¿Cuáles son los riesgos e implicaciones de que Colombia se retire del arbitraje internacional de inversión?

Este miércoles 26 de marzo, el presidente Gustavo Petro sorprendió al anunciar que Colombia estudia retirarse del sistema internacional de arbitraje de inversión, incluyendo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, conocido como CIADI, el tribunal arbitral más importante del mundo en materia de disputas entre Estados e inversionistas extranjeros.

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“¿Por qué aceptamos firmar contratos en donde, si hay alguna disputa, es un centro privado de justicia en el país del contratista el que termina dirimiendo si el país tiene razón o no y, en general, perdemos?”, preguntó Petro.

El mandatario también cuestionó lo que llamó la actitud “genuflexa” del Estado colombiano frente a los inversionistas extranjeros, y justificó su postura señalando que “varios países ya han anunciado o han hecho su salida de ese tipo de arbitraje, entre esos Estados Unidos”.

Petro agregó que el anuncio es parte de su respuesta a una carta firmada por más de 200 economistas de renombre mundial, entre ellos los premios Nobel Joseph Stiglitz y Thomas Piketty, quienes solicitaron al gobierno colombiano transformar el régimen de inversión global al que está sujeto el país.

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¿Qué es el arbitraje internacional de inversión y por qué importa?

El arbitraje internacional de inversión es un sistema jurídico mediante el cual los inversionistas extranjeros pueden demandar a un Estado cuando consideran que las políticas o decisiones de ese gobierno afectaron sus inversiones o violaron los acuerdos firmados.

En lugar de acudir a los juzgados locales del país donde invirtieron, donde podrían alegar falta de imparcialidad, los inversionistas pueden acudir a tribunales arbitrales independientes y de carácter internacional.

El más conocido de estos tribunales es el CIADI, creado en 1966 bajo la capa del Banco Mundial y con sede en Washington. Allí se tramitan disputas entre Estados e inversionistas de distintos países, con árbitros especializados e independientes de los sistemas judiciales nacionales.

Colombia también está expuesta a otros foros arbitrales como la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París, a la que el expresidente Ernesto Samper propuso extender el eventual retiro.

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Este sistema nació como una garantía para los inversionistas: la idea es que una empresa extranjera que decide invertir millones de dólares en un país en desarrollo tenga la certeza de que, si el gobierno cambia las reglas del juego a mitad del camino, hay una instancia neutral e internacional que puede protegerla. Por eso, su existencia suele aparecer como un factor positivo en las evaluaciones que hacen los inversionistas extranjeros antes de comprometer su capital en un país.

Sin embargo, los datos disponibles no necesariamente respaldan la narrativa de que Colombia “en general pierde” en estos procesos. Según cifras de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), en las 12 decisiones arbitrales con resultado claro entre 2021 y 2024, Colombia ganó 10 y perdió solo 2.

¿Qué opinan los expertos?

Lo que sí preocupa a los analistas es que, bajo el actual gobierno, la exposición del país creció de forma acelerada: el inventario de casos activos pasó de 20 a 34, y las pretensiones, es decir, el dinero que los demandantes reclaman al Estado colombiano, se dispararon de 10,79 billones de pesos a 59,52 billones de pesos.

A pesar de esto, para los expertos, la medida de salir del arbitraje no es adecuada. “No me cuadra proponer la salida del arbitraje de inversión afirmando que 'siempre ganan los privados'”, afirmó María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, quien citó los datos de la ANDJE para cuestionar esa premisa. Para la presidenta, el problema de fondo no es el mecanismo en sí, sino las condiciones que generan las disputas.

“Este no es un debate de blanco o negro y adicionalmente es un debate muy serio porque el problema de fondo no es simplemente quedarse o salirse del arbitraje internacional. El problema de fondo es la seguridad jurídica que hoy está ofreciendo el país. Las controversias no nacen del mecanismo en sí mismo, sino de reglas cambiantes, menor previsibilidad, falta de coordinación institucional y debilidad en la prevención del daño antijurídico”, dijo.

Lacouture advirtió que retirarse agravaría una señal que ya preocupa: “Retirarse agravaría una señal que ya hoy preocupa: la de menor confianza y menor seguridad jurídica en el país. No se trata solo de salir del sistema, se trata del conjunto de decisiones que vienen afectando la percepción del inversionista sobre las reglas, la institucionalidad y la forma en que el país resuelve sus controversias”.

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Y concluyó con una pregunta que, según ella, debería ser el verdadero eje del debate: “¿Qué señales le está dando hoy Colombia al inversionista? Y la respuesta es muy preocupante: más incertidumbre, menor previsibilidad, más dudas sobre la estabilidad del marco institucional en nuestro país”.

Para Néstor Cardozo, analista financiero y magíster en Economía, el anuncio de Petro tiene un efecto paradójico: detona exactamente lo que dice querer evitar. “Pienso que el anuncio de retiro detona lo que busca evitar en el corto plazo. Durante el período de transición, los inversionistas con demandas pendientes las van a acelerar antes de que cierre la ventana”, explicó a CAMBIO.

Cardozo también advirtió sobre el impacto en la inversión extranjera directa (IED): “El otro problema son las consecuencias sobre la inversión extranjera directa en Colombia, que ya lleva años cayendo, especialmente el sector de hidrocarburos, que es el más expuesto hoy con varios proyectos cubiertos por acuerdos de arbitraje. Salirse del CIADI puede no eliminar esa exposición, sino moverla a otros foros”.

En su concepto, la señal que da Colombia es negativa: “Cambiando las reglas a mitad del camino cuando necesitan predictibilidad y seguridad jurídica. La consecuencia es una pérdida de confianza lo que puede seguir afectando la inversión extranjera en el país”.

Andrés Langebaek, analista financiero independiente, concuerda. “La consecuencia es que el país dejará de recibir ingresos por inversión extranjera directa ante el temor de algunos inversionistas por no estar amparado por mecanismos independientes de arbitraje”.

En otras palabras, según los expertos consultados, en un entorno donde la inversión extranjera ya acusa señales de debilitamiento, cambiar las reglas del juego de manera abrupta, sin reformas internas que compensen la señal, podría costarle al país más de lo que busca ahorrar.