Derechos humanos y democracia en Colombia

Este texto se apoya en mis columnas anteriores de esta serie, y trata de contrastar el modelo democrático adoptado como ideal en Colombia y el sistema real de respeto a los derechos humanos. Su argumento central es que los conflictos no se presentaron por accidente ni por la mala fe de unos pocos: están en la lógica de un sistema en el que los derechos humanos han sido reconocidos formalmente pero no puestos en vigencia. Esa brecha —entre el legalismo formal y la exclusión real— no es una paradoja de la historia colombiana: es su hilo conductor.

Especial Imaginar la Democracia

La distinción importa porque define qué se entiende por democracia. Una cosa es la democracia como procedimiento —el cumplimiento de los ciclos electorales, la vigencia de las constituciones, la independencia nominal de las instituciones— y otra muy distinta es la democracia como condición de vida: el goce efectivo, por todos los ciudadanos, de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales que la legislación proclama. Colombia ha cultivado con notable persistencia la primera forma. Pero ese legalismo ha convivido generación tras generación con la negación práctica de los derechos de los más pobres, de los trabajadores rurales y marginados urbanos, de las poblaciones afrocolombianas e indígenas, de las mujeres y de quienes se organizan para defender sus intereses. Mientras esa promesa se siga aplazando, el país tendrá elecciones y leyes igualitarias pero no democracia.

La historia de esa brecha comienza desde la independencia. Los derechos naturales, definidos por los pensadores de la Ilustración, fueron considerados por los jefes de la independencia como justificación teórica de su revuelta y, al mismo tiempo, como fundamento político del nuevo orden que iban a construir: Nariño, Torres, Caldas, Bolívar, Santander y otros definieron ese orden como democrático y representativo, como expresión del poder de los pobladores americanos, expresado en los intereses contrapuestos de los criollos, propietarios de los recursos productivos, y de las mayorías conformadas por mestizos y mulatos que habían perdido sus bienes, arrebatados por los conquistadores.

Por eso, el ideal nunca funcionó como estaba previsto. Las constituciones más tempranas, desde la de Cundinamarca de 1811 en adelante, reconocieron formalmente los derechos de los ciudadanos y crearon algunas protecciones para su respeto. Pero no todos los habitantes disfrutaban de los mismos derechos: los derechos políticos se reservaron a los descendientes de los criollos, a quienes tuvieran experiencia de gobierno o casa poblada en las ciudades y pueblos coloniales. Esta restricción inaugural definía lo que se entendería por democracia durante el resto del siglo: un orden en el que el derecho de ciudadanía era, a la vez, la base del régimen político y el criterio principal para excluir a la mayoría de sus beneficios.

Las constituciones más tempranas reconocieron formalmente los derechos de los ciudadanos y crearon algunas protecciones para su respeto. Pero no todos los habitantes disfrutaban de los mismos derechos

El principal conflicto político del siglo XIX giró alrededor de esa definición. Para los conservadores, la ciudadanía solo debían tenerla los varones descendientes de los conquistadores, y así los gobiernos expresarían ante todo la opinión de los criollos. Para los liberales, ampliarla y darla a esclavos y campesinos mestizos permitía aumentar la representatividad democrática, argumento que llevó a que la Constitución de 1853 decretara el sufragio universal masculino, excluyendo a los esclavos pero incluyendo a los que habían sido liberados desde 1849, y a que la Corte Suprema de Justicia aclarara, ante ciertas ambigüedades de la Constitución de Vélez, que las mujeres tampoco tenían ciudadanía. El avance era real, pero sus límites revelaban la lógica profunda del sistema: el reconocimiento formal de derechos coexistía con la exclusión sistemática de quienes no pertenecían a los grupos con el poder de definir quién contaba.

