Letras prohibidas: la vieja tentación de censurar libros en Colombia

“Este evento se cancela. En Medellín nunca tendrá espacio la apología al terrorismo. Acabo de ordenar la cancelación de este evento en la Biblioteca Pública Piloto. El M-19 no fue un 'relato romántico': fue un grupo armado terrorista que dejó víctimas, dolor y muerte en Colombia. Recordemos el holocausto del Palacio de Justicia”, escribió en su cuenta de X el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, once minutos antes de que empezara la presentación del libro El M-19. De la guerra a la política en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. A pesar de que el libro es una investigación que empezó como la tesis de maestría del investigador Jaime Rafael Nieto, y que según el autor “cuestiona al establecimiento y al mismo M-19”, tanto él, como los otros dos panelistas que iban a participar del lanzamiento, se enteraron cinco minutos antes de la censura del evento por parte de la máxima autoridad de la ciudad. 

Lo anterior pasó el 21 de abril de 2026, doscientos años después de ese domingo decembrino de 1793 en el que Antonio Nariño salió de su imprenta, en la plazuela de San Carlos de Santafé de Bogotá, con 100 copias debajo del brazo. Las impresiones contenían la traducción que hizo el propio Nariño de Los Derechos del Hombre, que extrajo y tradujo, con su puño y letra, del tomo tercero de la Historia de la revolución de 1789 y el establecimiento de una Constitución en Francia, escrita por François Marie de Kerversau y G. Clavelin. El libro se lo había prestado Cayetano Ramírez, capitán de caballería y sobrino del virrey, don José de Ezpeleta.  

Se sabe que después de la misa dominical, Nariño vendió dos ejemplares, uno de ellos al médico francés Luis de Rieux y otro a un tal José María Cabal, amigo de un amigo suyo. Pero rápidamente, por consejo de otro amigo, Ignacio Sánchez Tejada, el santafereño suspendió la venta de las copias, según declaró en su defensa ante la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá: “porque un amigo me advirtió que, atendidas las delicadas circunstancias del tiempo, este papel podía ser perjudicial”. 

Para el virreinato, sin embargo, el daño ya estaba hecho. Unos meses después de aquél domingo, el virrey Ezpeleta afirmó ante los gobernadores provinciales que el objetivo del texto de un pliego que tradujo y copió Nariño era el de “seducir a las gentes fáciles e incautas, con especies dirigidas a favorecer la libertad de religión y a turbar el buen orden y gobierno establecido en estos dominios de Su Majestad”. El 29 de agosto de 1794, el Tribunal de Inquisición de Cartagena empezó la investigación oficial contra Nariño, acusado de promover principios anticristianos y antimonárquicos, y de instigar a la subversión.

Diez años de prisión en África, la confiscación de todos sus bienes—incluidos la biblioteca y su taller de imprenta— y el destierro de América fue el castigo, consignado en la sentencia emitida el 28 de noviembre de 1795 por la Real Audiencia. “La Audiencia que conoce el carácter y conducta de este reo infiere otras consecuencias, creyendo firmemente que por la impresión del papel procuró cuanto pudo de su parte propagar estas ideas para que a imitación de los franceses se sembrase en este Reino la discordia, la insubordinación, la independencia, la libertad”, se lee en el documento histórico. 

El impresor de Nariño, de apellido Espinosa, fue condenado a trabajar en las fábricas de Cartagena por tres años, a destierro perpetuo de la capital e inhabilitado para ejercer su oficio. El abogado que asumió su defensa, de apellido Ricaurte, murió tras diez años de prisión en Cartagena por haberle prestado sus servicios legales en el pleito. La plaza mayor de Santafé vio arder el libro original del que Nariño tradujo los Derechos del Hombre. Así se consumó el primer castigo a manos de la burocracia censora en razón de un manuscrito de un ciudadano nacido en estas tierras. 

“Fíjese que desde el caso fundacional de Antonio Nariño, la censura mostró sus dos caras: la de control moral basada en los dogmas católicos, y la de control político, basada en defender el orden político establecido (la monarquía en ese entonces)”, le dijo a este medio el intelectual Mario Jursich. 

