Presupuesto 2026: ministro de Hacienda insiste en tributaria de 26 billones de pesos para financiarlo

El presupuesto general de la nación de 2026 apenas está comenzando su paso por el Congreso de la República, pues este martes 19 de agosto, las comisiones terceras y cuartas del Senado y Cámara comenzaron la discusión del proyecto. La iniciativa legislativa fue presentada a finales de julio por el Gobierno y busca recursos por 557 billones de pesos para el próximo año, el presupuesto más alto de la historia, y aunque apenas aterriza en el Legislativo, ya trae a cuestas varias críticas y ‘peros’.

Aunque la sesión estaba convocada a las nueve de la mañana, tomó casi dos horas que las cuatro comisiones lograran quorum decisorio para poder iniciar la sesión. El ministro Ávila presentó el proyecto ante el recinto, y defendió la necesidad de aprobar el monto que está pidiendo el Gobierno.

Para el presupuesto de 2026, Hacienda calcula que el país cuenta con 530,7 billones de pesos y necesitará una reforma tributaria de 26,3 billones de pesos. El presupuesto del próximo año contaría con 365 billones para gastos de funcionamiento, 102,4 billones de pesos para el pago de deuda y 88,7 billones para inversión.

#ComisionesEconómicas | “Es claro para el gobierno que en una coyuntura de complejidades fiscales como las que estamos viviendo es prioritario asegurar, de un lado, el crecimiento económico que asegura a su vez el crecimiento de los ingresos tributarios”, puntualizó Germán Ávila.

— Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) August 19, 2025

El ministro defendió su propuesta y aseguró que la política fiscal actual se desarrolla en un “contexto sin precedentes en el país”, con inflexibilidades en el 93,7 por ciento de los gastos que tiene la nación, relacionados con los intereses que debe asumir el Gobierno por la deuda nacional, los salarios de la fuerza pública y el sistema judicial, el sector salud, las pensiones y el sistema general de participaciones.

Según Ávila, las restricciones fiscales que hoy enfrenta el país no son producto exclusivo de decisiones recientes, sino que también reflejan una trayectoria prolongada de presiones crecientes sobre el gasto y del endeudamiento acumulado en años previos, lo que limita el margen de maniobra actual. Por eso, el titular de la cartera de Hacienda defendió la decisión del Gobierno de activar la cláusula de escape de la regla fiscal, lo que les permite aumentar el nivel de gasto en el presupuesto.

El ministro insistió en que, para cumplir con la senda de ajuste del gasto público en los próximos años, “será necesario tramitar ante el Congreso de la República una Ley de financiamiento”, o reforma tributaria, y también para equilibrar el presupuesto del año entrante.

La nueva reforma tributaria

“Es una ley de financiamiento que vamos a presentar en los próximos días. Como criterio general pretende revisar los gastos fiscales que tiene el Gobierno en materia tributaria”, explicó Ávila.

El ministro comentó que la idea es tocar el IVA (impuesto al valor agregado) para bienes y servicios “que hoy consumen mayoritariamente las personas con mayores ingresos”. También prometió que gravará el consumo de licores y tabaco y que busca incrementar la progresividad de los impuestos sobre la renta y el patrimonio.

Además, el ministro dijo que con la nueva reforma se buscarán fortalecer los esquemas de tributación del impuesto al carbono, el impuesto al consumo y de los impuestos saludables.

“Este detalle de lo que será la ley de financiamiento lo presentaremos en los próximos días”, dijo Ávila, quien también prometió que no se tocará la canasta familiar con estos impuestos.

La respuesta del Congreso

El presupuesto de 2026 carga consigo el peso de los problemas que tuvo que sortear el presupuesto de 2025 durante las discusiones del año pasado. Así como este año, el Gobierno dependía de la aprobación de una reforma tributaria para financiar todos los recursos, pero el Congreso no dio su brazo a torcer.

Por eso, el presupuesto de la vigencia fiscal de 2025 se convirtió en el primero desde la Constitución de 1991 en ser aprobado por decreto y sin la bendición del Congreso.

Es por eso que varios congresistas mostraron su desacuerdo con la propuesta. El senador conservador Efraín Cepeda, quien fue uno de los principales críticos del presupuesto el año pasado, mostró su descontento con la propuesta y aseguró que lo que está en juego con la aprobación del presupuesto “no es otra cosa que una tributaria de más de 26 billones de pesos”.

