La deuda de los Benedetti

El fantasma de una deuda persigue a Armando Benedetti, el ministro del Interior del gobierno del cambio. Se trata de un crédito por 3.600 millones de pesos que –según él mismo reconoció en indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia en 2021– contrajo en 2020 con dos empresas de Euclides Torres, uno de los mayores contratistas del Estado y gran financiador de la campaña presidencial de Petro.

En esa ocasión, Benedetti afirmó: “Yo le he comentado (...) que son dos empresas. DJM que saca (...) 1.500 y la otra que se llama Seguridad, sí, seguridad y tecnología progresiva, de ahí salen 2.100.”  Con el dinero, compró en octubre de ese año una mansión en Puerto Colombia, que ahora es parte de un proceso de extinción de dominio. Benedetti también admitió no haber pagado la deuda aún, porque estaba quebrado. Lo que sólo ahora empieza a aclararse, es quién es el titular de la deuda frente a Euclides Torres, al menos en el papel.

Según la Ley 2013 de 2019, que regula las declaraciones de patrimonio y conflictos de interés, los ingresos y rentas que haya obtenido el funcionario en el último año gravable, las cuentas bancarias de las que sea titular, bienes patrimoniales y el saldo y concepto de las acreencias y obligaciones vigentes, será información “pública y de divulgación”. Pero las declaraciones de patrimonio y conflictos de interés radicadas por Benedetti entre 2022 y 2025, seis en total, no registran esa deuda. 

Requerido por CAMBIO, Benedetti reconoció que no había declarado esa deuda, porque la misma había quedado a nombre de su esposa Adelina Guerrero Covo, y aportó una copia digital de la declaración de renta de su esposa correspondiente al periodo fiscal 2023, pero radicada solo hasta enero de 2025. Y agregó que los pagarés con los cuales habían respaldado el préstamo, también habían sido firmados por ella. Todo un caballero. 

Pero el vacío legal que Benedetti usa para justificar no haber declarado la deuda, no lo saca del problema. Por ley, los funcionarios también deben declarar si los “intereses personales” del “cónyuge o compañero permanente son susceptibles de generar una posible situación de conflicto de interés”  frente a la labor del funcionario. Pero en la declaración de patrimonio de enero de 2025, que Benedetti radicó cuando se posesionó como jefe de Despacho, especie de superministro, no se mencionó nada sobre la deuda con Torres o los intereses o posibles negocios de ese mecenas de los Benedetti, a pesar de que Torres es un contratista recurrente del gobierno que lidera la dupla Petro-Benedetti. En la declaración de febrero, radicada por Benedetti cuando pasó al Ministerio del Interior, tampoco mencionó nada. 

Curiosamente, apenas un mes después, Benedetti nombró como viceministro del Interior a Jaime Berdugo, sabanalero y exgerente de una de las empresas del clan Torres. Y más interesante aún, una vez instalado Berdugo en el puesto, en mayo de 2025, el ‘gobierno del cambio’ nombró como cabeza de la Superintendencia de Transporte a Alfredo Piñeres, quien ha tenido a lo largo de su carrera vínculos estrechos con las empresas de Torres, tal como reveló CAMBIO tiempo atrás (Ver acá). Un perfecto ejemplo de puerta giratoria: el regulado se convierte en regulador, lugar desde el cual puede torcer las reglas de juego en beneficio de sus antiguos y potencialmente futuros socios de negocios.

En septiembre, La Silla Vacía publicó un artículo denunciando que la Superintendencia de Transporte, liderada por Piñeres, había publicado para comentarios una serie de resoluciones con las cuales el Gobierno Petro “le asegura millonario negocio a Euclides Torres por otros 15 años”, en particular con la administración de una plataforma conocida como SICOV, el Sistema de Control y Vigilancia. Con esto, los Torres, consolidan el control de una red de negocios con el Estado que, según el artículo referido, les permite “mover alrededor de 290.000 millones anuales”. (Ver acá)

Para terminar y volviendo al asunto del préstamo, es necesario recordar que la propiedad para la cual Euclides Torres prestó el dinero fue escriturada por 1.500 millones de pesos, pero la transacción real se efectuó, según Benedetti, por 3.600 millones. No es claro aún sobre qué valor se pagaron los impuestos de escrituración. Lo dicho por Benedetti se contradice con lo que le dijo a El Tiempo el vendedor Luis Alberto Nicolella, el 24 de julio de 2021: “De la casa de Puerto Colombia solo recibí lo que dice la escritura. Ellos ya tumbaron un muro y la vieja casa que había”. Si los Benedetti sólo le entregaron 1.500 millones al vendedor, ¿en dónde quedaron los 2.100 millones restantes y cuál era el objeto real de ese préstamo?

Mientras Benedetti esquiva ataques en su contra por usar un reloj que, según los conocedores, ronda los 646 millones de pesos, diciendo que es “chimbo” y que se lo trajeron de Turquía, todavía quedan muchos cabos sueltos. Para empezar, sería bueno que la Corte Suprema de Justicia actúe pronto, develando los alcances reales de la rosca Torres-Benedetti, en la cual el segundo parece más un empleado a sueldo del primero. En cuanto al ministro, sería bueno que le explique a los colombianos en qué va el pago de la deuda. Parece indeseable tener un ministro tan poderoso, prisionero de un contratista que en cualquier momento podría embargarle a su familia hasta la almohada, o incluso el reloj chimbo, para hacerse al pago de la deuda.