Del Index Librorum Prohibitorum a Novelistas malos y buenos, el catálogo escrito en Colombia con más de 4.000 autores prohibidos

No se puede entender la censura de libros en el mundo hispano sin poner en el centro al Index Librorum Prohibitorum, el catálogo oficial de la Iglesia Católica que enlistó, desde 1564 hasta 1966, las publicaciones que esta consideraba heréticas, inmorales o perniciosas para la fe. Acá, en el Nuevo Reino de Granada, el trabajo de censura corrió, principalmente, por cuenta del Tribunal de Inquisición de Cartagena, fundado el 30 de noviembre de 1610 y cuya operación se sostuvo hasta 1821, cuando fue clausurado en el marco de la Independencia de Colombia. 

Este tribunal revisaba los cargamentos que llegaban por mar para detectar obras prohibidas antes de que circularan, confiscaba los libros sospechosos mientras decidía si debían destruirse o expugnarse (circular, pero con correcciones), y recibía la denuncias sobre libros prohibidos en circulación. Fue el caso de Antonio Nariño, acusado por el español Francisco Carrasco.  

En cuanto a los centros de imprenta, en el Nuevo Reino de Granada solo los hubo dos: en Cartagena de Indias y en Santafé de Bogotá, y siempre bajo el ordenamiento y la vigilancia de la Iglesia o de la Corona. En la teoría, esto cambió con la Ley sobre la Libertad de Imprenta, aprobada el 14 de septiembre de 1821, en el Congreso de Cúcuta, que estableció la creación del jurado de imprenta: un mecanismo civil, separado de la Iglesia y los jueces ordinarios, encargado de juzgar los abusos de las publicaciones escritas, incluida la prensa. Pero en la práctica, anota Jursich, la ley siguió siendo muy restrictiva: “los autores que escribían en contra de la religión siguieron siendo considerados como subversivos; los que perturbaban el orden público, como sediciosos, y los que atentaban contra la moral, como obscenos”. 

La censura (con quema de libros incluida) volvió a la esfera política cuando en 1866 el presidente Tomás Cipriano de Mosquera, a través de un decreto presidencial de incineración, mandó a quemar todos los ejemplares disponibles de la Geografía General de los Estados Unidos de Colombia, publicada en 1865 por el prolífico geógrafo Felipe Pérez. El argumento que dio el presidente Mosquera fue que, en su Geografía, Pérez hacía una descripción territorial de los límites de Colombia con Brasil que resultaba favorable para los intereses expansionistas de ese país en el Amazonas. Solo tres copias del libro original se salvaron de la hoguera. 

Fue el presidente Rafael Núñez quien, un año después, volvió a inclinarse ante la autoridad moral y censora de la Iglesia católica. El 31 de diciembre de 1877, en Roma, se reunió con el cardenal Mariano Rampolla para firmar el Concordato de Núñez, o Ley 35 de 1888. El artículo 12 de la ley reza: “El arzobispo de Bogotá designará los libros que han de servir de textos para la religión y la moral en las universidades; y con el fin de asegurar la uniformidad de la enseñanza en las materias indicadas, este prelado de acuerdo con los otros ordinarios diocesanos elegirá los textos para los demás planteles de enseñanza oficial”; el 13: “El Gobierno impedirá que en el desempeño de asignaturas literarias, científicas y, en general, en todos los ramos de instrucción, se propaguen ideas contrarias al dogma católico y al respeto y veneración debido a la Iglesia”, y el 14: “En el caso de que la enseñanza de la religión y la moral, a pesar de las órdenes y prevenciones del Gobierno, no sea conforme a la doctrina católica, el respectivo ordinario diocesano podrá retirar a los profesores y maestros la facultad de enseñar tales materias.”

