Sobreoferta, importaciones y falta de incentivos: así se cocinó la crisis arrocera en Colombia
Mientras los productores de arroz reclaman que el precio que les pagan hoy no da para cubrir ni las cosechas, el sector enfrenta varios problemas estructurales que no parecen estar al alcance de las soluciones propuestas por el Gobierno. ¿Cómo llegó el sector a esta situación?
En Colombia, medio millón de hogares viven del cultivo de arroz: son las familias de 16.000 productores que cultivan el grano en 215 municipios del país. Es un alimento básico en el plato del 98 por ciento de los colombianos, que en promedio consumen al año 46 kilos de este alimento.
Por eso, el paro arrocero que enfrenta Colombia desde hace varios días no es un tema menor. Los productores se quejan por los bajos precios bajos que les están pagando por la carga de arroz —que equivale a 125 kilogramos—, cuyo precio ronda los 170.000 pesos en este momento debido a algunas promesas incumplidas por el Gobierno y las importaciones del producto que, según los productores, inundan el mercado nacional.
Para zanjar este paro, que arrancó el pasado lunes 14 de julio, el Ministerio de Agricultura publicó un proyecto de resolución que somete el arroz paddy verde al régimen de libertad regulada de precios; es decir, se busca que haya un precio mínimo o piso para lo que se le paga a los productores: entre 188.000 y 205.000 pesos dependiendo de la región.
El Gobierno también anunció operativos de control anticontrabando de arroz y papa en la frontera colombo-ecuatoriana para proteger la cadena agrícola nacional. Y está buscando establecer canales de diálogo con los productores. El lío, según algunos expertos del sector, es que estas medidas no atacan el corazón de un problema que se cocina desde hace varios meses y que, de no gestionarse bien, podría agravarse.
“Cosechar arroz no cubre ni los costos de la cosecha”
Desde hace meses, los arroceros alzan la voz. De hecho, en marzo de este año sostuvieron otro paro que duró nueve días. Para levantarlo, firmaron un acuerdo con el Ministerio de Agricultura, que se comprometió a dar ayudas financieras a los pequeños y medianos productores, crear un fondo de estabilización de precios, tomar medidas contra las importaciones y revisar los costos de producción.
Los productores reclaman que eso no se cumplió. Hace una semana, días antes de comenzar el paro, Dignidad Agropecuaria Colombiana, movimiento popular que agrupa a las diferentes dignidades agropecuarias del país, emitió un comunicado en el que presentó varios reclamos que estarían llevando a los productores a paro:
- El incumplimiento de los compromisos firmados en el paro de marzo.
- La reducción en los precios que pagan los molinos a los productores, mientras que los mantienen altos para los consumidores.
- La falta de control del contrabando de arroz, proveniente sobre todo de Ecuador.
- La autorización de importaciones de Ecuador, Perú y Estados Unidos.
Los arroceros pidieron “precios justos” y aseguraron que los costos no dan para cubrir y poder pagar los costos que cuesta producir arroz en Colombia.
“Profunda ira, rabia, indignación atraviesan a miles de productores arroceros de Colombia. La industria molinera decidió rebajar 15.000 pesos en carga el precio del arroz en el centro del país, y de 11.000 pesos en la zona del Meta”, denunció a mediados de junio Oscar Gutierrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, quien aseguró que los precios que pagan los productores son deficitarios y los costos de producción cada vez más altos.
El lío de la cadena de producción
Para que el arroz llegue de los cultivos a la mesa de los colombianos primero se cosecha, luego se trilla para separar el grano de la paja, se seca para reducir la humedad. Después pasa a una molienda, donde se descascarilla para eliminar la cáscara, se separa, clasifica y empaca.
En el proyecto de resolución, el Ministerio de Agricultura aseguró que en la primera mitad del año se presentó un desequilibrio económico asociado a “posibles abusos de posición oligopólica en el mercado del arroz paddy verde”. Esto propició la caída de los precios pagados al productor por debajo de los costos de producción.
Según la cartera, en los primeros seis meses de 2025 los inventarios de arroz paddy seco superaron en un 57,7 por ciento el promedio histórico de los años 2015 a 2024, alcanzando 534.940 toneladas en junio de 2025.
Sin embargo, para algunas voces del sector, parte del problema actual de los arroceros es un tema de oferta. Hay mucho arroz en el mercado y por eso les están comprando más barato la carga. Detrás de esto hay varios factores.
“Tenemos mucho arroz porque el año pasado el precio estaba muy bueno, más alto de lo que está en este momento. En los precios de siembra estaban pagando 1.800.000 pesos por la tonelada de paddy, y con ese precio comenzaron a sembrar más”, explicó el exministro de Agricultura, Andrés Valencia. En años anteriores, como en 2021, llegó a pagarse a 1.000.000 de pesos la tonelada. Hoy se paga por cerca de 1.500.000 de pesos, según Valencia.
