Ni insurgentes ni soldados. Fueron niños olvidados

El reconocimiento del último secretariado de las FARC-EP —máximos responsables de esa organización armada en el reclutamiento y utilización de menores durante el conflicto, no fue un acto de generosidad, ni de arrepentimiento espontáneo. Fue el peso ya ineludible de los hechos y las voces de las víctimas, desde hace más de dos décadas, que los obligó a admitir lo que hasta ahora negaron o minimizaron: arrancaron a miles de niños de sus hogares y los arrojaron a su guerra.

Este reconocimiento, aunque tardío, lleva a pensar en la Operación Berlín entre 29 de noviembre y el 3 de diciembre del año 2000. Allí, al menos 201 niños y niñas de apenas 12, 13 y 14 años —la mayoría reclutados en la Columna Móvil Arturo Ruiz (CMAR)— fueron alcanzados por las balas, por el miedo, por la traición de todos los bandos. Algunos murieron combatiendo, otros huyendo, otros más fueron asesinados incluso después de rendirse por miembros de la fuerza pública.

La violencia ejercida contra estos menores se mantiene aun después de su muerte.
Como fueron “dados de baja en combate”, según la versión oficial, el Ejército los entregó a Medicina Legal en Bucaramanga. Pero al no haber familiares que pudieran reclamarlos —porque muchos ni siquiera sabían que sus hijos estaban en la guerra, o no tenían recursos para llegar—, los cuerpos fueron inhumados por el Estado en el cementerio Campohermoso. En fosas numeradas, sin nombres, se perdieron entre registros confusos y papeles extraviados. Hoy, más de veinte años después, aún siguen buscando.

Los testimonios de quienes han padecido solo violencia, estremecen. Niñez arrancada a la fuerza, días interminables de hambre, miedo, amenazas, caminatas extenuantes por la selva y montañas, violaciones sexuales y reproductivas, homicidios, torturas etc. Niñez sin caricias ni consuelo, entrenada para obedecer, callar y matar. Pero incluso después de sobrevivir, muchos fueron estigmatizados por una sociedad incapaz de verlos como víctimas. Para el imaginario colectivo, no eran niños forzados a la guerra: eran “guerrilleros”, “maquinas de guerra” como diría cínicamente el exministro de Defensa Diego Molano, o “peligroso delincuentes dados de baja en combate¨, como los calificó el entonces presidente Iván Duque.

¿Qué clase de sociedad somos si escuchamos esas historias y seguimos en silencio? ¿Qué clase de país somos si permitimos que altos mandos del gobierno hablen así de niños que han sufrido lo innombrable? ¿Dónde está el grito colectivo, las marchas por la vida desde todos los sectores para proteger a estos menores y sancionar aquellos que los estigmatizan y generan nuevas violencias?

No creo que sea exagerado concluir que desde la ciudad no reaccionamos simplemente porque eran hijos de periodistas, ni de políticos o académicos sino que eran niños rurales campesinos. Aquellos que no conocen, ni siquiera, que’ es el Estado.

La memoria como trinchera ideológica

Dice mucho de nuestros valores, que en lugar de exigir justicia, parte del país sigue atrapada en la pelea mezquina de trincheras ideológicas y convierten el horror vivido por otros en un argumento político. Unos gritan que esto prueba que “tenemos un presidente guerrillero”, como si la historia empezara y terminara en una figura. Otros desvían el foco, como si el dolor fuera utilería para alimentar odios eternos.

Mientras unos piden cárcel, otros argumentan que 'ya nada se puede hacer', que -JEP es 'pura impunidad' para las FARC, porque —según ellos— eso fue lo que se acordó en La Habana. Pero lo cierto es que la justicia ordinaria jamás les dio respuesta a estos menores. Y la Justicia Transicional, por imperfecta que sea, es lo único que se ha atrevido a escuchar sus voces y los responsables han tenido que rendir cuentas.

La verdad se vuelve ruido

Pero en Colombia, muchas veces la memoria queda secuestrada. Si la reivindica un bando, el otro la descalifica. Si una víctima denuncia a un grupo armado, es acusada de apoyar al otro grupo armado.
En medio del griterío, la verdad se vuelve ruido. Y el dolor de quienes han sufrido, otra vez, se pierden en el fondo.

Porque las víctimas del Caso 07 —niños y niñas reclutados, violados, asesinados, olvidados— no solo sufrieron por culpa de las FARC. También han denunciado torturas, asesinatos y tratos crueles a manos de algunos miembros del Ejército Nacional. La guerra los tragó por ambos lados. No fueron combatientes, ni insurgentes, ni solados. Fueron niños. Fueron víctimas. Y siguen esperando la justicia que se da solo cuando toda la sociedad reconoce y empieza a exigir otros caminos sin violencia.

Mi llamado es a que no dejemos que el olvido nos siga haciendo cómplices.
A que no aceptemos más verdades a medias ni silencios convenientes.
A que entendamos, de una vez por todas, que la reconciliación no se construye desde la indiferencia ni desde la negación.

A que entendamos, por fin, como país, que la verdad no se negocia ni se instrumentaliza.

Los niños fueron usados y abusados por las lógicas de la guerra. Hoy, nuestro deber es que su memoria no sea puesta al servicio de causas políticas que solo encuentran réditos en la división, y no en la reconciliación que el país necesita.