El Concordato de Núñez labró el terreno institucional para que, en 1910, el sacerdote jesuita Ladrón de Guevara, que llegó desde España a Colombia en 1903, se osara a sacar a la luz la versión criolla, y en esteroides, del Index Librorum Prohibitorum: novelistas malos y buenos. “Él solo, en la fría Bogotá, en el altiplano cundiboyacense”, escribe Juan Camilo Rodríguez en el prólogo de la edición del libro que hizo la editorial Planeta, “se embarca en un trabajo que supera con creces al de varios lectores-censores del Vaticano”. Rodríguez se refiere a los 2.057 autores que, implacable y condenatorio, León Guevara reseñó en su primera edición.  Su censura virulenta disparó contra autores españoles, belgas, portugueses, italianos, alemanes, colombianos, ingleses. Cuentistas, filósofos, narradores. Le dio palo, con especial saña, a Émile Zola, de Maupassant, Poe, Baudelaire, Dumas y Boccaccio. 

Sobre Jorge Issacs, autor de María, escribió: “Es reprensible la morosidad en dar cuenta del baño que a Efraín preparaba María, esparciendo el agua de flores… Lo que no puede pasar es el pasaje de la ida de aquel con Salomé, joven harto ligera, por aquellas soledades del río, con lo demás que allá se cuenta. La sensualidad y peligro aquí nos parecen claro, sobrando para los jóvenes lo inquietante y perturbador”. 

Sobre José María Vargas Vila, uno de los novelistas colombianos más perseguidos y censurados, exiliado por cuenta de sus libros, reseñó: “Sentimos verdaderamente que sea de esta cristiana república este señor, de quien nos vemos precisados a decir que es un impío furibundo, desbocado blasfemo, desvergonzado calumniador… Inventor de palabras estrambóticas y, en algunas de sus obras, de una puntuación y ortografía en parte propia de perezosos e ignorantes”.

La censura de Rojas Pinilla y su guerra contra las publicaciones marxistas

Es de conocimiento público el talante censor de Rojas Pinilla, quien de forma inédita le entregó el ejercicio de la censura al Comando General de las Fuerzas Armadas. Las imprentas debían estar registradas ante el Estado y los periódicos debieron aceptar la presencia militar, así como su deliberación sobre los textos periodísticos que podían o no ver la luz. El Tiempo, El Espectador, Diario Gráfico, Nuevos Signos y Voces Nuevas y Vanguardia del Pueblo fueron los medios de mayor renombre que durante la dictadura fueron clausurados, suspendidos o directamente cerrados. 

En cuanto a la literatura, el régimen se ensañó explícitamente en contra de las publicaciones marxistas o favorables al comunismo. El decreto 434 del 1° de marzo de 1956, asume como criminal a quien “redacte documentos, panfletos, hojas volantes, libros o cualquier otro tipo de publicaciones en apoyo de los fines u objetivos del comunismo, o los distribuya, embarque o remita como propaganda”. 

El Sistema Colombiano de Inteligencia, que fue la entidad burocrática con la que Rojas Pinilla hizo cacería de autores, editores, distribuidores e importadores de panfletos o literatura marxista y comunista, en 1960 pasó a llamarse Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Con ese nombre, recuerda Jursich, la entidad persiguió con obsesión un libro “que circulaba fotocopiado y mimeografiado por todas partes y que enseñaba a fabricar explosivos caseros”. 

Quema de libros en Bucaramanga, Los jinetes de la cocaína y los ‘narcos’ como censores

El 13 de mayo de 1978, un grupo de la Organización Tradición, Familia y Propiedad se reunió en el parque San Pío X, en Bucaramanga, para consumar la ceremonia, en homenaje y desagravio a la Virgen María, de quema de periódicos, revistas, y libros considerados como inmorales o pornográficos. Marx, Rousseau y Gabriel García Márquez ardieron en la hoguera bajo la dirección —según lo denunció el periodista Daniel Coronell— del exprocurador Alejandro Ordoñez, que entonces tenía 24 años. Esa noche, uno de los hitos contemporáneos de la censura y quema de libros en Colombia, ante los ojos de un grupo de niños que fueron convocados por la organización —con origen en una facción católica de la extrema derecha brasileña en1960—, ardió, además, una Biblia protestante. 

El siguiente hito ocurrió una década después. Como una suerte de epílogo al asesinato del ex director de El Espectador, Guillermo Cano, a quien Pablo Escobar mandó a matar, apreció en las librerías Los jinetes de la cocaína, del periodista Fabio Castillo. El libro llamó la atención por ser quizá la primera cartografía periodística de la formación de los carteles en Colombia y su modus operandi para permear la política, el deporte, los grupos guerrilleros, las élites. Y se convirtió en un ‘fenómeno editorial’ porque, según lo sugieren periodistas y académicos, entre los que se cuenta Mario Jursich, todo indica a que la mafia, para censurar su lectura, se propuso comprar todos los ejemplares disponibles.  

