“El reto de Colombia es sostener un sistema pensional deficitario y que consumirá más de su ahorro pensional”: Asofondos

El sistema pensional enfrenta varios retos a el futuro: garantizar su sostenibilidad financiera hacia adelante, el cambio demográfico, una nueva reforma pensional y varios cambios normativos que modifican las condiciones del sistema.

Entre los más recientes se cuenta un decreto que emitió el Gobierno nacional hace unos días y que limita las inversiones que pueden hacer los fondos privados de pensiones en el exterior, una decisión que podría afectar los rendimientos que ayudan a construir el ahorro pensional de millones de colombianos.

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Andrés Velasco, presidente de la Asociación Colombiana de Fondos de Pensiones y Cesantía (Asofondos) conversó con CAMBIO sobre estos retos como antesala al congreso anual del gremio, que se realizará en los próximos días.

CAMBIO: En los últimos días el Gobierno nacional emitió un decreto que limita las inversiones de los fondos de pensiones en el exterior. ¿Qué impacto tiene esto?

Andrés Velasco: En el régimen de ahorro individual con solidaridad, donde está cerca de dos terceras partes de los colombianos, la pensión se construye con dos elementos fundamentales: las cotizaciones que hacen los trabajadores a lo largo de su vida laboral y la rentabilidad que esas cotizaciones generan gracias a la gestión de las administradoras de fondos de pensiones.

En consecuencia, el monto de la pensión depende directamente de esas dos variables: cuánto se ahorra y qué tan bien rinde ese ahorro en el tiempo.

Este decreto afecta de manera importante la rentabilidad porque limita las alternativas de inversión, al establecer que la exposición a activos emitidos en el exterior no podrá superar el 30 por ciento en los próximos cinco años. Esto reduce el universo de opciones disponibles para generar rentabilidad.

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CAMBIO: Existen diferentes tipos de portafolios según el perfil de riesgo de los afiliados. ¿Quiénes serán los más afectados?

A.V.: El sistema tiene distintos portafolios: alto, moderado, conservador –para quienes están cerca de pensionarse– y retiro programado- para quienes ya están pensionados-.

Esta medida afecta especialmente a los jóvenes, porque son quienes tienen sus ahorros en los portafolios de mayor riesgo, que a su vez son los que tienen mayor exposición a inversiones en el exterior, particularmente en acciones y renta variable.

En la práctica, lo que ocurre es que se reduce la rentabilidad esperada de esos portafolios. Y eso tiene un mensaje muy fuerte: el sistema les está diciendo a los jóvenes que su ahorro pensional va a rendir menos que el de generaciones anteriores. Esto es grave porque no solo afecta a los individuos, sino al ahorro agregado del país. Se termina afectando la capacidad de inversión y crecimiento de la economía en el largo plazo.

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CAMBIO: Este Gobierno presentó una reforma pensional, pero aún no ha entrado a regir pues la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre su legalidad. ¿En qué punto se encuentra actualmente la reforma?

A.V.: En este momento, la Corte Constitucional tiene suspendida la reforma, con excepción de algunos artículos, y está revisando posibles vicios de forma en su trámite en la Cámara de Representantes, particularmente en el cuarto debate.

La ponencia fue asignada a la magistrada Meneses, quien además es presidenta de la Corte. Ella está preparando el proyecto de decisión, luego de que el magistrado Ibáñez fuera inhabilitado para participar en este caso. Mientras la Corte no tome una decisión definitiva, sigue vigente el régimen actual bajo la Ley 100.

CAMBIO: Ustedes han advertido sobre el impacto de la reforma en el ahorro. ¿Cuáles son los riesgos a mediano y largo plazo?

A.V.: El ahorro nacional en Colombia está compuesto, en su gran mayoría, por el ahorro pensional, que hoy supera los 500 billones de pesos. En el corto plazo, los cálculos muestran que el nivel de ahorro no cambia significativamente, pero sí cambia la forma en que se administra. Dejaría de ser gestionado directamente por las administradoras y pasaría a un esquema distinto, con participación mediante encargos fiduciarios.

