La paz retórica

En Colombia, desde la Independencia, la política se basó en el enfrentamiento entre conservadores, que representaban a las “gentes de bien”, encorbatados y casados por la Iglesia, y los liberales, parecidos en todo pero cuyos seguidores eran artesanos y agricultores, “ignorantes y primitivos”, como los llamaron varios autores del siglo XIX. Los dos partidos hicieron guerras entre sí y, finalmente, acordaron la paz cuando la polarización los fatigó. Hubo dos grandes períodos de tolerancia: el que siguió a la separación de Panamá y el del Frente Nacional, que siguió a la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla. En ambos, los partidarios del diálogo insistieron en que la convivencia era el camino del progreso, y los grupos más radicales aceptaron discutir las diferencias sin llevarlas a la ruptura del orden. Esa tensión entre el ideal democrático y el orden que lo limitaba define todavía la política colombiana de hoy.

Especial Imaginar la Democracia

La tensión entre el ideal democrático y el orden que lo limita define todavía la política colombiana de hoy

Durante los años veinte se revitalizó la invocación al pueblo, hecha sobre todo por liberales que acogieron el ejemplo socialista europeo. Para ellos, un verdadero progreso requería que el Estado promoviera la educación y redujera la desigualdad social. Pero los partidarios de la acción política del pueblo, tanto los liberales que seguían soñando con la guerra civil (Luis Tejada o los generales Tomás Uribe Márquez y Benjamín Herrerra), como los organizadores obreros que apoyaban las huelgas en el río Magdalena, en las petroleras o las bananeras (María Cano, Ignacio Torres Giraldo), pensaban que la democracia colombiana era una simulación y una farsa, con una oligarquía que oprimía al pueblo, se apropiaba de las tierras públicas y usaba al Ejército y las armas para defender a los propietarios y perseguir a los grupos populares, a los indígenas y a los afrodescendientes.

La muerte de Gaitán, en 1948, sirvió de prueba adicional de este triunfo de la oligarquía contra el pueblo, y llevó a la dictadura y al Frente Nacional. Durante 16 años, de 1958 a 1974, los dos partidos tradicionales se alternaron en el poder y renunciaron a un enfrentamiento definitivo: el Estado estaba empeñado en lograr el desarrollo económico basado en la protección aduanera, en los ferrocarriles y carreteras hechas por el Estado. Los industriales y los dueños de la tierra, los empresarios de uno u otro partido, aunque tenían algunas diferencias en su visión del papel del Estado, estaban finalmente de acuerdo en que eran las élites las que debían decidir lo que este haría para impulsar el desarrollo y el orden.

La muerte de Gaitán, en 1948, sirvió de prueba adicional de este triunfo de la oligarquía contra el pueblo, y llevó a la dictadura y al Frente Nacional

Terminado el Frente Nacional, en un ambiente en el que la revolución socialista aparecía como posible salida al choque entre el pueblo y la oligarquía, los partidos tradicionales se enfrentaron a las guerrillas, que se presentaban como defensoras del pueblo, organizadas en las Farc, el ELN, el EPL y el M-19, y a los narcotraficantes e invasores de la tierra, que habían hecho su fortuna con economías ilegales. Los grupos populares siguieron sobre todo a los defensores del marxismo y de la revolución socialista, encabezados por el Partido Comunista de Colombia.

Terminado el Frente Nacional, en un ambiente en el que la revolución socialista aparecía como posible salida al choque entre el pueblo y la oligarquía, los partidos tradicionales se enfrentaron a las guerrillas

