La Corte llamó a Martha Peralta, pero las ollas comunitarias siguen frías

La Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal y llamó a indagatoria a la senadora Martha Peralta Epieyú por presunto tráfico de influencias y cohecho impropio. Según Caracol Radio, la Sala de Instrucción busca establecer si la congresista intervino para favorecer contratistas en procesos de la UNGRD relacionados con maquinaria amarilla en La Guajira. El expediente se concentra en un contrato cercano a los 2.170 millones de pesos, firmado en octubre de 2023, para el alquiler de maquinaria amarilla y volquetas destinadas a Riohacha.

El País había contado antes otro tramo de esa historia. Según ese medio, la Fiscalía envió a la Corte Suprema información de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien señaló a Peralta de haberle pedido que direccionara un contrato de más de 2.210 millones a dos personas cercanas a ella. El mismo artículo dice que López afirmó que la senadora se reunió con él en tres ocasiones y que en la bitácora de ingreso a la UNGRD quedó registrado que el 19 de septiembre de 2023 entró con Isaac Francisco Rizcala Lozano y Jorge Rizcala Muvdi. Peralta ha negado esos señalamientos y ha dicho que es víctima de persecución política.

Lo que ha pasado durante los últimos cuatro años en La Guajira merece una mirada completa por parte de la Justicia. Allí, la UNGRD llegó con carrotanques, maquinaria, pozos, ollas comunitarias y una red de intermediarios políticos que todavía no se asoman en las investigaciones.

El caso arrancó públicamente con los carrotanques. Luego apareció el capítulo de los contratos usados como moneda política. El caso dejó de ser una historia de vehículos varados y se convirtió en el escándalo de corrupción más grave de este Gobierno, con apoyos en el Congreso y contratación dirigida. En ese expediente ya han sido mencionados exministros, exdirectivos de la UNGRD, y congresistas de varias bancadas. La Corte y la Fiscalía han avanzado en algunos frentes. En otros, el silencio es más que incómodo.

Uno de esos frentes es el de las ollas comunitarias.

Caracol Radio reveló en mayo de 2024 que en La Guajira se contrataron 470 ollas comunitarias por 61.000 millones de pesos y que 20.000 millones estaban asociados al municipio de Albania. También contó que las alarmas estaban encendidas desde septiembre de 2023, cuando manipuladoras de alimentos y proveedores dejaron de recibir sus pagos.

La Procuraduría abrió indagación previa por presuntas irregularidades en un contrato para la ejecución de ollas comunitarias en Albania. W Radio publicó que el proceso hablaba de un posible desvío de recursos para campañas electorales, incluida la de la alcaldesa de esa localidad, y del no pago a manipuladoras y proveedores subcontratados desde septiembre de 2023. La Procuraduría pidió a la UNGRD documentos precontractuales, copia del contrato, certificaciones de los funcionarios que intervinieron y soportes sobre una posible delegación de la ordenación del gasto.

La propia auditoría interna de la UNGRD sobre ollas comunitarias manifestó alertas graves. El informe dice que La Guajira concentró 61.812 millones de pesos, el 38,8 por ciento de los recursos pactados del programa, con 471 ollas contratadas. También dice que el departamento tuvo apenas 131 ollas ejecutadas, una ejecución física del 27,81 por ciento. En el mismo documento aparece Albania, La Guajira, asociada a posible desviación de recursos públicos para campañas electorales, no pago a manipuladoras y proveedores, y presuntas deficiencias precontractuales, de supervisión y de legalización.

El informe trae otro punto clave. Para las ollas comunitarias en La Guajira, la auditoría observó que no se había implementado un procedimiento para la selección objetiva del operador. Había plata, había urgencia alimentaria, había operadores, pero no hubo reglas claras para escogerlo.

En el capítulo de las ollas comunitarias, el nombre de Jorge David Martelo Yepes apareció por los señalamientos del diputado Luis Fernando Lobo Barrera, del Pacto Histórico en La Guajira. 

Lobo denunció ante la Fiscalía y la Contraloría presuntas irregularidades en la contratación y en el pago al personal operativo del programa. Según publicó Caracol Radio, el diputado afirmó que Martelo habría sido representante legal de Agrosolidaria entre 2012 y 2016, organización que, junto con Prosperitas, tendría contratos relacionados con las ollas comunitarias.

El Tiempo también registró el enfrentamiento entre Lobo y Martelo. Según ese medio, el diputado reclamaba el pago de seis meses de salario al personal encargado de operar las ollas comunitarias en Riohacha y Maicao. En esa controversia, Lobo sostuvo que Martelo administraba esas ollas “detrás de bambalinas”. Hasta ahora, el capítulo de las ollas comunitarias no ha tenido el mismo avance que otros frentes del escándalo de la UNGRD.

Martelo ha negado los señalamientos. Medios locales publicaron que anunció acciones penales contra Lobo por injuria y calumnia. 

Las ollas comunitarias de La Guajira tienen personal operativo sin pago, proveedores colgados, operadores cuestionados y hallazgos de auditoría sobre falta de selección objetiva. También hay fotos y publicaciones que muestran a Martelo moviéndose en escenarios políticos regionales, muy cerca de Martha Peralta. 

La Corte Suprema ya llamó a Peralta por uno de los frentes de la UNGRD. Falta que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría digan qué pasó con las ollas comunitarias, quién escogió a los operadores, quién recibió los recursos, quién dejó sin pago al personal operativo y qué papel tuvieron los nombres que aparecen alrededor de ese negocio. Ya es hora de que el caso de las ollas comunitarias empiece a calentarse.