Comprendo y respeto la insatisfacción de quienes hubiesen querido que las penas a la cúpula de las FARC fuesen más severas. El daño que hizo esa guerrilla fue enorme: cientos de miles de personas fueron víctimas de sus abominables crímenes -asesinatos, secuestros, desapariciones, extorsiones y desplazamientos forzados. Como lo reconoció el propio Rodrigo Londoño -excomandante de las FARC- el dolor causado es irreparable.
Pero precisamente el objetivo de la negociación con ese grupo insurgente fue ponerle fin a ese trágico desangre nacional. Y se logró: miles de vidas se han salvado al haber acordado la dejación de armas por parte de 13.000 alzados en armas. Imaginemos por un momento cómo sería la situación de orden público en Colombia si las FARC estuvieran activas: la ya muy grave violencia que se registra en muchas regiones del país sería muchísimo peor. En los pasados siete años -desde la firma del Acuerdo de Paz-, el conflicto hubiese cobrado la vida de miles de personas (incluidos soldados y policías) y hubiese perjudicado a otros miles y miles de ciudadanos en sus vidas cotidianas.
La JEP, diseñada para aplicar la justicia transicional (es necesario recordar que es muy diferente a la justicia ordinaria, porque su propósito es facilitar el fin del conflicto) hizo su tarea en lo relativo a los jefes de las FARC. Es cierto que lo ideal es que no se hubiese tardado tanto y que falta hacer algunas precisiones y ajustes para que las penas sean efectivas. Sin embargo, hay que reconocer que su tarea es inmensa, compleja y siempre sujeta a controversia -por su naturaleza sui generis.
Más allá del debate sobre las decisiones de la JEP, creo que vale la pena reflexionar sobre cómo encarar las numerosas decisiones que se deben tomar para resolver los múltiples problemas que agobian a Colombia. Tenemos dos alternativas: radicalizarnos en nuestras posiciones extremas a favor o en contra de determinadas soluciones, o buscar soluciones en las que todas las partes cedan para poder llegar a acuerdos que nos permitan avanzar como sociedad. Hay que reactivar el sabio consejo de la pirinola de Mockus: todos ponemos, todos ganamos.
Pienso que el próximo presidente no tendrá opción distinta a la de tender puentes en vez de construir muros. Si no lo hace, su gobernabilidad será tan débil que será imposible reversar el acelerado deterioro de los asuntos cruciales del país: la inseguridad, la corrupción, el déficit fiscal, la crisis de la salud y del sector energético. Por eso creo que si el siguiente mandatario es de las extremas derecha o izquierda -que se creen poseedores exclusivos de la verdad revelada-, no habría la posibilidad de concertar. Y si no concertamos, naufragamos.
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