La olvidada pero poderosa tradición de izquierda democrática en Colombia

Colombia no tiene una tradición intelectual de reflexión sobre la democracia con una influencia equivalente a los notables aportes que han hecho teóricas y teóricos de otros países de América Latina como, entre otros, los siguientes: en Argentina, Guillermo O´Donnell, Carlos Santiago Nino, Gerardo Munck y Rita Segato; en Bolivia, Silvia Rivera Cusicanqui; en Chile, Norbert Lechner y Julieta Kirkwood; en Brasil, Fernando Henrique Cardozo, Roberto DaMatta y Leila González; en Perú, José Carlos Mariátegui, Alberto Vergara y Marisol de la Cadena; o en México, Leopoldo Zea, Marta Lamas y Marcos Kaplán, nacido argentino pero cuya obra fue realizada en México. 

Especial Imaginar la Democracia

Este menor desarrollo e impacto de una teoría democrática general en Colombia se debe tal vez a que nuestro país ha vivido casi siempre con una cierta estabilidad constitucional, sin conocer largas dictaduras, pero tampoco hemos construido una democracia profunda ya que ésta ha coexistido con violencias intensas, desigualdades agudas y debilidades institucionales. Los colombianos hemos tendido entonces a aceptar como algo normal vivir en democracia, pero ésta no nos entusiasma: la democracia colombiana persiste, pero no seduce. Los intelectuales colombianos no se han preocupado por ello en reflexionar sistemáticamente sobre la democracia: no había que conquistarla (pues ya creemos tenerla), pero tampoco parece ameritar una defensa fogosa, por sus graves deficiencias. 

Los colombianos hemos tendido entonces a aceptar como algo normal vivir en democracia, pero ésta no nos entusiasma: la democracia colombiana persiste, pero no seduce

Las reflexiones colombianas generales sobre la democracia, como lo ha mostrado Jorge Orlando Melo en varios de sus artículos en este proyecto de Imaginar la Democracia, han tendido entonces a ser críticas de la idea misma de democracia: las visiones radicales de derecha, como las de Laureano Gómez, preferían un orden corporativo cercano al franquismo, mientras que las posiciones radicales de izquierda, inspiradas en el leninismo, descalificaron la democracia constitucional como un embeleco burgués, que debía ser sustituido por dictaduras del proletariado.

Sin embargo, que nuestra tradición intelectual sobre la democracia sea menos robusta e influyente que la de otros países latinoamericanos, no quiere decir que carezcamos de reflexiones importantes. Estas existen y son relevantes, en especial para pensar, en forma situada, los problemas de construcción democrática en contextos de violencia y Estado precario. En tal contexto, en este artículo quiero resaltar una tendencia teórica en nuestro país, que en cierta forma ha sido menospreciada pero que considero de enorme importancia: la tradición de izquierda democrática, representada por aquellos intelectuales y políticos que defendieron que era no sólo posible sino necesario luchar al mismo tiempo por la democracia política, el Estado de derecho y la justicia social y la igualdad en todas sus dimensiones. Son autores muy relevantes y diversos que van desde las propuestas de Rafael Uribe Uribe, Gabriel Turbay, Jorge Eliécer Gaitán, Darío Echandía y Antonio García Nossa en la primera mitad del siglo XX, hasta las reflexiones en estas décadas de personas como Carlos Gaviria Díaz. Y desde una perspectiva feminista encontramos las importantes contribuciones de autoras como Magdalena León, María Emma Wills o Julieta Lemaitre, que han analizado desde diversas disciplinas (sociología, ciencia política o derecho) dimensiones poco exploradas de la democracia. 

Es imposible abordar todos estos aportes de una visión de izquierda democrática en Colombia en un artículo, por lo cual, por razones de espacio, me concentro en dos intelectuales y políticos que fueron muy relevantes en distintos momentos de nuestra historia republicana y cuyos planteamientos me han influido mucho: Manuel Murillo Toro en el siglo XIX y Gerardo Molina en el siglo XX. Procedo entonces a resumir los aportes de estos dos autores, para luego terminar con unas breves conclusiones sobre la relevancia política de esta tradición de izquierda democrática. 

Manuel Murillo Toro (1816-1880): un liberal radical igualitario en el siglo XIX 

Murillo Toro fue durante mucho tiempo para mí simplemente uno de los tantos presidentes fugaces que había tenido Colombia durante la Constitución de 1863, en que el período de gobierno era de dos años. Y, bueno, también era el nombre de algún edificio en el centro de Bogotá y del estadio de Ibagué. Nada más. Por ironías de la historia fue un colega argentino quien me avergonzó de mi ignorancia al mostrarme la importancia de Murillo Toro como precursor del constitucionalismo democrático y social. Roberto Gargarella, cuando estaba escribiendo su importante obra sobre el constitucionalismo latinoamericano (La sala de máquinas de la Constitución: dos siglos el constitucionalismo en América Latina (180-2010)), me expresó su admiración por los planteamientos constitucionales y democráticos de Murillo Toro, lo cual me llevó a estudiar mejor el pensamiento de este político tolimense.

