¿Corrupción en el OCAD Paz? Las denuncias contra el discreto poder que decide el destino de billonarios recursos
Las sesiones del 17 de julio y del 23 de febrero de 2026, del OCAD Paz, en las que se aprobó el destino de 2.9 billones de pesos, desataron denuncias, tensiones y sospechas de corrupción. Fotoilustración: Kim Vega - CAMBIO.
El OCAD Paz, una instancia en la que tres personas deciden el destino de billonarios recursos públicos, ha quedado en entredicho por denuncias de direccionamiento de proyectos, incumplimiento de criterios técnicos y presunto pago de coimas. CAMBIO revela el escándalo que estalló tras las dos sesiones de 2026, en las que se aprobaron proyectos por 2,9 billones de pesos. La gravedad de las denuncias llevó incluso a un alto funcionario del gobierno Petro a proponer que el OCAD Paz desaparezca.
Por: Ana María Cuesta
“Aquí hay una banda criminal con los recursos de las víctimas. Un concierto para delinquir. Una banda organizada que se está llevando los recursos”: Ecequiel Salcedo, alcalde de Morales.
La última sesión del OCAD Paz, celebrada el 17 de julio, volvió a poner bajo la lupa el manejo de las regalías para la paz. Ese día se aprobaron 44 proyectos por cerca de un billón de pesos y, en varios casos, se dejó de lado el orden de elegibilidad fijado por los puntajes técnicos definidos en los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación. La decisión reavivó las denuncias sobre una presunta red de corrupción enquistada en la instancia encargada de distribuir esos recursos.
Desde 2017, tres actores: un alcalde, un gobernador y un funcionario del gobierno nacional, han ejercido un discreto, pero inmenso poder al interior del OCAD Paz, un Órgano Colegiado de Administración y Decisión que ha repartido en la última década 12 billones de pesos en más de 1.350 proyectos para los llamados municipios PDET.
CAMBIO accedió a varias denuncias y entrevistó alcaldes, gobernadores y funcionarios para reconstruir por qué las irregularidades con los recursos de las regalías para la paz, y el presunto pago de millonarias coimas de entre el 3 y el 12 por ciento, parecen un pozo sin fondo. La investigación analiza las prácticas que ocurrieron en las sesiones del 17 de julio y del 23 de febrero, en las que se aprobaron proyectos por 2.9 billones de pesos.
El gobierno de Gustavo Petro, que en 2023 intentó blindar de corrupción el esquema del OCAD con la incorporación de tres lineamientos técnicos, hoy admite que es necesario abrir un debate nacional para acabar con una instancia que considera de fácil penetración.
“Obturar las prácticas de corrupción y volver a un sistema, a un proceso más ético, implica decisiones de fondo. Y yo creo que de fondo debería pensarse en acabar el OCAD PAZ”, le señaló a CAMBIO el director de la Agencia de Renovación del Territorio Raúl Delgado, quien ha participado, con voz y sin voto, de todas las sesiones del organismo que propone acabar.
“Esto es un negocio de dos o tres personas”, admite otro gobernador, quien confirmó a CAMBIO que le pidieron coimas a las que no habría accedido. "Recibí una llamada en la que me dijeron 'hay un temita que está listo y hay que cumplir'. Pero respondí 'yo no me voy a prestar'", contó otro mandatario que pidió permanecer en el anonimato.
El OCAD de julio
“¿Por qué no tenemos hoy un proyecto? Porque nosotros no pagamos las coimas. Y si no pagamos, nos bajan. Nos bajaron del caballo por no pagar las coimas. Eso es textualmente lo que pasó. Es gravísimo”.
El que habla es Ecequiel Salcedo, alcalde de Morales, un municipio del sur de Bolívar con más de 26.000 habitantes que hace parte de un grupo de 170 municipios priorizados, desde la firma del acuerdo de paz con las Farc, por su pobreza, por la sangre que derramaron en el conflicto y por otros factores, como la presencia de economías ilícitas.
