Exclusivo: El expediente que menciona al general Wilson Cháwez, miembro del empalme del gobierno de De La Espriella, por los nexos del Clan del Golfo con militares

En agosto de 2022, apenas unos días después de posesionarse como presidente, Gustavo Petro ordenó una de las mayores reestructuraciones de la cúpula militar de las últimas décadas. Entre los oficiales que salieron de la institución estaba el mayor general Wilson Cháwez Mahecha, quien para ese momento se desempeñaba como jefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares, uno de los cargos más estratégicos de la estructura operacional del país. Cuatro años después, su nombre vuelve a ocupar un lugar de primera línea. El oficial fue designado por el gobierno de Abelardo de la Espriella para que liderara el fallido empalme en el Ejército, una responsabilidad que lo convierte en una de las figuras con mayor influencia en la transición de la institución. Sin embargo, su designación revive un expediente judicial que, aunque no ha derivado en una imputación en su contra, sí lo menciona en una de las investigaciones más delicadas que ha adelantado la Fiscalía sobre la infiltración del narcotráfico en las Fuerzas Militares. 

Fuentes de la Fiscalía confirmaron a CAMBIO que, a pesar de que esa investigación llevó a los estrados judiciales a varios coroneles que hoy siguen en juicio, las menciones a generales nunca pasaron la etapa de indagación. Es decir, no prosperaron. CAMBIO revela la historia. 

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Se trata de una investigación en la que un acucioso fiscal reconstruyó cómo la organización criminal de Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba, jefe del Grupo Armado Organizado Cordillera Sur del Clan del Golfo, logró penetrar sectores del Ejército para consolidar el control del narcotráfico en la cordillera nariñense. La investigación no se limitó a demostrar una supuesta relación entre militares y narcotraficantes. Lo que reconstruyó fue un plan para modificar el equilibrio de poder en la cordillera nariñense y permitir que Matamba desplazara a su principal enemigo: Gonzalo Prado Paz, alias Sábalo, comandante de la estructura Estiven González, perteneciente a la disidencia del frente 29 de las Farc.

Durante más de dos años, fiscales e investigadores documentaron cientos de interceptaciones telefónicas, chats, seguimientos, informes de inteligencia y declaraciones que describían cómo el entonces Matamba se alió con oficiales activos y retirados del Ejército para obtener información reservada, coordinar operaciones militares, gestionar traslados de oficiales incómodos y, así, desplazar de la región a su estructura rival que ejercía control sobre amplias zonas cocaleras de Leiva, Policarpa, Cumbitara y El Rosario, en Nariño. 

La investigación sostiene que Matamba necesitaba sacar a ese grupo del territorio para quedarse con los cultivos de coca, los laboratorios de procesamiento, las rutas de salida hacia el Pacífico y el cobro del llamado "impuesto al gramaje" que pagaban los narcotraficantes por ingresar a la zona. Los investigadores concluyeron que esa expansión no solo se hizo con hombres armados: también habría contado con la colaboración de militares que, presuntamente, recibían pagos mensuales, dinero por gestionar traslados y otras contraprestaciones para favorecer los intereses de la organización criminal. 

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En esa investigación, en la que muchos de los hechos siguen siendo indagados por la Fiscalía sin que se tomen decisiones de fondo, fueron mencionados dos militares del más alto rango: el general (r) Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, excomandante de las Fuerzas Militares mencionado como ‘El Padrino’ y el general Wilson Chawez, entonces comandante de la Tercera División y que, luego, pasó a ser jefe de operaciones conjuntas de las Fuerzas Militares. Ninguna de las menciones se tradujo en investigaciones formales contra los uniformados.

La guerra entre Matamba y Sábalo: las conversaciones que terminaron mencionando al general Wilson Cháwez

La historia comenzó a conocerse públicamente en febrero de 2022. Ese mes, la Fiscalía capturó al teniente coronel retirado Robinson Javier González del Río, al teniente coronel Harry Leonardo Gómez Tabares y a otros integrantes de una red que, según la investigación, trabajó para los intereses de alias Matamba, jefe de la Cordillera Sur del Clan del Golfo. Las interceptaciones telefónicas, los chats y los seguimientos permitieron reconstruir cómo esa organización no solo buscaba información privilegiada del Ejército: pretendía influir en las decisiones de mando de una de las zonas más golpeadas por el narcotráfico en el país.

La Fiscalía sostiene que el cerebro de esa estrategia era el coronel retirado Robinson González del Río, antiguo integrante de las Fuerzas Especiales del Ejército. Según el expediente, entrenaba hombres de Matamba, coordinaba operaciones militares contra la estructura rival de alias Sábalo, conseguía información reservada sobre movimientos de tropas y utilizaba sus contactos para promover el traslado de comandantes que afectaban los intereses del Clan del Golfo. El puente con la cúpula militar era, supuestamente, el general (r) Leonardo Alfonso Barrero, excomandante de las Fuerzas Militares, identificado en todas las conversaciones con un mismo alias: "El Padrino".