La Constitución de 1991 —convocada al final del Gobierno Barco y expedida bajo el Gobierno de Gaviria— sirvió para que los colombianos mostraran su gran confianza en el orden legal: redujo los enfrentamientos entre los dos grandes grupos y estableció un orden basado en la convivencia, la defensa de los derechos humanos y el respeto de las normas legales. Muchas de las propuestas de los notables de la época del Frente Nacional habían buscado la reforma agraria, la creación de ciudades con barrios populares y viviendas al alcance del pueblo y el desarrollo de una economía rural respetuosa del medio ambiente. Esta Constitución confirmó la vocación legalista y democrática del ordenamiento político colombiano, aunque se mantuvo el enfrentamiento armado entre el Estado —ahora reforzado por grupos civiles armados, los paramilitares— y los grupos de izquierda guerrillera, que poco a poco cambiaban su visión de medio siglo y planteaban que las elecciones serían la estrategia dominante para la toma del poder. El acuerdo de paz que se buscó en varias negociaciones desde los años ochenta finalmente se logró en 2016, cuando las Farc abandonaron las armas y firmaron un compromiso con el Estado colombiano bajo el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Una de las consecuencias de la Constitución de 1991 fue el debilitamiento de los dos partidos tradicionales, que fueron reemplazados por decenas de nuevas agrupaciones, las cuales combinaban el acceso corrupto a los presupuestos del Estado —contratos que buscaban ante todo recursos para el manejo electoral de las clientelas regionales— con el control de las organizaciones electorales locales.

Una de las consecuencias de la Constitución de 1991 fue el debilitamiento de los dos partidos tradicionales, que fueron reemplazados por decenas de nuevas agrupaciones

Colombia ha sido favorable al centro desde el Frente Nacional, que permitió detener los enfrentamientos entre liberales y conservadores, pero los reemplazó por la persecución a las organizaciones sociales y a cualquier agrupación que pareciera de izquierda. Este “pacto” redujo los niveles de enfrentamiento, pero llevó a que los viejos partidos históricos perdieran peso, sobre todo después del triunfo uribista de 2002. Desde entonces ganaron el clientelismo y la corrupción.

El lenguaje cambió, sobre todo después de 2016: izquierda, derecha y centro se convirtieron en palabras de uso diario y reemplazaron los términos liberal y conservador. La izquierda, orientada por intelectuales urbanos de clase media, promueve las organizaciones sindicales, el bienestar de los habitantes de barrios urbanos y de las poblaciones rurales, la organización de servicios de salud y educación para la mayoría de los colombianos. La derecha, dirigida por los empresarios de la oligarquía, se preocupa ante todo por el orden público y por la capacidad del Estado para enfrentar los grupos armados, compuestos ya no tanto por defensores de la revolución como por defensores de las economías ilegales, de los cultivos de coca y la minería ilegal. Al tiempo, se ha ido conformando un ‘centro’, difícil de definir, que trata de garantizar los pactos existentes, que buscaban el balance entre la inversión empresarial y la creación de mecanismos que den algo de bienestar a la mayoría de la población, todo ello dentro del estricto respeto a las reglas legales, al orden judicial y los mecanismos electorales. Desafortunadamente, el ‘centro’ que se veía atractivo ya desde 2001, era el Centro Democrático, defensor del orden tradicional. 

El lenguaje cambió, sobre todo después de 2016: izquierda, derecha y centro se convirtieron en palabras de uso diario y reemplazaron los términos liberal y conservador

El Gobierno elegido en 2022 fue visto por los sectores tradicionales como una amenaza, pues parecía proponer un modelo de desarrollo basado en el control de la economía y de la gestión social por parte del Estado. Esta estatización choca con la visión de la oligarquía, que prefiere un Estado que garantice el ambiente para la iniciativa privada. Este Gobierno se ha mostrado desorganizado, con una tecnocracia débil —que contrasta con algunas de las tecnocracias de gobiernos anteriores—, que no ha sido capaz de mantener la calidad administrativa necesaria para mostrar que puede hacer reformas siguiendo las reglas técnicas. El Gobierno, entonces, se ve como incapaz, populista, desorganizado, y sobre todo clientelista, mentiroso y corrupto.

