En Colombia, la justicia tiene una grieta muy peligrosa: la puerta giratoria que permite a exfiscales y funcionarios del ente acusador pasar, sin condición alguna, de representar los intereses del Estado a defender corruptos, narcotraficantes y mafiosos de alto calibre. Este tránsito no solo mina la confianza ciudadana en la justicia, sino que abre de par en par las puertas a la captura del Estado por parte del crimen organizado y de los agentes que desde el sector público le sirven. Miremos algunos casos.
El exfiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno, célebre por su rol en el Cartel de la Toga, no solo es ahora el defensor de Sneyder Pinilla en el caso de la UNGRD, sino que apodera al venezolano Larry Álvarez, alias Larry Changa, cofundador del Tren de Aragua, quien entró a Colombia en 2022 para ampliar las operaciones de su banda en nuestro país. Álvarez fue capturado en 2024 y este año la Corte Suprema aprobó su extradición a Chile, en donde enfrenta cargos por terrorismo, tráfico de armas, extorsión y secuestro.
Moreno tiene un socio de negocios. Se trata del señor Kalev Giraldo Escobar, quien funge como abogado suplente en los casos de Pinilla y Álvarez, pero también ejerce la representación judicial en calidad de abogado principal de otros clientes singulares. Entre ellos, el presunto narcotraficante dominicano Dayiberto Torres, capturado en Bogotá en 2024 por requerimiento de autoridades españolas, por cuenta del tráfico de 2.6 toneladas de cocaína.
Otro de los clientes de Kalev Giraldo es Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias Gocho, un presunto integrante del Tren de Aragua, quien también fue capturado en Colombia por cuenta de una circular roja de Interpol. Carrillo está involucrado con el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, en Chile.
Un caso más de interés es el de Danny Julián Quintana, quien fuera director del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía hasta 2016, y poco después pasó a ser el apoderado de Musa Besaile, el senador corrupto que reconoció haber pagado un soborno de 2.000 millones de pesos a algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que ‘engavetaran’ el caso por parapolítica en el cual estaba involucrado.
Pero estos casos no son únicos. En un buen número de casos, exfiscales ante la Corte Suprema de Justicia, fiscales especializados anticorrupción y demás, pasan -sin agüero- de representar los intereses del Estado y la sociedad a ejercer la representación de consumados delincuentes. Al hacerlo, algunos de ellos se valen de sus contactos con viejos colegas para acceder a información confidencial, obtener un trato preferente para sus clientes e incluso torcer las investigaciones a su favor.
No disputo el derecho a la defensa, el cual es un pilar de todo Estado de derecho. Así no nos guste, incluso a los peores hampones alguien debe defenderlos con todas las herramientas que permite la ley. Lo grave es la puerta giratoria entre la justicia y la defensa de la mafia, que genera incentivos perversos a funcionarios en ejercicio, que, seducidos por el poder económico de los carteles de la corrupción y el crimen organizado, pueden empezar por hacerles favores desde sus cargos para recibir premios posteriores actuando como sus abogados.
No olvidemos, por ejemplo, el más reciente caso conocido por el país, en el que fiscales de muy alto nivel le filtraban información sobre expedientes, órdenes de captura, extinción de dominio y demás a los delincuentes que eran objeto de investigaciones.
El Congreso no puede seguir de brazos cruzados. Necesitamos una ley que cierre esa puerta giratoria, imponiendo la obligación de los exfuncionarios de la Fiscalía de esperar el paso de un periodo de enfriamiento, que podría oscilar entre dos o tres años, durante el cual no podrían litigar ante la Fiscalía o las cortes penales. Esa norma también podría incorporar elementos como los de la legislación brasileña, en donde es ilegal ofrecer la prestación de servicios de representación legal en un litigio argumentando que se conoce a los fiscales o jueces que participan del mismo.
Con estos cambios, podríamos blindar la integridad de la justicia, fortalecer la confianza ciudadana en nuestros fiscales y jueces, y cerrar una brecha que ha estado demasiado tiempo abierta y que ha facilitado la captura de nuestras instituciones al servicio de los grandes y pequeños capos de la mafia y de la corrupción.
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