El aumento del salario mínimo de 2026 abriría un hueco fiscal de 5,3 billones de pesos, según el CARF

El aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno para 2026 no solo tendrá efectos sobre el ingreso de millones de trabajadores. También dejará una huella profunda en las finanzas del Estado. Así lo advierte el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que calcula que el incremento del 23 por ciento del mínimo tendrá un alto impacto fiscal, con efectos que no solo se verán este año, sino que se extenderán en los próximos. 

Según las estimaciones preliminares del comité, el mayor salario mínimo elevaría el déficit fiscal en al menos 5,3 billones de pesos en 2026, lo que equivale aproximadamente al 0,3 por ciento del PIB. A partir de 2027, el efecto anual sería incluso mayor y rondaría los 8 billones de pesos, cerca del 0,4 por ciento del PIB. Para un país que ya enfrenta restricciones fiscales y un nivel elevado de endeudamiento, esas cifras no son marginales.

“El mayor déficit fiscal aleja la posibilidad de retornar a la senda de ajuste de la Regla Fiscal y deteriora las perspectivas de sostenibilidad de la deuda pública”, explicó la CARF sobre la deuda, justo cuando el margen de maniobra del Gobierno es cada vez más estrecho.

Un aumento sin precedentes recientes

Uno de los puntos que más subraya el análisis técnico es la magnitud del ajuste salarial. En términos reales —es decir, descontando la inflación— el salario mínimo en Colombia ha crecido en promedio 1,2 puntos porcentuales por año durante las últimas dos décadas. El aumento decretado para 2026 rompe completamente ese patrón.

De acuerdo con los cálculos del CARF, una vez se descuenta la inflación, el salario mínimo tendría un crecimiento real cercano al 18,5 por ciento, un salto excepcional frente a los estándares históricos del país. Ese tamaño del ajuste es clave para entender por qué los impactos fiscales son tan elevados y por qué el comité insiste en que se trata de un cambio con consecuencias estructurales.

Por qué subir el salario mínimo le cuesta tanto al Estado

El análisis del CARF deja claro que en Colombia el salario mínimo no es solo una referencia laboral, sino un parámetro central del gasto público. Cuando el salario mínimo sube de forma abrupta, el efecto se transmite a varias líneas del presupuesto casi de inmediato.

El componente más costoso está en el sistema pensional, particularmente en el régimen público de prima media. El aumento del salario mínimo eleva el valor de las pensiones cercanas al mínimo y encarece las rentas vitalicias que se ajustan con base en ese indicador. Solo este canal implicaría un mayor gasto estimado en 4,7 billones de pesos.

A esto se suma el impacto sobre los salarios de los funcionarios públicos que devengan ingresos cercanos al mínimo, un rubro que el CARF estima en unos 0,6 billones adicionales. También se encarecen los contratos estatales de bienes y servicios intensivos en mano de obra —como vigilancia y aseo— cuyos valores suelen estar indexados al salario mínimo.

Desde el lado de los ingresos, el efecto tampoco es neutro. El comité calcula que el mayor costo laboral puede reducir el margen de utilidad de las empresas y, con ello, el recaudo del impuesto de renta corporativo. En sus escenarios preliminares, ese menor recaudo podría ascender a alrededor de 2,7 billones anuales.

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Un impacto que no se agota en un año

Uno de los mensajes centrales del CARF es que el costo fiscal del aumento del salario mínimo no es transitorio. Por el contrario, se trata de un efecto que se acumula en el tiempo y que se vuelve permanente, especialmente por su incidencia en el sistema pensional y en otros gastos estructurales del Estado.

El comité advierte, además, que hay factores relevantes que no pudieron ser cuantificados plenamente, en particular los relacionados con los cálculos actuariales de las rentas vitalicias cuando el salario mínimo crece por encima de la inflación y de la productividad. Esto significa que el impacto fiscal final podría ser mayor al estimado inicialmente.

“El Comité enfatiza que los factores que no pudieron ser cuantificados pueden tener efectos adicionales significativos en las finanzas públicas, especialmente el correspondiente al cubrimiento del aumento en el cálculo actuarial de rentas vitalicias por encima de la inflación y la productividad”, concluye la entidad.