acciones y soluciones concretas que no requieren necesariamente reformar la ley y que podrían mejorar el valor en las facturas y asegurar el servicio, sin necesidad de 'erosionar' el marco normativo con medidas que desincentivan la inversión.

“Este es un proyecto de ley que cuando se lee, en nueve de diez puntos no se requiere una nueva ley. Lo que se necesitan son políticas, decretos y resoluciones del Ministerio de Minas y Energía y de la CREG”, aseguró Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), una de las agremiaciones que firmó la carta.

El directivo gremial defendió el marco normativo que ha operado en el país en los últimos 30 años y ve difícil que se apruebe un proyecto como este por el ambiente político de cara al año electoral. “En el cuarto periodo de un gobierno no se hacen las grandes reformas. Se hacen desde los primeros períodos cuando está el capital político. Los servicios públicos son un tema complejo y querer modificarlos implica un desgaste desde el punto de vista político”, dijo. Según Castañeda, el proyecto no cambiará la situación de las facturas en el corto plazo.

Con esta postura coincide el Centro de Estudios de la Energía Renovable y el Agua (CEERA), un gremio que representa a generadores de pequeña escala, especialmente pequeñas centrales hidroeléctricas. CEERA advirtió que el proyecto introduce distorsiones innecesarias en la definición tarifaria a los usuarios del país.

“No vemos en esta propuesta una solución que resuelva los problemas tarifarios actuales. En su estado actual, el proyecto no es viable y no es oportuna su adopción. Existen medidas dentro del ámbito regulatorio que pueden y deben tomarse para mejorar el sistema sin distorsionar su arquitectura institucional”, explicó Ángela María Sarmiento, directora ejecutiva de CEERA.

La modificación de la CREG

El único punto del proyecto de ley que debe pasar por el Congreso es la modificación de la CREG. A lo largo de su gobierno, el presidente no ha tenido en buen concepto al organismo. Durante meses al inicio de su mandato se abstuvo de nombrar a los comisionados expertos, lo que dejó parcialmente inactivo al organismo, y a inicios de 2023 asumió las funciones de la Comisión, hasta que el Consejo de Estado lo frenó.

Una fuente con conocimiento del sector, y que prefirió no ser nombrada, le dijo a este medio que realmente el proyecto es una manera de modificar la CREG algo que ha querido hacer el presidente desde hace un buen rato. “Quieren hacer politiquería con esto, no han designado a todos los comisionados, y están haciendo esto para dejar al final del gobierno de Petro personas que no son idóneas y dejar a la CREG amarrada”, aseguró.

En la carta que recibió el ministro, los gremios le insistieron en que la definición de los comisionados debe regirse por criterios fundamentados de experiencia en cargos directivos y formación técnica, y así garantizar que la toma de decisiones frente a asuntos regulatorios sean objetivas y basadas en análisis técnicos, para que las decisiones no se traduzcan en errores regulatorios.

“Lo peor de esto es la composición de la CREG que proponen”, comentó el abogado Manuel Gómez Fajardo, director del área de Energía e Industrias Reguladas de la firma Cuatrecasas. Según el experto, la modificación que se está haciendo es “absolutamente inconveniente” para el mercado porque reduciría el perfil técnico de la comisión, y daría espacio a sectores con intereses particulares, que si bien pueden participar democráticamente, como cuando se publican las normas para comentarios, no deberían estar en el seno de la comisión tomando decisiones de carácter técnico.

“En este momento tenemos una CREG en la que los comisionados tienen unos criterios de experiencia técnica y académica y de requisitos de estudios absolutamente exigentes. Si esta norma sale como está en este momento estaríamos perdiendo independencia”, dijo.

Carta que enviaron los gremios al Minenergía by CAMBIO

El problema de la opción tarifaria

Otro punto polémico del proyecto es el pago de la opción tarifaria. El problema con este saldo pendiente es que, en mayo del año pasado, fue el presidente Petro el que decidió que el Gobierno iba a asumir esa deuda, que afecta especialmente a la región Caribe. Tiempo después dijo que solo sería para los estratos bajos, y en marzo de este año el ministro Palma anunció que estaba estudiando un nuevo esquema en el que los estratos 4, 5 y 6, junto con los sectores industrial y comercial, pagarían esta deuda en un plazo de hasta diez años.

“No estamos de acuerdo con que pongan a los usuarios a pagar la opción tarifaria, cerca de 30 por ciento de los usuarios residenciales en varias regiones ya han pagado su deuda, como los de Bogotá, Cali, Cauca y Chocó”, dijo José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), uno de los gremios que firmó la carta.

Según Manzur, si esto se aprueba, se pondría una carga adicional a ciertos usuarios y sería un incumplimiento de la promesa que hizo el presidente. “Creemos que hay alternativas diferentes para que se asuma este costo. Se podrían usar recursos del Sistema General de Regalías, por ejemplo”, dijo.

El debate sobre los cambios en los subsidios

En la carta, los gremios mencionaron como un paso en la dirección correcta la eliminación de subsidios generalizados y una transición a un registro universal de ingresos, que permita identificar a quienes necesitan realmente estos subsidios. Según Manzur, “esto es lo más rescatable del proyecto”. Pero lograr esto requiere que se levante y se consolide la información socioeconómica de las personas, algo que si bien se propuso en el Plan Nacional de Desarrollo, sigue pendiente.

Pero eliminar los subsidios según los parámetros de consumo puede tener otros efectos. El Centro de Estudios de la Energía Renovable y el Agua (CEERA) mencionó que los mecanismos propuestos desconocen realidades sociales de los usuarios que hoy pueden hacerlos tener altos consumos o condiciones de movilidad habitacional. Esto podría llevarlos a ser castigados con la pérdida del subsidio.

Otras determinaciones

El proyecto tiene otros problemas técnicos como la posibilidad de que se modifiquen las fórmulas tarifarias de manera excepcional, o las complicaciones de establecer esquemas tarifarios diferenciales o que se asignen competencias al Ministerio que son de la CREG.

El Gobierno no tiene sencillo el camino de su reforma a las tarifas del servicio de energía. Según Manzur, es difícil que pase el proyecto, pero hay que esperar a que surta su trámite. Castañeda también ve poco claro el panorama político de la propuesta.

“Yo creo que Palma tiene buenas intenciones desde el quehacer, el objetivo. Lo que no tiene claro es cómo hacerlo. Los dos ministros anteriores no hicieron nada, él está arrastrando tres años de no haberlo hecho antes. Los anteriores tuvieron el tiempo y la capacidad para hacer cambios, pero no supieron hacerlo”, aseguró Castañeda.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, tiene la idea de solucionar la situación energética con un proyecto de ley en un año de coyuntura electoral, desgaste con el Congreso y competencia con otras iniciativas que tramitará el Gobierno, como la reforma a la salud, la ley de presupuesto, un nuevo intento de una tributaria, entre otros proyectos. Tal vez, el camino no es por ahí.