Presupuesto 2026: ¿el Gobierno está repitiendo los problemas de este año?

El Gobierno de Gustavo Petro tiene un ambicioso plan para 2026: un presupuesto por 557 billones de pesos, el más alto de la historia, en un año en que el país necesita ajustar sus finanzas públicas. Las comisiones económicas del Congreso citaron para comenzar hoy los debates, con lo que se inicia la contrarreloj, pues deberán aprobar el monto antes del 15 de septiembre.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, sacó pecho cuando se radicó el proyecto a finales de julio en la Cámara de Representantes y aseguró que este proyecto es un esfuerzo dirigido a garantizar las metas del plan nacional de desarrollo. Los expertos no opinan lo mismo. Según ellos, el nuevo presupuesto repite varios de los problemas del proyecto del año pasado –el primero desde la Constitución de 1991 que no es aprobado por el Legislativo y debe emitirse por decreto– y su camino en el Congreso podría ser turbulento una vez más.

Si el proyecto del presupuesto para el año entrante se aprueba tal y como lo presentó el Gobierno, significaría un aumento de 6,5 por ciento en comparación con los 523 billones que buscaba el Gobierno para el presupuesto de 2025 y que aprobó por decreto. Una diferencia de 34 billones de pesos.

Bajo el número 102 del 29 de julio, 2025, el @minhacienda Germán Ávila Plazas radicó en la secretaría de la @CamaraColombia el proyecto de PGN 2026.

📊 El Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2026 asciende a $556,9 billones y ya fue presentado al Congreso.
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— MinHacienda (@MinHacienda) July 29, 2025

El presupuesto colombiano se distribuye en tres grandes rubros. El primero, y el más grande, corresponde a los gastos de funcionamiento, que incluyen todos los gastos que requiere la nación para operar. Para el próximo año, las cuentas del Gobierno de Petro apuntan a necesidades de gasto por 365 billones, un aumento de 11,1 por ciento, o 36 billones, en comparación con los 329 billones contemplados en 2025, según los datos que el Gobierno entregó.

El siguiente componente es la deuda, a la cual se le destinarán el próximo año 102,4 billones de pesos. Esto implica una reducción de 9 por ciento en comparación con los 112,6 billones del presupuesto de 2025. Finalmente, están los gastos de inversión, que totalizarían 88,7 billones en 2026, un alza de 5,9 por ciento en relación con los 83,9 billones de 2025.

Es decir, que el próximo año el grueso del aumento del presupuesto será en los gastos de funcionamiento, se reducirán los pagos de deuda, y la inversión, el rubro más pequeño, crecerá en 4,9 billones.

Un déjá-vu presupuestal

El Gobierno de Petro ya tiene un problema grande este año y podría replicarlo el próximo. El presupuesto que se decretó este año dependía de la aprobación de una reforma tributaria para completar 12 billones que el Gobierno no tenía cómo financiar. El Congreso no le dio el visto bueno. Por eso el presupuesto de 2025 quedó desfinanciado y en enero el Gobierno tuvo que aplazar esos recursos. Así las cosas, el presupuesto con el que el Gobierno arrancó el año quedó en 511 billones de pesos.

“El Gobierno nacional sigue desaforado gastando y gastando plata. Este presupuesto es el más alto en la historia del país, y es un presupuesto que crece frente al año pasado en casi 7 por ciento, frente a un monto que ya habíamos dicho que no era sostenible como presupuesto nacional, porque es un presupuesto desbordado en gastos de funcionamiento y en gastos de personal”, cuestionó el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo.

Sin embargo, el Gobierno tampoco tiene mucho margen de maniobra. Casi que cada ocho de diez pesos en el presupuesto son gastos inflexibles o estructurales que no puede tocar y por eso se dice que los gastos de funcionamiento son altamente inflexibles. Según Hacienda, hay cinco rubros que explican alrededor del 80 por ciento del crecimiento en el presupuesto de funcionamiento en 2026 respecto a 2025.

Estos son el Sistema General de Participaciones, en el que se incluyen las pensiones y el aseguramiento en salud; los recursos que se destinan a las instituciones de educación superior pública y gastos operacionales como las nóminas, mantenimiento y servicios públicos del sector Defensa, la Policía, la Rama Judicial, la Fiscalía y Órganos Autónomos como el Congreso, Contraloría, Procuraduría y Registraduría.

Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, el proyecto de ley de presupuesto para 2026, repite los mismos errores del año anterior. Según Mejía, si se calcula el monto del presupuesto frente al presupuesto vigente con decreto de aplazamiento, que asciende a 511 billones, en realidad el crecimiento del gasto es del 9 por ciento, que duplica la inflación proyectada para 2026, cuyo cálculo está en 4,5 por ciento.

“La primera discusión de fondo que debe dar el Congreso es la del monto total del presupuesto, que debería crecer en línea con la inflación esperada. En ese caso, no debería superar los 531 billones”, dijo. Según el economista, otros problemas del presupuesto se basan en la ausencia de un esfuerzo por iniciar un ajuste serio del gasto público y en proponer una reforma tributaria con escaso margen político en un año preelectoral.

