La Sentencia T-302 nació en 2017 para proteger a los niños wayúu en sus necesidades más básicas: agua, salud y alimentación. Años después, contratos, operadores y cuotas políticas vinculadas al entorno de Martha Peralta aparecen alrededor de esos mismos ejes.
En 2017, la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional en La Guajira por la vulneración generalizada de los derechos al agua, la alimentación, la seguridad alimentaria, la salud y la participación de la población wayúu.
El fallo ordenó a la Presidencia, varios ministerios, el ICBF, la Supersalud, la UNGRD, la Gobernación de La Guajira y las alcaldías de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao adoptar un plan de acción coordinado para garantizar los derechos de los niños wayúu. También advirtió un riesgo: si las entidades no actuaban de manera articulada, si no había reglas claras para escoger beneficiarios y si la contratación no era transparente, los recursos destinados a proteger a los niños wayúu podían terminar en manos de operadores escogidos sin control.
Nueve años después, esa advertencia parece haber cobrado otro sentido. Los ejes de la T-302, agua, salud y alimentación, aparecen atravesados por contratos, operadores, actores políticos y nuevas revelaciones sobre el entorno de la senadora Martha Peralta.
En mayo advertí que el capítulo de las ollas comunitarias en La Guajira seguía sin avances visibles, pese al tamaño de los recursos comprometidos. Caracol Radio había revelado en 2024 que en el departamento se contrataron 470 ollas comunitarias por 61.000 millones de pesos y que 20.000 millones estaban asociados con el municipio de Albania. Una auditoría interna de la UNGRD fue todavía más precisa: La Guajira concentró 61.812 millones de pesos, el 38,8 por ciento de los recursos pactados del programa, con 471 ollas contratadas, apenas 131 ejecutadas y una ejecución física del 27,81 por ciento. El informe también advirtió que no hubo un procedimiento de selección objetiva del operador.
En ese caso aparecen nombres que ayudan a entender la ruta política de las ollas comunitarias. El diputado de La Guajira Luis Fernando Lobo denunció ante la Fiscalía y la Contraloría presuntas irregularidades en esa contratación y en el pago al personal operativo. También señaló a Jorge David Martelo Yepes, excandidato liberal a la Cámara por La Guajira, a quien medios como Caracol Radio y El Tiempo relacionaron con Agrosolidaria y con la operación de ollas en Riohacha y Maicao.
Martelo no aparece como un nombre aparte. En su momento también registré su cercanía pública con Martha Peralta: una fotografía los mostraba juntos en un acto político en La Guajira y publicaciones regionales lo ubicaban acompañando recorridos de la senadora. Ese antecedente cobra relevancia ahora porque Martelo vuelve a ser mencionado en el capítulo de las ollas comunitarias.
El pasado 16 de junio, Metropolitano y EnLaDiana revelaron nuevos chats relacionados con el caso de la UNGRD que vuelven a mencionar a Martha Peralta en el capítulo de las ollas comunitarias. Según esa publicación, los chats ponen bajo la lupa las conexiones políticas alrededor de ese programa en La Guajira. El informe menciona a Félix Rosanía, esposo de la senadora Yohana Osorio, dentro de conversaciones sobre las ollas. También vuelve sobre Jorge David Martelo Yepes, a quien Martha Peralta negó conocer cuando estalló el escándalo, pese a que en enero de este año lo llamó “nuestro amigo” en redes sociales y a que su organización política apoyó su reelección al Senado.
La referencia al conjunto Santorini es uno de los puntos más sensibles de las nuevas revelaciones. Metropolitano publicó un chat en el que Sneyder Pinilla le pregunta a Martha Peralta por una reunión privada y después dice que ella le envió la ubicación de una casa en el conjunto residencial Santorini, en Riohacha. Una fuente que conoce el caso le dijo a esta columna que se trataría de la vivienda de Luis Carlos Arismendi, conocido en la región como Luiska, quien tendría relación familiar con Cristian Arismendi, integrante de la UTL de Peralta.
El padre de Luis Carlos es César Arismendi, reconocido en la región como veedor de la Sentencia T-302, el fallo que ordenó proteger los derechos de los niños wayúu mediante acciones en agua, salud y alimentación. Esos mismos frentes hoy aparecen cruzados por contratos cuestionados y nuevas revelaciones judiciales.
El último frente, y quizá el menos revisado, es el de salud. En abril conté cómo la promesa de los CAPS en La Guajira terminó en fracaso. El Gobierno anunció 25 Centros de Atención Primaria en Salud en 10 municipios, con una inversión de 82.029 millones de pesos y la promesa de beneficiar a más de 394.000 personas. Pero el propio Ministerio de Salud terminó reconociendo incumplimientos, impuso una sanción de 1.640 millones de pesos, no prorrogó el contrato y ordenó devolver cerca de 16.000 millones ya girados.
Sobre ese capítulo también hay versiones que vinculan a Luis Carlos Arismendi, Cristian Arismendi, César Arismendi, Alcides Peralta, Juan Palmezano, IPS Vital Salud, Grupo IMB, Kottushi y David Cotes con la estructura de salud en La Guajira.
La Corte Constitucional ordenó proteger a los niños wayúu frente a la sed, el hambre y la falta de atención en salud. Años después, esos mismos frentes aparecen atravesados por operadores, cuotas políticas, reuniones privadas, contratistas y campañas políticas.. Lo que debe esclarecer la justicia es si los recursos y las gestiones hechas en nombre de la T-302 terminaron sirviendo para que dichas estructuras se aprovecharan de una tragedia humanitaria en uno de los casos más escandalosos de los últimos años.
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