
¿Qué es una zona económica binacional y qué implicaciones tendría en la frontera entre Colombia y Venezuela?
El proyecto de una zona económica binacional entre Venezuela y Colombia ha causado diferentes reacciones en el ámbito político y en redes sociales. Pero, ¿qué implica realmente?
Por: Carolina Calero
El anuncio de una posible zona económica binacional entre Colombia y Venezuela impulsada por el Gobierno nacional ha generado polémica en el ámbito político y reacciones divididas en redes sociales. Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como una estrategia para promover la seguridad y el desarrollo en la frontera, sectores de la oposición la ven como una amenaza a la soberanía nacional.
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El expresidente Álvaro Uribe, por ejemplo, señaló que dicho acuerdo significaría “que mafias extranjeras y nacionales, dominen nuestra población fronteriza a partir de las armas y el terror”. En respuesta a esto, el jefe de Estado, Gustavo Petro, explicó que “una zona binacional no es entregar la soberanía de la Patria, es crear las condiciones sociales y económicas”.
Una zona binacional no es entregar la soberanía de la Patria, es crear las condiciones sociales y económicas, que permitan que dos pueblos de sangre común e historia común, puedan ser dueños de sus territorios, prosperen y vivan bien.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 24, 2025
Los gobiernos uribistas decidieron romper… https://t.co/hXb6qQjZmW
Pero, ¿qué significa realmente una zona económica binacional y qué efectos podría tener en una región históricamente marcada por el contrabando, la migración desregulada y la presencia de grupos armados?
¿Qué es una zona económica binacional?
De acuerdo con Juan Nicolás Garzón, profesor del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Sabana, estas zonas buscan “crear condiciones favorables para facilitar actividades propias de frontera” como el comercio, la movilidad de personas y la seguridad. Su implementación parte de un acuerdo bilateral y suele ir acompañada de regulaciones que promueven el intercambio económico formal entre los países involucrados.
“Lo que normalmente ocurre con esas zonas es que se busca facilitar actividades que de por sí ya existen, pero que enfrentan obstáculos por la falta de coordinación institucional”, explica Garzón.
Aunque la idea suena prometedora en el papel, el profesor Garzón es escéptico sobre sus efectos reales.

“Dudo mucho que esta zona económica vaya a cambiar sustancialmente la actividad fronteriza. Incluso si se concreta un acuerdo formal —cosa que no es segura— no veo que eso por sí mismo incremente el comercio ni facilite el combate articulado contra organizaciones criminales como el ELN”, advierte.
En su opinión, es más probable que esta zona facilite algunas actividades cotidianas, como trámites migratorios o el tránsito de ciudadanos, que un aumento sustancial en el intercambio comercial o la reducción del crimen.
¿Se ve comprometida la soberanía nacional?
Uno de los principales argumentos de quienes se oponen al proyecto es que podría suponer una cesión de soberanía al régimen de Nicolás Maduro. Garzón desestima esa idea y considera que es una malinterpretación de lo que realmente significa.
“No se trata de una figura fuera del derecho internacional ni de una violación de principios soberanos. Este tipo de acuerdos están contemplados dentro del marco legal”, aclaró.
Para el académico, el debate debería centrarse en si el acuerdo es políticamente conveniente y económicamente viable, no en si compromete la soberanía. Sin embargo, reconoce que el contexto político “genera ruido porque, al final, puede percibirse como una forma de reconocimiento indirecto a la legitimidad del régimen venezolano”.

Además, señala que para que funcione este tipo de acuerdos se deben mirar otras variables que influyen en la confianza entre actores económicos y políticos de ambos países. Y ahí es donde Garzón pone las mayores dudas.
“Desde el restablecimiento de relaciones diplomáticas no ha pasado gran cosa. Para que haya comercio, los empresarios colombianos deben tener garantías de que les van a pagar. Y eso no depende de una zona binacional, sino de condiciones estructurales en Venezuela”, dijo.
En su opinión, la propuesta del Gobierno puede ser bien intencionada, pero arriesgada, pues “es una apuesta que genera más ruido del que vale. Puede levantar muchas expectativas y terminar siendo solo un gesto simbólico”.
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