“Las comisiones económicas no pueden girar ese cheque a ciegas, cuando ni siquiera se ha presentado la reforma tributaria. El deber ser es el presupuesto, luego la reforma y después el presupuesto adicional”, dijo.

En esa misma línea intervino también el representante del Centro Democrático por el departamento del Valle del Cauca Christian Garcés, quien criticó la distribución del presupuesto y los costos de proyectos como el de la salud y la reforma pensional.

“Lastimosamente, el presupuesto que nos están presentando no busca solucionar el grave problema del aumento de los gastos de funcionamiento contra la inversión social en el país", dijo Garcés, quien pidió bajar el monto del presupuesto en 39 billones de pesos.

También la representante por el Partido Verde Katherine Miranda se quejó del monto, y dijo que antes de hablar de una tributaria, era necesario reducir 40 billones el monto. Además, la representante denunció que el ministro se negó a presentar el anexo con el detalle del presupuesto.

“Hay que sincerarnos con el país. No tenemos ni idea de dónde va a salir la plata, no tenemos el detalle de los ingresos y nos están hablando de una tributaria. ¿Es honesto hablar de aprobar un monto cuando no tenemos ni idea de en qué va a consistir la reforma tributaria? Conmigo no cuenten”, dijo Miranda.

Así mismo, la senadora liberal Karina Espinosa mencionó que la discusión no debería centrarse solo en las cifras, sino también en cómo concretar las políticas públicas. “No es solo garantizar un monto, sino que sea responsable, responda al presente, pero también al futuro. Hay tres sectores que me tienen preocupada, vivienda, deporte y agricultura”, dijo la senadora.

Tras estas intervenciones tomó la palabra la representante por el Pacto Histórico María del Mar Pizarro. “La oposición nos quiere vender la narrativa de que queremos tocar el bolsillo del colombiano de a pie, pero la ley de financiamiento pasada y la que está proponiendo el Gobierno quiere tocar el bolsillo de las multinacionales”, comentó la congresista, quien defendió la propuesta del Gobierno de gravar los juegos de azar en línea.

La senadora del Pacto Histórico Aída Avella también defendió la ley de financiamiento que propone el Gobierno. “Este Gobierno no tuvo el año pasado una ley de financiamiento porque es un Gobierno alternativo. Simplemente es una cuestión política, no es una cuestión de carácter económico”, criticó Avella.

La senadora pidió reflexionar sobre la evasión fiscal que hay en el país, y aseguró que los pequeños vendedores informales no son los evasores, sino las personas que tienen grandes empresas.

El Banco de la República opinó

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, también participó en el inicio de la discusión del proyecto de presupuesto en el Congreso. En su intervención, reconoció que el proyecto de presupuesto responde a las metas establecidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo que contempla la activación de la cláusula de escape prevista para la regla fiscal, “lo cual se traducirá en déficit más elevado y mayores niveles de deuda entre los años 2025 y 2027”.

Villar mencionó que el creciente desajuste estructural de las finanzas públicas se debe, por un lado, al aumento de los componentes inflexibles del gasto, pero también por la sobreestimación de recaudos, especialmente de aquellos obtenidos a través de la gestión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Según el gerente del banco central, esta situación “hace necesario un examen riguroso de la evolución reciente y de las perspectivas de las operaciones de ingreso y de gasto del Gobierno”.

Villar alertó que el no realizar los ajustes en el momento oportuno, representa un riesgo para la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica y social del país. En su intervención, dijo que es necesario “avanzar en una reforma fiscal integral” y en un proceso técnico orientado a la revisión del gasto inflexible o inercial del Gobierno.

Pese a ello, Villar reconoció que existen “inquietudes importantes por el cambio en el programa de gasto primario previsto en la ley de presupuesto con respecto a lo planteado previamente en el Marco Fiscal”, algo que también cuestionó en días pasados el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), entidad autónoma y adscrita el Ministerio de Hacienda, que advirtió sobre la ausencia de mecanismos de ajuste claros y el posible impacto negativo sobre el cumplimiento de las metas fiscales y el proceso de consolidación de las finanzas públicas.