Los alcaldes de los 170 municipios PDET, como se les conoce por sus Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, compiten cada año en el OCAD Paz, instancia en la que bastan dos votos para avalar los millonarios proyectos que postulan en las convocatorias. Esos mismos dos votos también son suficientes para designar al ejecutor de las iniciativas. Entre los posibles ejecutores figuran los llamados fondos mixtos, entidades con participación pública y privada que pueden administrar proyectos financiados con recursos de regalías y cuya contratación no se rige íntegramente por la Ley 80. Varias de las fuentes consultadas por CAMBIO sostienen que esa facultad ha permitido favorecer de manera recurrente a determinados fondos mixtos y asociaciones, a los que denominan "contrataderos".
¿Dónde estaría el negocio oscuro? Varias fuentes advierten que hay lineamientos dispuestos por el Departamento de Planeación Nacional desde el 2023 con los que se otorgan puntajes, en un orden, a los proyectos que clasifican tras una rigurosa selección. Respetar los puntajes es crucial, pues en el OCAD se deciden 16 bolsas con millonarios recursos y sólo se avalan los proyectos que alcancen con los millones dispuestos.
"Nosotros aquí en el sur de Bolívar, teníamos una bolsa con 153.000 millones de pesos y calificaron 11 proyectos que sumaban alrededor de 230.000 millones. ¿Qué quiere decir? que la plata no alcanzaba para todos. Y como no alcanzaba para todos, pues había que sacar a algunos. Y la norma habla de que cuando ocurre esto, pues se escogería por puntajes", le contó a CAMBIO el alcalde Salcedo.
Salcedo denunció que en el OCAD del 17 de julio no se respetó la prioridad que tenían tres proyectos que obtuvieron puntajes más altos (los de Morales, Santa Rosa del Sur y Yondó). Es una movida que el alcalde solo explica con el supuesto pago de coimas, pues no entiende cómo priorizaron dos proyectos que obtuvieron los últimos puntajes, en los puestos 10 y 11, por encima de otros que quedaron de primeros.
"¿Cómo entiende usted que Santa Rosa, que tiene 71,50 puntos, con un proyecto de 24.000 millones de pesos para una vía, lo bajan para meter un proyecto de asociaciones productivas? ¿Cómo bajan a Morales con 67.43 puntos y cómo bajan del caballo a Yondó? Es porque ahí hay un pago de coimas grandísimas en eso, coimas que pensaría que van desde el 3 por ciento al 10 por ciento", señaló Salcedo.
"En el puesto 10 estaba Cantagallo con 52.30 puntos y no alcanzaba la plata para ellos. Y en el puesto 11 estaba Simití y tampoco alcanzaba la plata para ellos. Lo curioso es que ambos pasaron al primer lugar. En estos dos últimos proyectos se llevaron 70.000 millones de pesos, dejando sin opción a Morales, Santa Rosa y Yondó, quienes ya presentamos una acción de tutela", añadió.
En ese OCAD quienes votaron por saltarse el orden de los proyectos fueron el alcalde del Carmen de Bolívar Pedro Vásquez, elegido como vocero de los alcaldes para el 2026 —tras un proceso electoral ampliamente criticado que realiza la Federación Nacional de Municipios—, y el gobernador del Guaviare, Yeison Rojas. El delegado del gobierno Diego Charry, asesor de la Oficina del Comisionado de Paz, se apartó de la decisión.
"Como en este caso especial, no alcanza la plata para la bolsa, entonces no les importa el puntaje, sino que el que me dé más plata, ese metemos", amplió Salcedo.
A todo esto se suma el hecho de que el alcalde Vásquez, del Carmen de Bolívar, aprobó para su propio municipio una adición presupuestal de 22.000 millones de pesos para un proyecto de "implementación de estrategias para la productividad, rentabilidad y la sostenibilidad ambiental de las unidades productivas agroindustriales", que previamente había recibido otros 54 mil millones de pesos y que, de acuerdo con la Contraloría, presentaba una baja ejecución física.
