Cien mil millones en una cuadra

Más de cien mil millones de pesos fueron entregados por el Gobierno en dos convenios casi idénticos con 18 meses de diferencia. Mismo objeto, mismo discurso institucional, misma promesa de “gestión socioambiental” en nombre de la justa transición energética. Y, sin embargo, cuando se empieza a mirar con lupa, el dinero no se invierte, se concentra. Se acerca. Se repite. Termina orbitando en el mismo núcleo territorial.

Vamos a la historia. En 2024, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) suscribió el convenio 454 por más de 52.000 millones de pesos con la Alianza Pública para el Desarrollo Integral, una entidad descentralizada conocida como Aldesarrollo. En 2025, la misma ANH firmó el convenio 551 con otra entidad descentralizada llamada Fondo Mixto de Etnocultura y Desarrollo Social, Fonpacífico, por más de 54.000 millones. El objeto contractual es prácticamente calcado. “Articulación social, fortalecimiento comunitario, prevención de conflictos en territorios donde operan contratos de exploración y producción”.

La narrativa es impecable. Trabajo social, diálogo, derechos fundamentales, calidad de vida, transición energética y fortalecimiento comunitario. Todo suena bien. El problema no está en el discurso, sino en la ejecución. Y, sobre todo, en el mecanismo que permitió adjudicar esos convenios: la famosa contrapartida. 

En el papel, ambos contratistas ofrecieron una inversión adicional multimillonaria. Aldesarrollo se comprometió con una contrapartida superior a 13.600 millones de pesos, mientras que Fonpacífico, con más de 14.100 millones. En teoría, ese aporte extra representaba un valor agregado para la entidad y era un elemento decisorio para escogerlos en esos multimillonarios contratos. Era el gancho diferenciador. El elemento decisorio.

Pero cuando se revisan los informes de resultados en Secop, lo que aparece como “contrapartida” no es una inversión extraordinaria, sino actividades operativas básicas: alistamiento, diseño metodológico, coordinación, logística, talleres, seguimiento. Es decir, el mismo trabajo que cualquier ejecutor debía realizar para cumplir el contrato. “Una empanada de aire”, diría mi abuelita. 

Más delicado aún, el acta de liquidación del convenio de 2024 no detalla con claridad la entrega específica de productos derivados de esa contrapartida. No hay trazabilidad visible, pública y desagregada que permita verificar que esos más de 13.000 millones correspondieron a bienes o servicios distintos a la ejecución ordinaria. Lo cierto es que la platica se refundió. 

Vamos a eso porque esta denuncia sigue. En las dos multimillonarias contrataciones con idéntico objeto, pero distinto ganador: Aldesarrollo y Fonpacífico, empiezan a aparecer las mismas personas ocupando los cargos clave para ejecutar el contrato. 

El gerente del equipo exigido para la implementación en ambos convenios es el mismo, el señor Juan Francisco Díaz. También aparece como abogado el mismo nombre, el del señor José David Tarazona. De nuevo, dos entidades y personas jurídicas diferentes, ejecutando convenios multimillonarios con la misma entidad estatal, que terminan compartiendo las mismas cabezas operativas en el acuerdo. Cambia el membrete, no cambia el mando. 

Pero hay un dato adicional que conecta ambos convenios. En los dos procesos, de acuerdo con las fuentes al interior de la entidad, la supervisión estuvo concentrada en un mismo funcionario: el señor José Leonardo Rojas Díaz, gerente de Seguridad y Medio Ambiente de la ANH. Es decir, mientras cambiaba el “asociado” principal, Aldesarrollo en 2024 y Fonpacífico en 2025, la supervisión técnica y administrativa recaía en la misma persona. 

Interesante además que sobre el señor Rojas Díaz existen denuncias según las cuales habría exigido a otros contratistas la venta de boletas para un bingo como condición para garantizar la continuidad de sus contratos en 2025. Eso fuera de señalamientos por presunto favorecimiento a personas de su círculo cercano en procesos de prestación de servicios. Entre los casos mencionados aparece el de una contratista vinculada a la vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos que, según versiones internas, tendría una relación familiar cercana con el directivo. Estos hechos deberán ser esclarecidos por los órganos competentes, pero lo cierto es que concentran aún más la atención sobre el rol del supervisor que tuvo bajo su órbita dos convenios que superan los cien mil millones de pesos.

Y no se trata de una coincidencia inocente. La mano de Rojas en esos acuerdos, con ese pasado oscuro con contratistas y el manejo del presupuesto, sumado a la repetición de las mismas cabezas en dos personas jurídicas distintas revela una continuidad operativa que va más allá del membrete. Que entre el diablo y es Rojas. 

Por eso vamos al otro elemento de coincidencias que aparece al revisar las subcontrataciones. En el acuerdo de 2024 entre la ANH y Aldesarrollo, este último subcontrató, entre otras, a Techniservis SAS y la Unión Temporal Estrategia Territorial por más de 20.000 millones de pesos. Estas empresas registran direcciones en los contratos en zonas residenciales de Montería. 

No se trata de complejos empresariales ni de edificios corporativos visibles como para recibir 20.000 millones de pesos. Pero sigue. Esas dos entidades Techniservis SAS y la Unión Temporal Estrategia Territorial, a su vez, hicieron cesión de los contratos a una empresa llamada Fundación Flora y Fauna, que también tiene domicilio en una residencia en la Urbanización Vallejo Etapa 1 en Montería. Esta fundación termina ejecutando parte relevante de las actividades en 2025. 

Pues bien, esa misma entidad reaparece como subcontratista por más de 21.000 millones de pesos, nuevamente desde Montería, en el contrato de Fonpacífico. Cambia el asociado principal, de Aldesarrollo a Fonpacífico, pero el circuito territorial permanece. Operadores que rotan entre figuras jurídicas distintas, en un ecosistema que no es amplio ni disperso. Es compacto. 

Y hay un elemento adicional que merece atención. Según información conocida por esta columna, durante la ejecución de estos contratos algunos contratistas, como personas naturales, habrían recibido pagos mediante consignaciones realizadas directamente en las sucursales bancarias locales; es decir, transacciones efectuadas por ventanilla y no necesariamente mediante transferencias electrónicas estructuradas desde cuentas institucionales claramente identificables, lo que reduce la trazabilidad del flujo financiero en contratos de altísima cuantía.

En teoría, estos recursos estaban destinados a intervenir territorios diversos del país, allí donde existen contratos de exploración y producción. Por eso vamos a los entregables. Dentro de los productos reportados como parte de la contrapartida aparece una plataforma digital. Un portal que, según se afirma, haría parte de ese valor agregado. 

Pues bien, el enlace no funciona y nunca funcionó. Demostrando que la transición energética digital termina en una página que no carga. Transición enigmática. 

Por eso cerremos y repitamos: más de cien mil millones en pocas cuadras en Montería. Mismo objeto, misma estructura operativa, mismo núcleo territorial y misma narrativa institucional. Esto hace parte de los recursos públicos que este Gobierno de Gustavo Petro destinó a reducir conflictos, fortalecer comunidades y dignificar territorios que, en la práctica, se perdieron en el camino. Ya que, cuando esos presupuestos terminan gravitando en el mismo entorno, bajo las mismas manos operativas y con los mismos circuitos financieros, lo que se concentra no es solo el dinero, sino la eterna corrupción. 

@yohirakerman; akermancolumnista@gmail.com