Un gobierno en guerra consigo mismo

Hay escenas que, en cualquier democracia mínimamente ordenada, detonarían una crisis política inmediata y profunda. Por ejemplo, un ministro acusando a otro —o a un sector entero del mismo gobierno— de espionaje ilegal. En Colombia ocurrió. Y no pasó nada.

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, denunció públicamente que su teléfono había sido intervenido con un software espía mientras adelantaba investigaciones sensibles sobre presuntos hechos de corrupción al interior del Ejército. Ojo: Idárraga no habló de un ataque externo ni de una operación criminal ajena al Estado. Señaló, sin dudarlo ni un instante, a estructuras de inteligencia del propio aparato público, específicamente al Ministerio de Defensa, cuya cabeza, Pedro Sánchez, se sienta junto a él cada semana en el consejo de ministros. La acusación es gravísima: un ministro sosteniendo que otro sector del mismo gobierno lo estaba espiando ilegalmente para conocer el avance de investigaciones internas.

La respuesta del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue un NO categórico. Negó el uso de ese software y aseguró que cualquier actividad de inteligencia se rige por la ley y que su colega manejaba “información falsa”. Hasta ahí, podría tratarse de otro conflicto institucional indeseable y comprometedor que debería resolverse de tajo, con urgencia y autoridad política. Pero el contexto vuelve la escena aún más extraña. La respuesta del ministro de Defensa se dio desde Washington, mientras una delegación oficial trabajaba en la preparación de la visita del presidente a Estados Unidos, intentando reconstruir credibilidad, ofrecer garantías institucionales y transmitir confianza a los sectores políticos y de gobierno de ese país. Entonces, en medio de ese esfuerzo diplomático para mostrar seriedad y generar credibilidad, un ministro —el de Justicia— acusaba a sus propios colegas —de Defensa— de espionaje ilegal. Y la cabeza del Gobierno siguió adelante, mirando para otro lado, como si se tratara de una polémica de influencers en redes sociales.

Pero lo perturbador del caso no es  la acusación en sí —que deberá esclarecer la justicia—, sino la naturalidad con la que se digiere dentro del Gobierno y en la propia opinión pública. Un ministro acusa de espionaje a su colega; el otro niega, y no ocurre nada proporcional a la magnitud de semejante señalamiento. No hay una reacción política clara, no hay una señal de mando, no intervienen los órganos de control con determinación, no reacciona el Congreso de forma visible, no hay una presencia de Estado que se imponga sobre ese cruce de versiones. No pasa nada.

La acusación de espionaje del Ministerio de Justicia al Ministerio de Defensa no es una excepción, sino la confirmación de un patrón. Altos funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Petro se señalan mutuamente —sin asco— de corrupción, vínculos con estructuras criminales, abuso de poder, campañas de desprestigio y deslealtades políticas. Y lo hacen con nombres propios, con insultos, con amenazas de acciones penales y con exigencias públicas de renuncia. Y lo hacen sin que, después, ocurra nada proporcional a la gravedad de lo dicho. No hay responsabilidad política ni administrativa. 

Basta mirar para atrás para confirmar ese patrón. Hace algunas semanas, el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, afirmaba que durante su gestión el contrabando cayó porque logró contener “intereses clientelistas” en las aduanas y señala directamente de esos intentos a figuras centrales de la base política del Gobierno, como Roy Barreras. Agrega que fue un error permitir que personas como Armando Benedetti se adueñaran de ese proyecto progresista y llama a “corregir el rumbo”. Benedetti responde acusándolo de hacer parte de una organización criminal, de aparecer en investigaciones de la Fiscalía como integrante de una red de contrabando, de tener el alias criminal de ‘Orejas’ y de haber favorecido a estructuras ilegales. El intercambio escala al insulto directo —“payaso criminal”, “perverso”, “ineficiente”— y cierra con una exigencia pública de renuncia. Todo este espectáculo ante la vista de todos. Todo ocurre entre miembros del mismo Gobierno. Y de nuevo, no pasa nada.

El mismo libreto se repite en otro frente. El director de una de las entidades más sensibles del Estado —la UNGRD— acusa públicamente a la directora del despacho presidencial de utilizar canales institucionales para una campaña de desprestigio en su contra, de insinuar intereses indebidos en contratos y de cruzar límites éticos inadmisibles. Carrillo de describe como una talanquera a la corrupción —representada por ella—, dejando claro que no se trata de una diferencia administrativa, sino de una ruptura total sobre la base de temas éticos. El conflicto escala hasta convertirse en una denuncia formal por presunto acoso laboral entre dos altos funcionarios del mismo Gobierno, uno al frente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la otra en la cabeza administrativa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Y todo se grita en público. Y, otra vez, no hay una respuesta institucional que ordene, cierre o encauce el choque y sus consecuencias. No pasa nada.

Nada de esto implica absolver ni condenar a nadie: no sabemos si es verdad que Sánchez es un ministro que ordena chuzadas, si Idárraga calumnia usando información falsa, si Barreras intentó colocar funcionarios con ciertas intenciones, si Benedetti conspira más allá de la ley, si Reyes es un infiltrado de los contrabandistas, si Carrillo es inepto y corrupto, o si Rodríguez es una acosadora con interesas oscuros. Eso debería determinarlo la justicia. Pero todo esto sí obliga a hacer afirmación política elemental: un gobierno no puede pretender o reclamar credibilidad —ni dentro ni fuera del país— si sus propios ministros y funcionarios se acusan públicamente de espionaje, corrupción o abuso de poder y, al mismo tiempo, actúan al día siguiente como si nada hubiera pasado.

Este no es un fenómeno accidental. Tiene que ver con un estilo de gobierno. El de Gustavo Petro ha sido un gobierno conflictivo hacia afuera, confrontacional en su relación con otros poderes y con sectores de la opinión pública. Pero ha sido, sobre todo, un gobierno profundamente conflictivo hacia adentro. El propio presidente ha acusado, descalificado y señalado públicamente a funcionarios de su gobierno, ha convertido el reproche público en parte de su manual de estilo, y ha hecho de la descalificación de los suyos una herramienta política para salvar su propia responsabilidad. Basta ver sus consejos de ministros para comprobarlo. En ese clima, es normal que la  confrontación interna pase de lo posible a lo inevitable, e incluso a lo deseable. Cuando desde la cabeza del poder se gobierna desde el conflicto, lo que se reproduce hacia abajo no es la deliberación propia en un equipo, ni un ejercicio sano de autoridad: es la invitación a un choque permanente, vacío, desgastante, escandaloso e irresponsable, porque al final, nunca pasa nada.