Un solo debate de Murillo Toro es suficiente para mostrar su importancia y para situarlo en esta tradición de izquierda democrática. A Murillo Toro le cuestionaron que a mediados del siglo XIX defendiera el sufragio universal con el argumento de que esta medida no era conveniente para la democracia porque la gran mayoría de los ciudadanos no gozaba de suficiente instrucción ni independencia económica para poder votar libremente. El voto universal permitiría entonces, según sus críticos, que los ricos y algunos demagogos se aprovecharan de la ignorancia y la pobreza de amplios sectores de la población para manipular su voto. Y que, por ello, en defensa de las libertades y la democracia, era necesario adoptar el voto censitario y capacitario, esto es, restringir el voto a quienes demostraran cierta riqueza y cierta instrucción.

La respuesta de Murillo Toro se encuentra parcialmente en una carta pública titulada ‘Dejad hacer’ dirigida en contra de un liberal manchesteriano, Miguel Samper, y que fue publicada en un el periódico Neo Granadino en abril de 1853 y que aún hoy vale la pena leerla. 

Murillo Toro reconoce que el sufragio universal es insuficiente y puede incluso ser contraproducente si las personas no tienen la subsistencia asegurada y por ello dependen de otros. Pero la solución no consiste para Murillo Toro en restringir el voto sino en acompañar esa reforma política de las correspondientes reformas económicas y sociales que permitan asegurar la independencia real del sufragante. Para lograr la democracia plena y la independencia del votante, “es necesario que se comience por asegurar la independencia de posición sin la cual no puede haber independencia de carácter”. 

Murillo Toro reconoce que el sufragio universal es insuficiente y puede incluso ser contraproducente si las personas no tienen la subsistencia asegurada y por ello dependen de otros

Para alcanzar esa independencia social del votante, Murillo Toro propone políticas y reformas, que aún hoy son relevantes: i) frente a la confianza ingenua en la sabiduría del mercado asumida por Miguel Samper, Murillo Toro defiende el papel regulador del Estado para contrarrestar las inequidades generadas por el mercado; Murillo propone ii) también profundizar la reforma tributaria que se había expedido a fin de lograr unos impuestos directos realmente progresivos; y, sobre todo, Murillo enfatiza iii) en la necesidad de una reforma agraria, a través de la distribución equitativa de las tierras baldías, lo cual incluía “prohibir las grandes acumulaciones de tierras”. Sus palabras resuenan hoy: “nosotros que aspiramos a vivir bajo la ley de la democracia, no podemos desentendernos de reconstituir la propiedad territorial sobre bases distintas: tenemos que restringir las adquisiciones como hemos prohibido que se compren los votos para las elecciones, sin olvidar que el voto está en relación directa con la tierra”. 

Esta búsqueda de justicia social no llevó nunca a Murillo Toro a sacrificar su compromiso con el Estado de derecho y las libertades, en especial la libertad de prensa, como lo muestra la siguiente anécdota: durante su primer gobierno apareció un periódico llamado El Independiente, que era muy crítico con su gobierno. Murillo le envió entonces una comunicación en la que adjuntaba el recibo de su suscripción al medio y no sólo saludaba su aparición y le deseaba “larga vida”, sino que lo invitaba a que no guardara ningún miramiento con su gobierno y examinara sus actos y su vida privada “flagelando en sus columnas a todos los funcionarios que no sean en público y en privado dignos de servir a nuestro incipiente país”. Según su criterio, a un gobierno “los periódicos que lo atacan o censuran más fuertemente quizás le sirven mejor que aquellos que lo aprueban o sostienen”. Algo que deberían aprender nuestros presidentes latinoamericanos, tan proclives a atacar a la prensa que los critica.