Justamente, es en las conversaciones interceptadas entre Matamba y Robinson Gonzalez del Río, que aparecen las referencias al general Barrero y al general Wilson Cháwez Mahecha, comandante de la Tercera División del Ejército.

Cháwez Mahecha es un oficial  que ocupó algunos de los cargos operacionales más importantes de las Fuerzas Militares. Durante su carrera fue comandante de la Tercera Brigada, comandante de la Tercera División del Ejército —responsable de las operaciones militares en Cauca, Valle y Nariño—, comandante del Comando Conjunto No. 2 Suroccidente, comandante del Comando Conjunto del Pacífico y, posteriormente, jefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares, uno de los cargos con mayor responsabilidad estratégica en la conducción de las operaciones militares del país. Por eso, en un sector de la institución, defienden su actuar a capa y espada. 

La primera referencia al general Cháwez aparece en el expediente el 20 de octubre de 2019. Ese día, González del Río le contó a Matamba que había diseñado una estrategia para cambiar el rumbo de las operaciones militares que hasta ese momento presionaban a su organización. Según la conversación, el plan consistía en fabricar información de inteligencia sobre alias Sábalo para que llegara directamente al comando de la Tercera División y sirviera como fundamento para orientar las operaciones militares hacia la estructura rival. En esa misma llamada aseguró que ya había hablado con el general Barrero y que el excomandante de las Fuerzas Militares se encargaría de hacer llegar esa información "directamente a mi general Cháwez". La razón era sencilla: si la inteligencia llegaba por ese canal, podrían —según las propias palabras de González del Río— "tener control de esas operaciones especiales".

La conversación revela algo más. Mientras hablaban de inteligencia, González del Río le dijo a Matamba que también era necesario sacar de la Tercera División a un oficial identificado como Londoño, de quien afirmaba que era "cuota de Sábalo". En otras palabras, la organización no solo pretendía influir sobre las operaciones militares. También buscaba decidir qué oficiales permanecían y cuáles debían salir de una de las divisiones más importantes del Ejército.

Cinco días después, el 25 de octubre de 2019, esa estrategia parece avanzar un paso más. González del Río le envía a Matamba un informe reservado elaborado por el Batallón de Inteligencia de Guerra Electrónica y dirigido al comandante de la Tercera División, el general Wilson Cháwez. Pero el verdadero valor de esa conversación no está en el documento sino en la explicación que da el propio exoficial. Según el expediente, le dice a Matamba que el informe fue elaborado para "crear la alerta y poder montar la operación nuestra". Después añade que ese soporte permitirá al coronel Harry Gómez justificar la permanencia de tropas en Damasco y Santa Rosa y desplegar una operación militar contra alias Sábalo. "No es para nosotros; es para que 'G' se pueda mover y mantener las tropas en lo que vamos a hacer contra Sábalo", afirma.

Traducido a un lenguaje sencillo, la hipótesis de la Fiscalía es que la organización necesitaba que las operaciones militares parecieran responder exclusivamente a información de inteligencia producida por el Ejército. Ese soporte documental les permitiría mover tropas legalmente, pero dirigir el esfuerzo militar hacia el enemigo que Matamba quería sacar del territorio.

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La siguiente conversación resulta aún más delicada. El 1 de noviembre de 2019, González del Río le informa a Matamba que el general ya había hablado con el general Cháwez para pedir el relevo del coronel Néstor Alexander Duque, entonces comandante de la Brigada 23, la unidad militar responsable de buena parte del departamento de Nariño. Le explica que ese mismo día presentarán tres candidatos para reemplazarlo y añade que desde Bogotá ya fue designado un oficial de inteligencia que reportará directamente al despacho del comandante de la Tercera División para concentrarse exclusivamente en seguir a alias Sábalo. La conversación termina con otro dato que la Fiscalía considera revelador: cuando Matamba pregunta cuánto cuesta conseguir esos traslados, González del Río responde que el precio oscila entre 50 y 60 millones de pesos, aunque aclara que el dinero solo se entregaría cuando el cambio de mando estuviera ejecutado.

Las conversaciones posteriores sugieren que, para mediados de noviembre de 2019, la organización ya daba por descontado que esos cambios dentro del Ejército estaban produciendo efectos. El 19 de noviembre, González del Río le informó a Matamba que el general Wilson Cháwez acababa de asumir el Comando Conjunto del Pacífico, un cargo desde el cual tendría bajo su coordinación operaciones del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en Cauca, Valle del Cauca, Nariño y parte del Chocó. En la misma conversación le explicó que, con esa nueva posición, Cháwez quedaba como superior del recién nombrado general Hoyos y que esa circunstancia permitiría al coronel Harry Gómez actuar con mayor autonomía. "G está más parado con ese resultado", le dice, antes de agregar que el informe de inteligencia enviado semanas atrás ya le había permitido justificar la permanencia de tropas en la parte alta de Damasco y Santa Rosa. También le anuncia que esa misma tarde viajaría a Bogotá para reunirse con "El Padrino" y terminar de "cuadrar eso".