La sociedad colombiana era demasiado desigual para que ese orden funcionara según sus propias fórmulas. En casi todas las zonas del país dominaban pequeños grupos de notables que reunían la riqueza, el conocimiento y la tradición familiar, y garantizaban las elecciones, definían quiénes eran los gobernantes, escogían alcaldes, concejales, jueces y policías locales. El fraude y la violencia en las elecciones se convirtieron en mecanismos esenciales del ejercicio del poder político, mientras campesinos, artesanos y vendedores rurales y urbanos no podían decir mucho sobre esas elecciones. El incumplimiento de los derechos reconocidos en las constituciones no era, pues, una anomalía del sistema: era su condición usual, su regla de fondo, que era aceptada por el pueblo mientras recibiera algunas concesiones.

El incumplimiento de los derechos reconocidos en las constituciones no era, pues, una anomalía del sistema: era su condición usual, su regla de fondo, que era aceptada por el pueblo mientras recibiera algunas concesiones

El control del poder

El conflicto entre federalismo y centralismo, que definió la vida política durante gran parte del siglo XIX y XX, fue en el fondo una disputa sobre qué grupos de notables controlarían el poder. La Constitución de 1886, impulsada ante todo por representantes de Bogotá y grandes propietarios de otras zonas, impuso un orden centralista con gran poder del ejecutivo y lo legitimó mediante la invocación de Dios, inaugurando un régimen que rigió casi durante cien años. Bajo su vigencia, el país confirmó lo que analistas, viajeros y novelistas describían como una vocación legalista: el respeto formal y el cumplimiento de las normas electorales, así como el carácter sagrado de las leyes, que garantizaban el poder de los notables. Esta vocación llevó a que, en 1930 y en 1946, el sistema aceptara el traspaso del gobierno de un partido al otro, facilitado por un pacto implícito entre las élites de ambos partidos —empresarios y terratenientes— orientado a garantizar un gobierno transaccional que respetara los derechos de los poderosos. La defensa de los derechos individuales se delegaba a instituciones formalmente independientes —el Consejo de Estado, la Procuraduría General, la Registraduría Civil— mientras la desigualdad real del orden social sobrevivía intacta por fuera de esas instituciones.

El conflicto entre federalismo y centralismo, que definió la vida política durante gran parte del siglo XIX y XX, fue en el fondo una disputa sobre qué grupos de notables controlarían el poder

La primera ruptura grave de ese equilibrio se produjo después de 1947, cuando la violencia en el campo se hizo muy fuerte, particularmente desde 1948. Estos episodios, que muchas novelas contaron, revelaron que el legalismo colombiano siempre había tenido un costo social que el pacto entre élites ocultaba: la estabilidad formal del sistema descansaba sobre la exclusión violenta de quienes no pertenecían al círculo de los que podían ejercer sus derechos. El Frente Nacional, que permitió volver a la democracia desde 1958 después de una breve dictadura militar, restableció el pacto, pero sobre las mismas bases: los dos partidos compartirían el poder durante otros dieciséis años, con presidentes alternos cada cuatro años, sin que la estructura profunda de la desigualdad social y cultural fuera objeto de reforma.

Narcotráfico y violencia

En este ambiente político surgió el narcotráfico, que se convirtió en fuente importante de riqueza y distorsión del orden político. Sus recursos compraban elecciones, corrompían a los políticos, al ejército y a los medios de comunicación. Desde mediados de los setenta, y con más fuerza después del 2000, los narcotraficantes formaron bandas armadas que contaron con el apoyo de sectores militares y oficiales (paramilitarismo). En este contexto hubo violencia sistemática contra sindicalistas, líderes campesinos, políticos y periodistas, especialmente entre 1984 y 1992. Golpeó sobre todo a la Unión Patriótica, cuyos dos candidatos a la Presidencia, Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo, fueron asesinados, como lo fue también Luis Carlos Galán, candidato y agente del reformismo liberal, enemigo de la corrupción y el narcotráfico, asesinado en 1989. En total, más de 5.000 miembros de la UP fueron asesinados, mientras que en el país murieron desde 1948, por violencia política, al menos 700.000 personas.