"Ese fue aprobado en su momento por 54.500 millones y a pesar de un control de advertencia de la Contraloría que sostenía que no se podía hacer esa adición porque iba una ejecución bajísima, mientras la ejecución financiera estaba por encima del 95 por ciento, fue aprobado. Y en ese momento yo sí pedí una explicación a alguien de nuestro propio gobierno, a la funcionaria que envió ese día el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Pero la funcionaria salió en defensa de esta decisión", le dijo a CAMBIO Raúl Delgado, el director de la Agencia Nacional del Territorio.
En esa sesión también se le adjudicó a la Asociación de Municipios del Golfo de Morrosquillo (ASOMOR) un proyecto bovino por 29.663 millones de pesos que la Alcaldía de Chaparral, Tolima, pedía ejecutar directamente.
"Los que votaron por gobernaciones y alcaldías pidieron cambiar el ejecutor sin consentimiento del alcalde, porque yo le pedimos que si había alguna carta pidiendo el cambio de ejecutor, y no la había. El doctor Charry y yo preguntamos por qué eligieron a una asociación del Golfo de Morrosquillo para un trabajo en el sur del Tolima. Y pedimos que se indicara el índice de ejecución de regalías entre el municipio de Chaparral y la Asociación del Golfo de Morrosquillo. Mejor puntaje tenía Chaparral (100 puntos) que el Golfo de Morrosquillo (2 puntos) y, a pesar de eso, cambiaron el ejecutor", denunció Delgado en diálogo con CAMBIO.
Consulte en el siguiente video la entrevista completa con el alcalde de Morales, Ecequiel Salcedo
Consulte en el siguiente video la entrevista completa con el director de la ART, Raúl Delgado
El OCAD de febrero
Pero las presuntas irregularidades no paran allí. En el OCAD Paz que culminó el 23 de febrero, en el que tuvieron poder de voto el alcalde de Florencia, Caquetá, Marlon Monsalve, y la gobernadora del Cesar, Elvia Sanjuán, junto al delegado del comisionado de paz Diego Charry, también se presentó la situación de avalar proyectos desconociendo los mayores puntajes.
CAMBIO cruzó, con herramientas de análisis asistidas por inteligencia artificial, los listados oficiales de elegibilidad, los puntajes técnicos y las decisiones adoptadas por el OCAD Paz. El análisis identificó que 23 de los 97 proyectos aprobados —el 23,7 por ciento del total, por 1,9 billones de pesos— fueron avalados pese a que en su misma subregión existía al menos un proyecto con un puntaje superior que quedó por fuera. Extraoficialmente, fuentes del gobierno le indicaron a CAMBIO que en el segundo bienio 2025-2026 al menos el 35 por ciento de los proyectos se ha dado saltándose otros de puntajes más altos.
Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, quien participó de varias sesiones del OCAD Paz durante 2023 y 2024, le aseguró a CAMBIO que en esos años "los miembros de OCAD atendieron el orden de elegibilidad para votar y se votaba en su mayoría negativo para la designación a los fondos mixtos".
En contraste, señala que en 2025 y 2026 "se incrementa de manera exponencial la aprobación para la designación a los fondos mixtos y adicionalmente se desconoce totalmente el orden de elegibilidad, con el incremento significativo de las denuncias presentadas en cada sesión. Lo que puede inferirse es que se continúa con las prácticas de corrupción pero con nuevas modalidades".
El mismo 23 de febrero, el delegado de la Procuraduría General de la Nación José Darío Castro confirmó este punto: "para los años 2024 al 2025 se incrementó en más del 100% la designación de ejecutor de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías a fondos mixtos".