El problema de la tributaria

El presupuesto general del próximo año también presenta sus fuentes de financiación. El Gobierno explicó que la estimación de los ingresos para 2026 asciende a 530,7 billones. Es decir, del monto total a financiar hacen falta 26,3 billones, recursos que el Gobierno cataloga como “contingentes” y que están sujetos a la aprobación del proyecto de ley de financiamiento, o reforma tributaria.

En el marco fiscal de mediano plazo, el documento que todos los años presentan los gobiernos en junio para actualizar sus metas económicas y fiscales, el Gobierno ya había anticipado la necesidad de una reforma tributaria de alrededor de 19 billones de pesos. Eso implica que hoy el Gobierno necesita 6,7 billones más de lo que estimaba hace un mes y medio.

El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana cuestionó el “monto sin precedentes” que se anuncia ahora. “Este desfinanciamiento, que equivale al 1,4 por ciento del PIB, contrasta con las metas de ajuste fiscal necesarias para retomar una senda sostenible de deuda y déficit, tras la activación de la cláusula de escape”, comentó el centro de investigación.

Según el Observatorio, sin medidas estructurales en ingresos y gasto, el déficit fiscal y la deuda podrían deteriorarse a niveles similares, o incluso superiores, a los observados durante la pandemia.

Así mismo, el equipo de análisis económico del Banco Itaú emitió un comentario en el que señaló que, si no se aprueba la reforma tributaria, la inversión podría contraerse 14 por ciento frente al año pasado, hasta los 62,4 billones de pesos (3,2 por ciento del PIB).

El descuadre en las cuentas

A todo esto se suman las críticas del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), un organismo independiente, adscrito al Ministerio de Hacienda y responsable por analizar el cumplimiento de la regla fiscal, el mecanismo que establece los límites de gasto y endeudamiento que debería cumplir el Gobierno según su nivel de ingresos. En junio el Gobierno decidió activar la cláusula de escape del mecanismo, lo cual quiere decir que durante los próximos tres años no cumplirá con dicha regla.

Tras la presentación del proyecto de presupuesto, el CARF emitió un comunicado en el que informó que daba un concepto desfavorable a la modificación del plan fiscal de 2026. “No existe una justificación válida para que, apenas un mes después de la publicación del marco fiscal de mediano plazo, se incremente el nivel de gasto y de déficit primario en 2026”, dijo el organismo. El déficit primario –la diferencia entre el gasto sin intereses y los ingresos– pasaría de 1,4 por ciento a 2,0 por ciento del PIB, equivalente a 38,6 billones.

“El CARF considera que modificar el plan fiscal de 2026, tan solo un mes después de publicar el marco fiscal, refleja serios y nuevos problemas en el proceso de planeación fiscal del país. Lo anterior es especialmente preocupante porque ocurre en medio de una situación fiscal crítica y sin precedentes”, dijo la presidenta del organismo, Astrid Martínez.

Según el CARF, los cambios de la estrategia fiscal de 2026, sin que se presente ningún evento extraordinario ajeno al control del Gobierno, “exige explicaciones transparentes”.

José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif, también mostró su preocupación por la planeación fiscal del país. Así como el CARF, cuestionó que, en solo un mes, entre el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación, las cuentas para 2026 cambiaron.

“Son 18 billones adicionales en gasto, otros 8 billones en ingresos y de dónde, ¿de la reforma de 26 billones? y se reducen en 10 billones los intereses. La pregunta es por qué entre junio y julio aumentan las necesidades de gasto del país en 18 billones”, cuestionó.

El reto ante el Congreso

“Inicia un esfuerzo de reflexión entre el Gobierno y el Congreso de la República. El país necesita abrir un gran debate nacional de lo que hemos denominado un gran pacto fiscal por la recuperación de las finanzas públicas y la consolidación a mediano plazo de una estrategia de financiación para el presupuesto nacional”, dijo Ávila cuando radicó el proyecto ante la Cámara de Representantes.

El ministro llamó a una “amplia reflexión” en el Congreso y dijo estar dispuesto para atender las inquietudes de los congresistas. El Gobierno empieza una especie de contrarreloj ahora, porque el presupuesto debe quedar aprobado antes del 20 de octubre a medianoche. Tras su radicación, el Congreso deberá aprobar el monto a más tardar el 15 de septiembre. Luego pasa a primer debate en comisiones conjuntas antes del 25 de septiembre e iniciar su votación en las plenarias el primero de octubre.

Entre tanto, Hacienda aseguró que la reforma o ley de financiamiento se conocería hacia finales de agosto.

Este es uno de los proyectos más importantes para este último periodo y, aunque el Gobierno tiene a favor que se aseguró en las comisiones económicas y en las mesas directivas de Cámara y Senado unos presidentes cercanos, aún está la sombra del histórico hundimiento del Presupuesto General de la Nación de 2025. El gran interrogante es si el Gobierno tendrá la capacidad de aprobar un ambicioso presupuesto y la reforma tributaria más grande de la historia del país en un año en el que el ambiente político está centrado en las elecciones.