Aquí es donde la cuestión de los derechos humanos se vuelve inseparable de la cuestión democrática. Cuando el Estado y sus aliados usaban la violencia para coaccionar a los ciudadanos, y cuando los promotores del cambio —organizados en guerrillas desde los años sesenta— usaban también la violencia para imponer sus objetivos, el resultado era el mismo: la libertad de elección quedaba limitada, amplios sectores de la población eran marginados, y el poder se derivaba no de la representación sino de la capacidad de hacer daño. Este modelo tropezaba, además, con la evidencia contraria de que donde se había hecho una revolución armada, los militares mantenían el poder, no importa cuáles fueran sus ideologías ni las frases que repitieran, y establecían dictaduras como las de Rusia, China, Corea, Cuba, Nicaragua o Venezuela.

Para 1990 era inevitable concluir que el sistema no funcionaba. Ante esto, los organismos internacionales —Americas Watch, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos— presionaron sin cesar al Gobierno colombiano y recomendaron medidas para superar, sobre todo, la impunidad que se veía como factor principal en la violación estatal de derechos. El Gobierno de Virgilio Barco buscó enfrentar esa situación creando una Consejería de Derechos Humanos y reforzando los mecanismos de investigación y sanción. Al final de su gobierno, ayudó a convocar la Asamblea Constituyente que expidió, en 1991, una nueva Constitución con muchos mecanismos e instituciones legales de protección de derechos.

Desde 1981, el Gobierno colombiano había intentado resolver el conflicto armado mediante negociaciones que llevaron a varias fórmulas de acuerdo. Un Gobierno más autoritario, en 2002, redujo con apoyo de Estados Unidos el poder de los grupos guerrilleros en varias regiones. Su inmediato sucesor adelantó un proceso de paz con las Farc y otras guerrillas que culminó en 2016, cuando buena parte de los grupos armados renunciaron a lograr el poder mediante el triunfo militar.

La contradicción presente

En 2022 fue elegido un presidente que reivindicaba su vínculo anterior con la guerrilla, y hoy el país tiene que enfrentarse al problema de confirmar o no el poder de una línea política que buscaba, como la república liberal, combinar el cambio social, la definición de las identidades populares y el clientelismo, con una votación con respaldo mayoritario del electorado. Pero la elección de un gobierno de origen guerrillero no resuelve la pregunta que recorre toda la historia colombiana: si una democracia que viola sistemáticamente los derechos de una parte de sus ciudadanos merece ese nombre.

La elección de un gobierno de origen guerrillero no resuelve la pregunta que recorre toda la historia colombiana: si una democracia que viola sistemáticamente los derechos de una parte de sus ciudadanos merece ese nombre

Colombia sigue con una democracia pobre, parcial y limitada porque en ella la tradición es que se violen sistemáticamente los derechos humanos, tanto por el Estado y sus aliados —los paramilitares y además algunos empresarios—, que defienden el statu quo, como por los promotores más decididos del cambio (la guerrilla). La violencia y la corrupción limitan la libertad de elección de los ciudadanos, marginan amplios sectores de la población, mantienen vigente un dominio derivado no de la representación sino del pasado, del peso de elementos hereditarios que confirman el traspaso de la riqueza y de la educación de una generación a otra. Una democracia real requiere que los derechos civiles, políticos, económicos y sociales sean efectivos para todos sus ciudadanos, y no solo para quienes tienen el poder de exigir su vigencia. 

Colombia sigue con una democracia pobre, parcial y limitada porque en ella la tradición es que se violen sistemáticamente los derechos humanos

Resolver esa contradicción —entre el orden legal que los colombianos han construido con esfuerzo y la sociedad desigual que ese orden encubre— es tarea que ningún gobierno, ni conservador ni revolucionario, puede eludir. Y mientras no se resuelva, entre el ideal democrático proclamado desde 1810 y la realidad de quienes viven bajo ese ideal seguirá existiendo una distancia que ninguna constitución, por bien escrita que esté, puede cerrar por sí sola.