En la sesión 86 del OCAD PAZ del 23 de febrero, se presentaron, además, 27 denuncias a las que la Secretaría Técnica del OCAD, ejercida por Planeación Nacional, trasladó a la Fiscalía y entes de control. Seis de esas denuncias advertían actos de corrupción y una de ellas se dirigió directamente contra el alcalde de Florencia, Marlon Monsalve, a quien señalaban, presuntamente, de pedir coimas de entre el 5 y 7 por ciento. Situación que hoy es indagada por la Procuraduría.
CAMBIO contactó al alcalde de Florencia, señalado en la denuncia, y expresó que consultará con su abogado los hechos antes de pronunciarse. Otros alcaldes y gobernadores con los que este medio habló pidieron quedar en el anonimato y expresaron reparos sobre la gestión de Monsalve.
No obstante, en la misma sesión, la gobernadora del Cesar Elvia Sanjuán y el secretario para la transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, se manifestaron en defensa de la presunción de inocencia del alcalde de Florencia.
“Formular acusaciones de corrupción no es un asunto menor, pues hoy pueden recaer sobre un alcalde, como el caso mencionado del doctor Marlon Monsalve, y mañana sobre cualquiera de los integrantes del OCAD Paz e incluso miembros del gobierno”, manifestó la gobernadora Sanjuán.
Una de las denuncias que se destapó en el OCAD PAZ del 23 de febrero fue del alcalde de Montelíbano, Córdoba, Gabriel Calle, padre del expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle, detenido actualmente por el saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-.
Gabriel Calle, quien ejerció como vocero de los alcaldes en el OCAD Paz durante el 2024, le aseguró a CAMBIO que, en efecto, habría corrupción en el proceso de aprobación de los proyectos, enfocada a la selección de los fondos mixtos.
“El problema está en los fondos mixtos. Somos 170 municipios, cada municipio puede presentar dos proyectos en cada convocatoria y dan dos meses para la revisión. ¿A cuál le dan los cumples? A los que los fondos mixtos avalan y se habla del presunto pago de coimas. Por lo menos el 85 por ciento de los proyectos que han sido manejados por fondos mixtos hoy están en la lupa de las 'ías', pues no se ve la inversión", señaló Calle.
“Para mí la corrupción está ahí porque de tres votos dos son mayorías y la asignación a los fondos tiene garantizada, casi que siempre, los dos votos de los alcaldes y gobernadores", añadió. "Cuando abren convocatorias eso lo llaman a todo el mundo pidiendo hasta el 12 por ciento", agregó Calle.
El alcalde advirtió que recientemente logró recuperar, a través de acciones judiciales, un proyecto para su municipio, que pidieron ejecutar directamente, pero que terminó adjudicado a una empresa de Valledupar.
"El gobierno debe mirar a ver qué hace con los fondos mixtos. Los ministerios le giran directamente a dichos fondos y los municipios pierden hasta la supervisión de las obras. Ellos hacen lo que se les da la gana”, agregó.
En dicho OCAD del 23 de febrero se aprobó una proposición que realizó el director de la ART Raúl Delgado pidiendo que se investigue si, de dicha sesión, hubo algún "tipo de condicionamiento más allá de los técnicos y legales, para la expedición de las certificaciones requeridas y la aprobación de los proyectos sometidos a consideración", y si hubo "eventuales presiones a las entidades territoriales para el cambio del ejecutor inicialmente propuesto para la implementación de un determinado proyecto”.
El discreto poder
En términos sencillos, la aprobación de los billonarios recursos de regalías en el OCAD Paz es un círculo en el que el Sistema General de Regalías abre una convocatoria. Los entes territoriales y autoridades étnicas formulan proyectos. La secretaría del OCAD, a cargo del DNP, revisa las condiciones habilitantes, luego publica las listas de elegibles con puntajes iniciales. Posteriormente, las entidades del gobierno como los Ministerios, Renovación del Territorio o el mismo DNP verifican otros requisitos, expidiendo unos certificados. Se cita al OCAD Paz, con los puntajes obtenidos tras dicho proceso, y en dichas citas basta con dos votos para aprobar una iniciativa millonaria para un municipio PDET.