Según Murillo Toro, a un gobierno los periódicos que lo atacan o censuran más fuertemente quizás le sirven mejor que aquellos que lo aprueban o sostienen

Murillo Toro es el teórico de la izquierda democrática en una época lejana en que aún había que luchar por ampliar la democracia política, como lo muestra el debate sobre el voto universal masculino, que en Colombia tuvo en ese momento una existencia fugaz pues fue adoptado en la Constitución de 1853 pero revertido en las constituciones ulteriores. Por eso, el voto universal masculino sólo será alcanzado con la reforma constitucional de 1936 y habrá que esperar 20 años más para que fuera reconocido el voto a las mujeres. Frente a visiones elitistas de la democracia, que buscaban revertir el paso audaz de la Constitución de 1853 y retornar al pasado restableciendo el voto censitario y capacitario, por los riesgos del voto universal en una sociedad con pobreza extendida y educación limitada, Murillo Toro planteó lúcidamente que la salida no era el pasado sino un salto hacia el futuro. Era necesario complementar la democracia política con una especie de democracia económica basada en la reforma agraria, el impuesto progresivo y la garantía de la educación para todas las personas, pero sin sacrificar las libertades y el Estado de derecho en esta lucha por la justicia social. Esa perspectiva teórica será retomada y profundizada por Gerardo Molina un siglo más tarde. 

Gerardo Molina (1906-1991): el teórico de la libertad y la democracia social en el siglo XX

Gerardo Molina fue no sólo un político importante y uno de los mejores y más recordados rectores de la Universidad Nacional y de la Universidad Libre: fue también un gran intelectual. Molina, junto con Antonio García Nossa (el gran economista, no el terrible jefe del ELN), fueron tal vez los dos teóricos más importantes del socialismo democrático en Colombia entre 1950 y 1990. 

Molina publicó varios libros importantes que aún hoy son consultados, en especial sus tres tomos de Historia de las ideas liberales en Colombia 1849-1949, que representan una de los mejores ejemplos de reconstrucción de la evolución del pensamiento político colombiano. Sin embargo, en este artículo quiero concentrarme en otro texto, que es menos conocido pero que es una joya por su reflexión sobre la democracia: su libro Proceso y destino de la libertad, el cual, como lo ha resaltado Gonzalo Cataño, uno de sus grandes divulgadores, fue el primer gran libro de Molina, pero también… su último gran libro. La razón de esta paradoja es que la primera edición del texto fue publicada en 1955, en plena dictadura militar, y fue la primera publicación académica importante de Molina. Y la segunda edición, ampliamente corregida y actualizada, fue publicada en 1989, poco antes de su muerte, con lo cual recoge sus últimas reflexiones. No es pues arbitrario pensar que este texto condensa el pensamiento de Molina.

Este libro, que Ricardo Sánchez considera con razón que es “la primera obra de teoría de las ideas políticas de rigor científico, escrita por un colombiano”, sigue siendo un texto que aún hoy vale la pena ser leído y estudiado. Molina hace un recorrido apasionante sobre la evolución filosófica del concepto de libertad desde la Revolución Francesa hasta los años ochenta del siglo XX, pero que no se queda en la discusión de las ideas, sino que muestra su pertinencia para enfrentar los problemas de la Colombia de finales del siglo XX. 

Molina empieza por el concepto estrictamente liberal de la libertad: la llamada libertad-seguridad, que asocia a esencialmente Montesquieu y que tiene dos componentes: el sentimiento de tranquilidad que surge de sentirnos seguros y la protección de nuestra autonomía, esto es, que ni el Estado ni los otros nos impongan restricciones indebidas a lo queremos ser y hacer. Esta dimensión de la libertad correspondería hoy, dirían los constitucionalistas, al derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

Molina considera que esa libertad-seguridad es esencial y debe ser protegida pero que es insuficiente y por ello debe ser complementada con otras dos dimensiones de libertad. De un lado, es necesario también avanzar a la libertad-participación, que es la que nos permite participar a todas y todos, en forma igualitaria, en las decisiones colectivas, con lo cual Molina se sitúa en las perspectivas que buscan reconciliar la democracia, fundada en la soberanía popular y que implica el voto universal y el robustecimiento de los mecanismos de participación, y liberalismo, que busca amparar las libertades, incluso contra las mayorías opresivas. 

Pero, de otro lado, Molina, en la línea de Murillo Toro, considera que la democracia liberal es insuficiente por cuanto es insensible a las penurias materiales de gran parte de las personas, quienes, debido a esas precariedades, no logran ejercer realmente la libertad ni en la esfera privada ni en la esfera pública y política. Y que por ello era necesario complementar la democracia liberal con una forma de socialismo, que permitiera una redistribución de la riqueza y una superación de las privaciones materiales, que impiden el ejercicio real de la libertad. 

Gerardo Molina considera que la democracia liberal es insuficiente por cuanto es insensible a las penurias materiales de gran parte de las personas, quienes, debido a esas precariedades, no logran ejercer realmente la libertad

Este esfuerzo por armonizar liberalismo y socialismo puede sonar loco a los ortodoxos de derecha o izquierda que consideran que entre ambos hay una contradicción insalvable: que quien defienda las libertades y combata la arbitrariedad, como lo hace el liberalismo, tiene que oponerse a cualquier ideal socialista por cuanto, como diría el neoliberal Hayek, la justicia social es un espejismo que conduce a la servidumbre. Y que quien defienda la justicia social, como lo hace el socialismo, tiene que oponerse al liberalismo que, como diría Lenin, protege libertades burguesas que hacen imposible el socialismo.