Dos días después, el 21 de noviembre, la conversación muestra que la planeación ya había pasado del papel al terreno. González del Río le cuenta a Matamba que el general (r) Leonardo Barrero había viajado a Cali para reunirse con el general Cháwez y que él asistiría a ese encuentro para "cuadrar que 'G' maneje él solo el área". A renglón seguido describe el operativo: el coronel Harry Gómez ubicaría tropas en los sectores de Damasco y Santa Rosa; el sargento Nelson Orlando Rolón Monroy sería enviado a uno de esos puntos y otro suboficial, identificado con el apellido Fallace, ocuparía el segundo. Solo cuando esos uniformados estuvieran desplegados, explica González del Río, ingresarían los hombres de Matamba por una ruta distinta para coordinar directamente con ellos y evitar errores durante la operación. Para la Fiscalía, esas conversaciones muestran que la organización no solo hablaba de obtener información privilegiada o promover traslados. También discutía, con un nivel de detalle inusual, la forma en que pretendía sincronizar el avance de sus hombres con los movimientos de tropas del Ejército en plena ofensiva contra alias Sábalo.

Esa conversación es una de las más importantes del expediente porque muestra por qué el nombre del general Cháwez terminó incorporado a la investigación. La hipótesis de la Fiscalía no es que hubiera participado en reuniones con Matamba. Lo que sostienen los investigadores es que la organización daba por hecho que, a través de "El Padrino", podía lograr cambios en la estructura de mando del Ejército que terminaran favoreciendo su guerra contra alias Sábalo. Y el primer ejemplo que aparece en las interceptaciones es, precisamente, la salida del coronel Néstor Alexander Duque de la Brigada 23.

Los hechos posteriores muestran que la guerra terminó inclinándose a favor de Matamba. A finales de 2019, varios medios de comunicación informaron que alias Sábalo había muerto durante un combate con tropas del Ejército en zona rural de Nariño. Con la desaparición de su principal rival, la organización de Matamba terminó consolidando el control de buena parte del corredor cocalero que, según la investigación de la Fiscalía, buscaba dominar desde meses atrás. Fue precisamente esa misma investigación por corrupción e infiltración del Ejército la que permitió, años después, reconstruir la red y capturar, en febrero de 2022, a Matamba, a los tenientes coroneles Robinson Javier González del Río y Harry Leonardo Gómez Tabares, así como a otros presuntos integrantes de la organización. Sin embargo, el proceso tuvo un giro inesperado. Mientras esperaba su extradición a Estados Unidos, Matamba logró escapar de la cárcel La Picota el 18 de marzo de 2022, disfrazado con un uniforme del Inpec y burlando todos los controles de seguridad del penal. Poco más de dos meses después, el 26 de mayo de 2022, fue abatido por la Policía durante un operativo realizado en el municipio de Bolívar, Santander.

La deuda de la justicia y el silencio de los involucrados

Cuando este caso estalló públicamente en 2022, el general (r) Leonardo Alfonso Barrero Gordillo salió a defenderse en distintos medios de comunicación. En entrevista con BLU Radio negó cualquier vínculo con la organización de alias Matamba y aseguró que todo obedecía a un montaje en su contra. Su nombre terminó concentrando la mayor atención del escándalo. El del entonces mayor general Wilson Cháwez Mahecha, en cambio, pasó casi inadvertido, pese a que aparecía mencionado en el mismo expediente judicial. Antes de la publicación de esta investigación, CAMBIO intentó comunicarse con Cháwez al número telefónico que fue suministrado por varios oficiales activos y retirados que han trabajado con él. El general no respondió los mensajes enviados por este medio.

Como cualquier ciudadano, el general Cháwez tiene derecho a la presunción de inocencia. De hecho, la propia Fiscalía confirmó a CAMBIO que las menciones hechas en su contra en ese expediente nunca pasaron de la etapa de indagación y que, hasta hoy, no existe una imputación en su contra. Esto, además de otras indagaciones que tiene activas por concierto para delinquir y por amenazas. También es posible que la confianza depositada en el general (r) Barrero —quien, según la investigación, era el enlace entre la organización criminal y la cúpula militar— explique parte de las decisiones que hoy aparecen reflejadas en el expediente. Precisamente por eso resulta necesario que el oficial entregue su versión y que la justicia esclarezca por qué, casi cuatro años después de las primeras capturas, no se conocen decisiones de fondo sobre los generales mencionados en la investigación.

El expediente deja, además, una reflexión que trasciende este caso. Una cosa es utilizar la inteligencia militar para combatir a una organización criminal. Otra muy distinta es que esa capacidad termine siendo utilizada —si esa fue la realidad de los hechos— para favorecer los intereses de un grupo ilegal en su guerra contra otro, influir en los traslados de comandantes o alterar el equilibrio operacional de una región estratégica para el narcotráfico. Esa es la línea que la justicia todavía debe establecer con claridad. Porque, más allá de los nombres propios, lo que está en juego es la confianza en quienes tienen el monopolio legítimo de la fuerza del Estado.