En Colombia, los empresarios han promovido desde su elección la imagen del Pacto Histórico (PH) triunfante como un movimiento estatista radical que hay que frenar a toda costa y el PH manejó el poder como si no le importaran el orden fiscal y el administrativo. A pesar de los acercamientos al Establecimiento, como por ejemplo el acuerdo de 2022 entre el Gobierno y el dirigente principal de los ganaderos, José Félix Lafaurie, para una reforma agraria por compra de tierras que poco se ha materializado, esta imagen se ha mantenido. Para 2026, los dirigentes políticos buscarán que el principal candidato de la izquierda, Iván Cepeda, reitere su respeto a la inversión privada, promovida ahora con más énfasis por los Estados Unidos y su Gobierno. La izquierda dice querer más poder estatal, pero con normas predecibles y respetuosas y en un contexto más transaccional con los empresarios y los Estados Unidos. La derecha y los grupos asociados con los empresarios dicen querer acabar con las economías ilegales, con el narcotráfico, siempre que se cuente con apoyo de Estados Unidos. Y quieren control militar a los grupos armados ilegales, bastante impredecibles, que han hecho inmanejable la retórica de la Paz Total, promovida por el Gobierno: su candidato deberá mostrar un rechazo firme a los grupos armados. 

En Colombia, los empresarios han promovido desde su elección la imagen del Pacto Histórico triunfante como un movimiento estatista radical que hay que frenar a toda costa

El centro tendría que estar conformado ahora por quienes rechazan todo movimiento armado, ya sea de la guerrilla o de los paramilitares: debería oponerse al reclutamiento de menores y campesinos, a la represión de las minorías y de quienes se apartan de las normas tradicionales, así como a la ilegalidad, los ‘falsos positivos’ y la distribución de armas a grupos rurales de apoyo al orden. Pero la falta de claridad y contundencia ha desdibujado al centro hasta hacerlo casi inexistente en las encuestas. La derecha acepta el asistencialismo estatal como una transacción con el electorado popular, y no parece rechazar con contundencia la acción paramilitar; la izquierda, por su parte, busca negociar con grupos armados apoyados en campesinos, usualmente ligados a formas de acción ilegal que producen y explotan algunas rentas: con estos grupos se pactan acuerdos de paz, como la Paz Total de Petro.

La falta de claridad y contundencia ha desdibujado al centro hasta hacerlo casi inexistente en las encuestas

Al aceptar el juego democrático, de labios para afuera, derecha e izquierda dicen rechazar la polarización y renunciar al radicalismo armado. La derecha dice que no apoya paramilitares y se contenta con la seguridad de que no habrá revolución socialista ni un Estado que lo controle todo; la izquierda dice que retira el apoyo a la guerrilla y se contenta con prometer el apoyo a sindicatos, a políticas más legalistas, elecciones, sistemas de defensa de derechos humanos y algo de control ambiental. Las armas, en todo caso, seguirán defendiendo los grupos locales vinculados a la droga y a la minería ilegal. Pero una vez se acabe la campaña y la ‘carreta’, uno de los grandes riesgos de que gane la derecha es el de una represión que ataque, persiga y estigmatice a las organizaciones sociales de base que, en todo caso, se han visto representadas por este Gobierno y que habían sido ignoradas por décadas. Riesgo también es que, así como Petro prometió una izquierda “moderada” y esa promesa duró poco, Cepeda no sea capaz de hacer reformas sin sacrificar la economía y el orden fiscal y que no logre controlar los grupos armados que cada vez parecen más desatados.

El contexto mundial ayuda algo al Gobierno actual, pues los Estados Unidos empezaron a ser guiados de manera arbitraria y poco respetuosa de la ley, de modo que Colombia empezó a contrastar con sus vecinos, sobre todo Venezuela y Nicaragua, y a aparecer como una democracia real, con la que se puede negociar.

