Nuevo decreto afectaría las pensiones del régimen privado: estas son las críticas a la medida

Desde hace varias semanas se estaba cuestionando una propuesta del Gobierno de Gustavo Petro que busca corregir las distorsiones técnicas y financieras para el cálculo de algunas pensiones en los fondos privados, algo que, según alertaron dos agremiaciones del sector pensional y de seguros, podría terminar afectando el acceso a pensión de miles de colombianos.

Por medio del decreto que emitió el Gobierno, el 1485 del 31 de diciembre de 2025, se modifica el mecanismo de cobertura de deslizamiento del salario mínimo, que es la diferencia entre el cambio porcentual del salario mínimo legal mensual vigente y la variación porcentual del índice de precios al consumidor (IPC) del año anterior, es decir, la inflación.

Este es un factor que se utiliza para calcular algunas modalidades de pensión que manejan los fondos privados, como las rentas vitalicias inmediatas –que son los traslados de saldos de una cuenta de ahorro individual a una compañía de seguros para financiar el pago de la pensión de manera vitalicia –, y también las rentas vitalicias diferidas –en las que se recibe un pago por retiro programado a cargo de un fondo de pensiones, y una vez termine ese tiempo, una aseguradora se hace cargo bajo la modalidad de renta vitalicia–.

La Ley 100 de 1993 establece que el reajuste de las mesadas pensionales superiores al salario mínimo está sujeto a la inflación, y para aquellas cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, el reajuste deberá hacerse en el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno.

Dado que para 2026 se fijó un aumento del salario mínimo de 23 por ciento, cerca de 1,2 millones de pensionados en Colombia verán un aumento de sus pensiones en esa misma proporción, mientras que el resto de los pensionados, alrededor de un millón de personas, verán un incremento cercano al 5,3 por ciento en su pensión.

En el decreto se menciona que en los últimos diez años se ha generado una brecha entre ambos indicadores que se ha incrementado de manera significativa, y que, por ello, el parámetro técnico utilizado “no constituye un estimador adecuado ni representativo de las fluctuaciones económicas que inciden sobre las rentas vitalicias cubiertas por el mecanismo de deslizamiento del salario mínimo”.

En diciembre la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) y la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) le habían solicitado al Gobierno establecer una mesa técnica para analizar el borrador que había del decreto con el que se cambian las coberturas frente a los aumentos del salario mínimo.

Las alertas sobre el decreto

Según las entidades, la propuesta del Gobierno implicaría menos pensionados, menores mesadas pensionales y el desfinanciamiento de la prima del seguro que cubre incapacidad y muerte.

Uno de los puntos centrales de la crítica que hacen las entidades a la iniciativa del Gobierno es el impacto sobre el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que es un mecanismo de la Ley 100 que asegura una pensión vitalicia de al menos un salario mínimo para las personas que, a pesar de cumplir la edad y las 1.150 semanas de cotización requeridas no alcanzan a acumular el capital suficiente que exigen los fondos privados.

Pese a ello, defienden las entidades, hay un grupo significativo de afiliados que pueden pensionarse de manera anticipada a pesar de no acudir a dicho fondo y así aseguran una renta vitalicia.

“Con la modificación propuesta, decenas de miles de colombianos tendrían que cotizar y ahorrar mucho más tiempo para tener posibilidad de pensionarse y aceptar una mesada inferior a la que recibirían bajo el esquema actual”, dicen los gremios.

Según explicó Andrés Velasco, presidente de Asofondos, en declaraciones a medios de comunicación, el decreto traslada a los trabajadores el costo de un aumento elevado de un salario mínimo, y que antes era asumido por el Gobierno, porque ya no se necesitará de un ahorro de 350 millones de pesos para alcanzar una pensión mínimos, sino 200 millones adicionales.

Así mismo, las agremiaciones aseguran que, aunque el ministerio señala que la propuesta no incrementa el capital requerido para acceder a pensiones de invalidez y sobrevivencia, en la práctica el cambio sí eleva de manera significativa el costo de los siniestros que debe asumir el seguro previsional lo que haría “inviable” el aseguramiento contra los riesgos de incapacidad y muerte del que hoy gozan cerca de 20 millones de trabajadores.

Según cuestionó Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, al intervenir las fórmulas el costo del aseguramiento superará el límite legal de 3 por ciento existente hasta antes del decreto e imposibilitaría la cobertura de los trabajadores colombianos.

Tanto Asofondos como Fasecolda confirmaron su intención de demandar este decreto en los próximos días.

Repatriación de las inversiones, el otro problema con los fondos de pensiones

A toda esta polémica se suma la intención que tiene el Gobierno de emitir otro decreto para “repatriar” inversiones por 250 billones de pesos que tienen actualmente invertidos los fondos de pensiones en el exterior, algo que anunció el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en una rueda de prensa en días pasados, en la que explicó los impuestos que se iban a declarar en desarrollo del estado de emergencia económica en la que se encuentra el país. 

Esta propuesta fue, justamente, la que motivó la salida en diciembre de la directora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), Mónica Higuera, como lo confirmó ella misma en las últimas horas, pues no estaba de acuerdo con la intención del Gobierno. 

“Una cosa es que el presidente en sus alocuciones manifieste ideas y otra distinta que se haga política pública mediante decreto”, cuestionó la exfuncionaria. Según Higuera, a finales del año pasado la Superfinanciera envió un proyecto de decreto al ministerio para cumplir la solicitud del presidente, algo que, dice la exfuncionaria, no es facultad de esa entidad sino de la URF.

El consejo de dicha entidad lo conforman el superfinanciero o su delegado, el ministro de Hacienda o su delegado y el director de la URF. Según la exfuncionaria, aunque todos pueden sugerir propuestas, el proyecto final es responsabilidad de la URF. “Desde mi rol en la URF no consideré pertinente esa propuesta y lo manifesté”, explicó Higuera, quien aseguró que la propuesta de la Unidad al final no logró ser revisada ni discutida porque no se ajustaba a lo solicitado por el ministro ni la Superfinanciera.