Los niños que matamos

El presidente Petro ordena un bombardeo y mueren siete niños. Mientras unos lo condenan, Petro se justifica; el ministro de Defensa emite frases exculpatorias, habla de una “intervención necesaria y proporcionada”, y otros señalan a los grupos armados como responsables originarios de la muerte de los menores por reclutarlos y exponerlos a este tipo de situaciones propias de una guerra. Pero, en medio de este debate, se está dejando de lado lo verdaderamente importante: ¿por qué se reclutan menores en el conflicto armado colombiano? ¿Qué niños son víctimas de reclutamiento? ¿Por qué este crimen de guerra sigue vigente?

La respuesta es corta y es una sola: porque son niños pobres, cuyas vidas y derechos han sido menospreciados desde el momento mismo en que nacieron.

Durante décadas hemos visto en Colombia bombardeos que cobran las vidas de muchas personas, la mayoría civiles pobres e indefensos; personas cuyo único ‘pecado’ es no tener recursos, carecer de presencia del Estado y vivir en las zonas donde la guerrilla, los paramilitares o los narcotraficantes se movilizan o montan sus centros de operaciones.

Muchos de esos civiles caídos han sido niños, hijos de campesinos, indígenas o afros, todos pobres. Justamente por ser pobres, a pocos les importa porque —como dice Judith Butler— hay vidas “menos llorables” que otras. Y en Colombia eso sí que es evidente. Hay vidas —y muertes— a las que se les da toda la importancia y atención; otras vidas, otras muertes, son solo cifras que pronto se olvidan.

Han sido tantos años de bombardeos sobre esos territorios lejanos a nuestras cómodas vidas citadinas que nos acostumbramos. Nos acostumbramos a ver en las noticias las muertes de personas pobres, “menos llorables” que las nuestras. Nos acostumbramos y dejan de afectarnos.

No nos aterra imaginar que hay millones de colombianos viviendo en la pobreza. No nos aterra lo suficiente. No nos aterra pensar que esa pobreza es tan tremenda que muchos niños se suman a las filas de los grupos armados porque allí se les garantiza un plato de comida; o porque, yéndose, escapan de la violencia en sus propias familias; o porque, sin estudio, tampoco pueden aspirar a un empleo que les brinde estabilidad económica; o porque hacer parte de la guerra es una forma de enfrentar la exclusión social.

Según el artículo Reclutamiento y tráfico de niños soldados en Colombia, publicado en 2023, el 59 por ciento de los menores estudiados tenía entre 14 y 17 años y solo había completado la primaria. Los autores aseguran que el 78 por ciento de los menores se va con los grupos ilegales de manera “voluntaria”. Voluntaria, pero no libre: no se puede tomar una verdadera decisión cuando no se tienen opciones, cuando no se está bien informado, cuando se pasa hambre, cuando no se ve futuro porque ni siquiera hay presente.

En Colombia, el reclutamiento de niños opera como un mercado laboral en contextos de guerra, donde los grupos armados ofrecen lo que el Estado y la economía formal no garantizan: un ‘trabajo’ con salario, permanencia y sentido de pertenencia. Los niños eligen, como afirman los autores del estudio, “entre lo malo y lo peor”.

Pero no reparamos en eso. No queremos aceptar que la precariedad en Colombia es tanta que deja a los menores y a sus familias sin opciones y sin herramientas para resistirse a un reclutamiento.

Y aun así, pasan los años y las cosas no cambian. No nos aterra lo suficiente, y por eso no exigimos ni aprobamos una reforma agraria; no luchamos por una redistribución más justa de la riqueza; no promovemos medidas que mejoren las condiciones de vida en las regiones donde ocurre la guerra, donde se producen tantas muertes, pero también donde se produce la vida misma. ¿O de dónde creen que viene lo que ponemos cada día en nuestras mesas?

No hacemos lo suficiente para construir un país decente —esto es, menos desigual— donde los niños tengan oportunidades reales, oportunidades que expandan su visión del mundo y les permitan entender que la vida es mucho más que decidir entre el Ejército, la guerrilla o el narcotráfico.

Mientras tanto, pasan los gobiernos —de izquierda o de derecha— y la historia se repite casi idéntica.

Hace unos años fuimos varios los que nos sentimos indignados cuando el expresidente Duque ordenó un bombardeo a un campamento de las FARC ubicado en Caquetá, en el que murieron ocho menores de edad. El asunto fue tan indefendible que el ministro de Defensa de aquel momento, Guillermo Botero, se vio obligado a renunciar tras un debate en el Congreso de la República.

Cuando el presidente Petro ordenó, en agosto de 2022, el fin de los bombardeos contra grupos armados ilegales, muchos celebramos la decisión. Se habló del compromiso de proteger la vida de los menores reclutados en los campamentos; un argumento poderoso, irrefutable y valiente que rompía con una tradición guerrerista que por años pasó por encima del derecho internacional humanitario.

Pero, justo después del rifirrafe con el presidente Trump, el mismo Petro que defendió los derechos de los niños ordena un bombardeo, y mueren siete menores de edad. Y, como suele suceder, no rectifica. No reconoce el error ni el horror. Mientras tanto, Pedro Sánchez —quien salió en su defensa— intenta apoyarse en el DIH violado para defender lo indefendible.

Sin embargo, nadie habla de que, si a todos los menores de Colombia se les garantizaran sus derechos —educación, protección, supervivencia, recreación, no discriminación, salud, nutrición, desarrollo integral, entre otros—, no estaríamos viendo adolescentes masacrados en un bombardeo junto a los guerrilleros que los reclutaron.

Cualquier menor que disfrute de plenos derechos preferiría andar corriendo detrás de una pelota o de un perro, acostado boca arriba mirando el cielo estrellado, haciendo travesuras con sus amigos o enamorándose, antes que vestir un camuflado y cargar un fusil.

Los menores que hacen parte del conflicto armado en Colombia no están allí porque quieran. No ha sido su elección. Las circunstancias los han llevado a un lugar indeseable, rodeado de terror y de muerte. Y el país —sus élites, su Estado, sus decisiones— los ha traicionado. Porque, teniendo la oportunidad de cambiar sus vidas, ha preferido mantener un país donde unos pocos llenan los bolsillos hasta romperlos, mientras millones sobreviven en condiciones que ningún ser humano debería soportar.

La orden de bombardear un campamento donde puede haber menores de edad es inaceptable. Reprocho a Petro por ordenarlo y a todo aquel que intenta defender lo indefendible. Pero, sobre todo, reprocho lo que, como sociedad, no queremos ver: que seguimos fallando y que no tenemos la sensatez para cambiar.

Mientras las opciones socioeconómicas de estos niños campesinos, indígenas y afros sigan siendo “entre malo y peor”, los grupos armados seguirán siendo una alternativa viable. El problema no es solo este bombardeo. Es la falla estructural que se revela con la explosión: un país en el que todos somos responsables de la muerte de esos niños. Un país que los mata desde antes de haber nacido.

Un Estado que no logra impedir que un menor de edad termine en un frente armado es un Estado que falla en todo.

Le falla a los niños.
Le falla a sus derechos.
Le falla a su futuro.
Se falla a sí mismo.