Un mandatario del sur del país le contó a CAMBIO que intentó pasar algunos proyectos, que habían obtenido buenos puntajes, pero que encontró obstáculos en el voto del alcalde de Florencia, Marlon Monsalve.
"En dos ocasiones nuestros proyectos han quedado con el puntaje correspondiente y finalmente al día siguiente no han pasado, me dirigí al DNP para manifestar esa situación que no corresponde realmente a una votación que esté respondiendo al puntaje de los proyectos. En mi caso fue el alcalde de Florencia quien votó negativamente. Y en efecto, lo que sí se está manejando con mucha fuerza es lo que le han comentado. Quien accede a pagar pasa. Yo sí me he negado rotundamente a una situación de esas. Gran parte de los elefantes blancos que han ocurrido en el país es por eso”.
El alcalde Monsalve ha defendido ampliamente que los delegados que votan en el OCAD Paz cuentan con una "discrecionalidad y autonomía" para elegir los proyectos en cada sesión, por encima de los puntajes que los proyectos ganan. En ese sentido, Monsalve le sugirió a CAMBIO que lo que no está prohibido en la ley está permitido.
Monsalve también ha ejercido como un férreo defensor de entregar proyectos a los fondos mixtos o entidades con participación privada. En febrero, por ejemplo, expresó ante el OCAD que "lo que importaba era que los ejecutores estuvieran habilitados jurídicamente, independientemente de su experiencia en los sectores en los que iba a desempeñarse".
Los lineamientos para respetar los puntajes en las deliberaciones fueron consignados por Planeación Nacional en 2023 y en una acta del OCAD Paz del 15 de septiembre del mismo año, en cumplimiento a disposiciones del Plan de Desarrollo del gobierno Petro que pretendían una mayor equidad en la distribución de los proyectos.
El tema del respeto de los puntajes y del poder que se tiene en el OCAD PAZ para designar a fondos mixtos y asociaciones que no se rigen por la Ley 80, y que pueden subcontratar a su antojo, no es un asunto menor.
Este año la Fiscalía destapó un grave caso de corrupción que compromete a la Asociación Regional de Municipios del Caribe -Aremca-, que habría firmado 101 contratos con entidades públicas por más de medio billón de recursos de regalías, que posteriormente habría malversado.
La Secretaría para la Transparencia de la Presidencia de la República confirmó en la sesión del 23 de febrero que Aremca ya había sido propuesta como una de las ejecutoras de múltiples proyectos ante el OCAD PAZ y, en ese sentido, hizo una alerta para que se evitara la entrega de proyectos a dedo a Aremca y a otras entidades mixtas investigadas: como el Fondo Mixto Sierra Nevada, Fonpacífico, Asmeta, Asomunicipios EAT, Evimar Arauquita y la Fundación Universitaria del Valle.
"Si el nuevo gobierno juega, como ha dicho, que va a jugar para una mayor transparencia, porque según ellos van a ser distintos a lo que en esa materia ha hecho el anterior gobierno, el nuevo gobierno debería pensar seriamente en propuestas como acabar el OCAD PAZ o establecer los OCAD subregionales, uno por cada subregión como medidas ya de fondo. No quiere decir que con ello solito se garantice que ya todo va a ser transparente. Pero sin duda, ayudarían a unos cambios más estructurales que favorecerían la transparencia en el proceso de aprobación de los proyectos", añadió el director de la Agencia de Renovación del Territorio.
Les corresponde a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Procuraduría calificar las conductas que se expresan como irregulares, en las decisiones del órgano creado para beneficiar a los municipios más afectados por el conflicto. Algunos de los consultados en esta investigación advierten que se sienten atrapados en un esquema turbio.
ana.cuesta@cambiocolombia.com
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