El contexto mundial ayuda algo al Gobierno actual, pues los Estados Unidos empezaron a ser guiados de manera arbitraria y poco respetuosa de la ley

El ciclo previsible para los próximos años —amenazado ante todo por las dudas sobre la seriedad de la lucha contra la corrupción y en el freno a la polarización— puede ser la alternación entre gobiernos de izquierda que presentan como suave su reformismo, con retórica de control ambiental y políticas populistas de respaldo a sectores obreros, y gobiernos de derecha, centrados en el freno judicial a la delincuencia en las ciudades y en la represión militar de los grupos armados. La disminución de la polarización podría llevar al fin de la política armada por parte de los reductos guerrilleros y disidencias armadas, aunque se espera que aumente la represión judicial legal, con cárcel para los acusados de pertenecer a grupos armados permanentes.

La derecha propone renunciar a imponer un orden rural armado y acepta el orden de los jueces en vez del de los generales, mientras la izquierda propone enfrentar la corrupción, adoptar el diálogo y acabar con la polarización. Los sermones por el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, la atención a las víctimas, usuales desde la Constitución de 1991 y repetidos por el acuerdo de paz de 2016, al fin se toman en serio, y no solo por algunos funcionarios del Gobierno. Pero es el triunfo de la retórica, de las frases vacías, que puede volverse costumbre en los próximos años. El diálogo es invocado al mismo tiempo por la voz de Petro, que espera promover una movilización popular de izquierda, y por la voz de todos los centros, en especial del Centro Democrático, que espera controlar y frenar al petrismo siguiendo las orientaciones de Paloma Valencia, que son las de Uribe.

Nos estamos jugando mucho en esta elección. Candidatos con posibilidades de ser presidentes son Cepeda, el de mayor apoyo, viejo militante comunista que ahora encabeza un petrismo dispuesto a negociar y que ha ofrecido respaldo a una reforma constitucional cuyo contenido no ha precisado pero cuyo sentido estatista ha negado; Paloma Valencia, nieta de grandes propietarios del Cauca y senadora por el uribismo, con un largo enfrentamiento con los indígenas —en 2018 propuso dividir el Cauca para dejar limpia la parte de los propietarios de tierra, lo que hoy sonaría a respaldo a la polarización—, que ahora trata de presentarse como defensora de un esquema razonable, que mezcla argumentos de derecha con gestos de centro; y Abelardo de La Espriella, que podría tratar de imponer la derecha represiva, reimplantar el uribismo de los ‘falsos positivos’ y los paramilitares, y buscar el orden urbano siguiendo el modelo ya ensayado en El Salvador. 

Pero el voto a favor está acompañado por un gran rechazo: Cepeda, Paloma y Abelardo, los más apoyados, son también los que tienen más gente en contra, la que nunca los elegiría. Esto muestra que la polarización se mantendrá, a pesar de que en 2026 el pueblo colombiano parece apoyar un esquema transaccional, un nuevo Frente Nacional retórico adoptado ya por la gran mayoría de los votantes, un ambiente de acuerdos verbales en el que repetiremos una y otra vez que estamos abiertos al diálogo, a las concesiones, al debate, a la aplicación de la ley, pero no a la violencia armada.

La izquierda puede ganar en 2026 y sus opositores, como desde el siglo XIX, dirán que fue por unos electores “ignorantes y primitivos”; la derecha puede ganar en 2030 y los opositores dirán que ganaron las “gentes de bien”. Y seguiremos conviviendo en mundos políticos hostiles, en los que el presidente estará en buena parte paralizado por los políticos del congreso, solo que ojalá con menos violencia armada. La polarización verbal reemplazará la de las armas y —si el centro se pone serio, no tanto en las elecciones, donde no tiene posibilidades, sino más bien en el ambiente político, en los debates institucionales— los insultos podrían ganarle a los asesinatos.

La izquierda puede ganar en 2026 y sus opositores, como desde el siglo XIX, dirán que fue por unos electores ‘ignorantes y primitivos’; la derecha puede ganar en 2030 y los opositores dirán que ganaron las ‘gentes de bien'