El arroz es un cultivo de ciclo corto que tiene dos cosechas al año. Por eso, las decisiones de siembra de los productores van atadas a muchas variables como el clima, el precio de los insumos o las expectativas de las cosechas. El arroz que se siembra entre marzo y mayo se cosecha entre agosto y noviembre, y se come en la segunda mitad del año. La cosecha del segundo semestre, entre julio y septiembre, se recolecta en enero.
Según el Dane, en el primer semestre de 2024 se sembraron 452.872 hectáreas de arroz, 9,5 por ciento más en comparación con el primer semestre de 2023 y 451.882 en el segundo semestre. Estas cifras suponen un incremento de 1,1 por ciento en relación con el segundo semestre del año inmediatamente anterior. Ese es el grano que hoy ya se cosechó y está en el mercado. A lo anterior, se suma que en el país también se importa arroz.
La sobreoferta no es un fenómeno nuevo en el mundo arocero. En Colombia existió hasta 1997 el Idema, o Instituto de Mercadeo Agropecuario, una entidad encargada de comercializar y regular productos agrícolas, responsable de comprar y guardar los excedentes del agro. Cuando cerró esta entidad, se determinó que el Ministerio de Agricultura debía diseñar un sistema que reemplazara sus funciones, una medida que creó un incentivo al almacenamiento.
El Ministerio pagaba un valor mensual por guardar toneladas de arroz a los productores o a los molinos para que los inventarios no salieran al mercado y controlar la sobre oferta. Así se equilibraban los precios y aliviaban la situación de los arroceros.
“El año pasado, la ministra de Agricultura del momento, Jhenifer Mojica, eliminó ese incentivo. La razón central de este problema es la falta del incentivo al almacenamiento. El precio está a la baja y le están pagando muy poco a los agricultores por eso”, le dijo a CAMBIO Rafael Hernández, gerente de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), el gremio que agrupa a los productores del sector.
Según Hernández, en Huila y Tolima, los departamentos más afectados por tener mayores costos de producción en comparación con los llanos, a los productores el año pasado y a principios de este, les pagaban 235.000 por la carga. Hoy están recibiendo cerca de 170.000. “Es una reducción del 27 por ciento. Con ese precio el agricultor pierde plata y se genera una hecatombe entre los productores”, criticó.
Si bien hay cerca de 16.000 productores en el país, según la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), en Colombia hay cerca de 300 molinos, un pequeño grupo concentra el mercado. Pero para Hernández, el problema va más allá:
“El mercado ha cambiado, antes había muchos compradores, hoy las tiendas de descuento o hard discount compran el 30 por ciento de la cosecha, abren una subasta, y compran al que más barato le venda. Eso ha cambiado las condiciones de mercado, y los molinos, para ganar la licitación, ponen precios bajos, pero el que lleva las de perder es el agricultor”, aseguró.
Un incentivo que puede desincentivar
El Gobierno dice que esto es un problema de un oligopolio de las empresas. Los pequeños cultivadores culpan a las importaciones, y el gremio arrocero a la “falta de política” y el haber quitado el incentivo al almacenamiento es lo que está causando esta situación. Y las demoras del ministerio en la entrega de los subsidios con los que se había comprometido, en un año en el que el gobierno no tiene plata, agravan el problema.
Aunque las intenciones del Gobierno de regular el precio pueden ser buenas, para el exministro Valencia es una propuesta equivocada. “El Gobierno acusa a los molinos de generar esa distorsión, y quiere resolver esa distorsión generando otra distorsión. Un incentivo que funciona bien es el incentivo al almacenamiento porque los molinos son los que tienen la capacidad de almacenar, no los productores, pero si se le da un incentivo a los productores para comercializar, terminarán poniendo más arroz en el mercado”, explicó.
En esto coincide Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). “El incentivo al almacenamiento es un mecanismo muy criticado por unos, y aplaudido por otros. Se ha usado por años, con una carga fiscal importante”, mencionó.
Bedoya destacó también que en la cadena de comercialización hay una participación muy fuerte de ciertos actores, los hard discount, que compran y comercializan el arroz paddy: un producto ‘gancho’ por su precio, que motiva a que las personas vayan a este tipo de comercios.
“El régimen de control por regulación de precios hay que mirarlo con mucho cuidado, puede desembocar en varias cosas. El ministerio puede obligar a que se pague a un precio, pero puede que la industria no compre, y si compra a ese precio, ¿a qué precio querrá vender al consumidor o a los canales de distribución?”, cuestionó.
Según Bedoya, el sector debería reforzar un plan de ordenamiento a la producción, certificar y tratar de tecnificar para competir también con las importaciones de países como Estados Unidos y Ecuador. También aseguró que se necesita más control ante el contrabando en ciertas zonas del país.
El Gobierno de Gustavo Petro descartó una herramienta que ha usado el sector por años. Eso tiene un impacto. La plata que el Gobierno se comprometió a dar en marzo -los apoyos directos-, llegó tarde. Y eso ha llevado a los arroceros a un descontento que hoy tiene bloqueado a nueve departamentos del país. El problema del arroz no es sencillo, pero requiere soluciones para que, más adelante, no falte el grano nuestro de cada día.
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