Molina pensaba distinto: creía que el ideal liberal de que el Estado proteja nuestra autonomía para que podamos desarrollar nuestro proyecto de vida tiene sentido y debe ser mantenido. Pero también que el liberalismo individualista que defiende un mercado sin restricciones es insuficiente por su insensibilidad frente a las desigualdades sociales y a las privaciones materiales, que hacen que para las grandes mayorías las libertades reconocidas no sean reales. Por eso, la promesa del liberalismo de igual libertad para todos sólo podría alcanzarse, según Molina, en el socialismo, que precisamente busca la “liberación de la necesidad”. Pero en su visión, el socialismo sólo tendría sentido emancipatorio si preserva las libertades y combate todo autoritarismo. Defendió entonces un socialismo democrático, respetuoso del Estado de derecho, pues consideraba que el socialismo genuino era “un hijo directo del liberalismo”, que lo perfeccionaba al superar sus limitaciones.

Según Gerardo Molina, el socialismo sólo tendría sentido emancipatorio si preserva las libertades y combate todo autoritarismo

Molina veía entonces —como lo desarrolla en _Proceso y destino de la libertad_— complementariedad entre las libertades individuales del liberalismo, la participación ampliada de la ciudadanía defendida por los demócratas y la liberación de las privaciones materiales propugnada por los socialistas. Molina no ignoraba las tensiones entre esas tradiciones ideológicas, pero creía que podían ser armonizadas creativamente en una forma de socialismo democrático, que debía ser conquistado y defendido por medio de las libertades democráticas, lo cual explica su rechazo a la dictadura del proletariado y a la lucha armada. 

Personalmente me aparto de algunos aspectos de la visión de Molina en puntos que no son menores. En particular, Molina consideraba necesaria la superación del capitalismo a través de un socialismo que suprimiera la propiedad privada de los medios de producción, mientras que yo soy escéptico frente a las experiencias socialistas que eliminan totalmente esta propiedad privada, por cuanto comparto la tesis de Thomas Picketti de que el marxismo no ha dado una respuesta satisfactoria a cómo organizar, sin caer en el totalitarismo social y económico, una sociedad en donde el capital privado haya sido totalmente abolido. Por eso hoy admito que el mercado y cierta propiedad privada sobre los medios de producción juegan un papel necesario y positivo en las modernas democracias y economías postindustriales, pero siempre y cuando estén limitados por los derechos humanos y regulados y controlados democráticamente. Por ello soy partidario de una economía social de mercado, domesticada por la democracia y los derechos sociales, esto es, de alguna forma de Estado social y democrático de derecho como el previsto en nuestra Constitución de 1991. Sin embargo, a pesar de esas diferencias, comparto el espíritu democrático, libertario e igualitario del pensamiento de Molina, que sigue vigente.

Reflexiones finales: la relevancia actual de esta tradición de izquierda democrática 

Molina y Murillo Toro, en siglos distintos, son representantes conspicuos de una tradición de izquierda democrática, que considera que la democracia y sus libertades exigen la garantía de los derechos sociales —como la educación, la salud, la vivienda, etc.— para que las libertades democráticas puedan ser efectivamente ejercidas. Y que esto exige un Estado comprometido con la eliminación de las desigualdades corrosivas, que impiden el goce efectivo de esos derechos sociales y amenazan la cohesión democrática. Pero, igualmente, ambos autores rechazan los autoritarismos de izquierda y por ello consideraban que esta lucha por la justicia social no podía justificar el abandono de la democracia y del Estado de derecho. 

El proyecto defendido por esta izquierda democrática debe ser entonces por materializar al mismo tiempo la ciudadanía civil (asociada a los derechos liberales), la ciudadanía política (asociada a los derechos políticos) y la ciudadanía social (asociada a los derechos sociales), según la conocida distinción tripartita propuesta por el sociólogo británico Thomas Marshall en su influyente artículo ‘Ciudadanía y clase social’ publicado en la misma época en que Molina trabajaba su libro Proceso y destino de la libertad.

Esta apuesta teórica mantiene no sólo un gran valor académico, sino que adquiere una particular relevancia política en la realidad actual de Colombia y América Latina frente a las posiciones que quieren, desde ciertas derechas, una democracia sin igualdad ni derechos sociales o, desde ciertas izquierdas, el logro de la igualdad y los derechos sociales, pero sin democracia. Lo que necesitamos es una democracia respetuosa del Estado de derecho y las libertades, y capaz de asegurar los derechos sociales.