Castillo, que en su investigación se osó a enlistar con nombre propio a los narcotraficantes más relevantes del panorama mafioso en Colombia, enlistó también buques y lanchas específicas usadas para el contrabando, y los aeropuertos clandestinos que soportaban el sangriento y millonario negocio. Ese mismo año, para no correr con la misma suerte de Cano, Fabio Castillo se exilió. Quito, Miami, Madrid y París, siempre usando identidades falsas, fueron los destinos del exilio que debió pagar escribir y publicar con rigor un libro profundamente incómodo para los capos. Iglesia, Estado, dictadores, narcos: la censura de libros en Colombia es transversal y variopinta. 

Bonustrack: Lo que el cielo no perdona, Que viva la música y el poder del decoro como censura

A finales de los años noventa, Gabriel Iriarte fue el editor en jefe de la Lista Negra, una colección de libros prohibidos (de Colombia y otras partes del mundo) que, bajo el sello de la editorial Planeta volvieron a las librerías del país como un ejercicio de memoria y arqueología de la censura. Los títulos de los libros colombianos incluidos en la colección, cuyos autores, casi en todos los casos fueron amenazados de muerte, son elocuentes para intuir su censura. 

Laureano Gómez. Psicoanálisis de un resentido, publicado por José Francisco Socarrás como una crítica feroz en contra del entonces líder conservador y director del diario El Siglo; Entre la libertad y el miedo, la cruda investigación sobre las dictaduras de América Latina que convirtió a Germán Arciniegas ser uno de los intelectuales más perseguidos del continente; Estudio sobre la vida de Bolívar, la versión crítica y nada favorable del Libertador que escribió José Rafael Samudio en 1925 y que le valió el epíteto de “hijo indigno de Colombia” por parte de la Sociedad Bolivariana de Colombia, la reprobación de la Academia Colombiana de Historia y la quema de algunos ejemplares, son algunos de los casos incluidos. 

Sobre Lo que el cielo no perdona, un libro escrito por el sacerdote Fidel Blandón Berrío y publicado en 1954, y uno de los presentes en la Lista Negra, el propio Gabriel Iriarte nos dijo que la fascinación por la publicación surgió cuando, por “sus pesquisas”, descubrió que la feroz denuncia sobre la violencia de los chulavitas y demás actores de los años de La Violencia no había sido escrito, como se pensó por mucho tiempo, por el escritor Ernesto León Herrera, sino por el sacerdote Blandón, que tuvo que cambiar su nombre por la feroz persecución conservadora y eclesiástica. “De eso se trató la colección: de hacer arqueología y volver a traer a la discusión libros importantísimos y contar cómo y por qué fueron perseguidos”, dice Iriarte. Otra de las obras incluidas en la colección es El Liberalismo no es pecado, de Rafael Uribe Uribe, el único libro colombiano en ganarse el honor de estar entre la lista negra del Index Librorum Prohibitorum del Vaticano. 

Para pensar la censura más contemporánea, dice Jursich, no hay que olvidarse del sempiterno poder del decoro y la autocensura. El editor se muere de risa al recordar las palabrejas que en este país se han puesto en uso para hablar del pene y de la vagina. “La ‘Fidel Castro’ le decían a la vagina en La Guajira cuando todavía no estaba de moda depilarse; y ‘El niño bolsomito’ era el término para el pene en Barbacoas, Nariño”, se acuerda. 

Ese mismo temblor por el decoro, la moral y las buenas costumbres, fue el que llevó a la editorial Canal y Asociados, que publicó la primera edición de Qué viva la música de Andrés Caicedo, a mandarle esta carta a Juan Gustavo Cobo, director del entonces Instituto Colombiano de Cultura,  para curarse en salud por las interpretaciones perniciosas que el libro del genio suicida podía generar en las gentes de bien de el país del Divino Niño.