El problema aparece en el mediano plazo. La reforma introduce beneficios más amplios, subsidios y condiciones más generosas –como la reducción de semanas para las mujeres–, lo que implica que el sistema va a requerir más recursos.

Eso lleva a una reducción del ahorro estructural del país. Y Colombia no tiene mecanismos claros para reemplazar ese ahorro perdido, lo que genera un riesgo importante para la sostenibilidad del sistema y de la economía.

CAMBIO: ¿Cuál será el impacto del envejecimiento poblacional en el sistema pensional?

A.V.: Ahí está uno de los mayores desafíos. Por un lado, el país necesita aumentar el ahorro porque la población está envejeciendo. Pero, por otro lado, las reformas y medidas recientes van en la dirección contraria. Si la reforma se implementa completamente, será necesario desarrollar instrumentos de ahorro voluntario de largo plazo que permitan compensar esa caída del ahorro obligatorio y enfrentar los efectos del envejecimiento.

La realidad es que el único sistema pensional sostenible en el tiempo es el que se basa en el ahorro. Cualquier esquema basado principalmente en transferencias o reparto termina generando promesas difíciles de cumplir. El cambio demográfico implica un aumento del pasivo pensional de entre 60 y 70 por ciento del PIB. Eso significa que el Estado tendrá que destinar cada vez más recursos para financiar pensiones. En concreto, Colpensiones podría requerir entre 2 y 3 por ciento adicional del PIB cada año, recursos que necesariamente salen de los contribuyentes. Esto refleja un sistema cada vez más dependiente de transferencias fiscales, lo cual es problemático en el largo plazo.

CAMBIO: En diciembre el Gobierno emitió otro decreto y cambió las condiciones en que se cubre el mecanismo de deslizamiento del salario mínimo, un criterio técnico que incide en el cálculo de las pensiones. ¿Qué efectos ha tenido esto desde entonces?

A.V.: El efecto ya se está viendo: habrá menos pensionados y pensiones más bajas. Esto ocurre porque el aumento del salario mínimo encareció el costo de financiar una pensión equivalente a ese salario. Hoy, una pensión de un salario mínimo puede costar cerca de 200 millones de pesos adicionales frente a antes.

Eso significa que los trabajadores necesitan cotizar más tiempo –en promedio, más de cinco años adicionales– para alcanzar ese nivel de pensión.  En la práctica, el Gobierno tomó una decisión sobre el salario mínimo, pero trasladó el costo de esa decisión a los trabajadores en términos de pensiones.

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CAMBIO: ¿Cómo ha sido la relación con el Gobierno frente a estas advertencias?

A.V.: Desde nuestra perspectiva, el Gobierno no ha acogido las recomendaciones técnicas y ha partido de un diagnóstico equivocado. Es importante entender algo básico: un portafolio menos diversificado no puede generar mayor rentabilidad. Limitar las opciones de inversión reduce las posibilidades de obtener mejores resultados.

Hasta ahora no hemos visto señales de que haya disposición a revisar estas decisiones. Por eso, las administradoras están evaluando acudir a mecanismos legales para defender los intereses de los trabajadores.

CAMBIO: Solo uno de cada cuatro adultos mayores logra pensionarse en Colombia. ¿Cómo mejorar esto en un contexto de alta informalidad?

A.V.: La informalidad es una parte del problema, pero no la única. Influyen al menos tres factores: primero, la baja participación laboral, especialmente de mujeres y poblaciones rurales. Segundo, la baja empleabilidad, es decir, la dificultad para generar empleo sostenido. Y tercero, la alta informalidad.

Además, el salario mínimo es relativamente alto frente a los ingresos en muchas regiones del país, lo que dificulta la formalización laboral. Se necesitan políticas que aborden tanto los factores macroeconómicos como las realidades específicas de cada sector y región.