El volteo de un lago

Esta investigación no es solo sobre un simple volteo de tierras. Es la historia de un complicado volteo del lago más grande de Colombia. El lago de Tota aparece en el centro de una trama que mezcla escrituras públicas, decisiones administrativas, transferencias de acciones y silencios institucionales. Todo comienza con una compra millonaria de predios en su cuenca, realizada por quien terminaría siendo la secretaria del director de la entidad encargada de proteger la situación: la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.

Vamos a la línea de tiempo. La operación quedó registrada en la escritura pública número 1261 del 28 de junio de 2022, otorgada en la Notaría Décima del círculo de Bogotá. En ese documento quedó formalizada la venta de varios predios rurales ubicados en la vereda El Boquerón, del municipio de Cuítiva, en pleno entorno del lago de Tota.

No se trata de una transacción menor y, por eso, otros colegas han tratado el tema. En total fueron 19,6 hectáreas distribuidas en nueve lotes rurales, ubicados dentro de la cuenca hidrográfica que alimenta buena parte de la provincia de Sugamuxi, con salida a la vía principal y con acceso directo hacia la zona conocida como las playas a orillas del lago. Predios que, además, incluyen servidumbres y estructuras de captación de agua históricamente vinculadas al abastecimiento hídrico de la región. 

Desde allí se alimentan sistemas de agua de municipios como Sogamoso, Firavitoba, Iza, Cuítiva, Tota y Tibasosa, lo que convierte esos terrenos en algo más que un activo inmobiliario: son parte de la infraestructura hídrica de Boyacá.

Volvamos a los documentos. Según la escritura pública, el predio fue adquirido por más de 1.648 millones de pesos, una cifra considerable para un terreno rural, pero que adquiere otra dimensión cuando se observa su ubicación estratégica dentro de la cuenca. Lo sorprendente no es el monto, sino quién lo paga.

La compradora que aparece vinculada al negocio es la señora Angie Nathali Caro Arias. Para el momento de la operación no era empresaria del sector inmobiliario ni una inversionista en proyectos turísticos o ambientales. Era una funcionaria administrativa que había trabajado en la primera gobernación de Carlos Amaya entre 2017 y 2019 y que, según su perfil de LinkedIn, desde febrero de 2022 estaba vinculada a Corpoboyacá, precisamente la entidad encargada de ejercer la autoridad ambiental sobre la cuenca del lago de Tota.

De acuerdo con el contrato de prestación de servicios 041, desde enero de 2023 pasó a ser secretaria del entonces director de la entidad, Herman Stiff Amaya Téllez. Sus ingresos reportados como contratista y funcionaria pública no superaban los siete millones de pesos mensuales, una cifra muy distante del valor de la operación inmobiliaria. Por su parte, Herman Amaya fue director del Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá durante la primera administración de Carlos Amaya y un operador tan cercano a él que en algunos momentos fue designado gobernador encargado. 

Pero volvamos al negocio, porque este tampoco se realizó de manera directa a nombre de la secretaria. Es enredado, así que pongan atención. La escritura revela que primero se rescindió una operación anterior por los mismos lotes firmada el 29 de diciembre de 2021 entre los vendedores y una sociedad llamada Minera Los Pinos SAS. Ahora vamos a esa compañía, pero guarden el nombre por ahí. Eso sugiere que el negocio inmobiliario había comenzado a estructurarse meses antes y fue reorganizado para concretarse finalmente en junio de 2022.

En el mismo instrumento notarial, los derechos y el inmueble terminaron siendo adquiridos por otra empresa denominada Arquitectura Construcciones y Mantenimientos, conocida como Arcoma Ltda. El 6 de mayo de 2022 se produjo un movimiento que ayuda a entender la estructura del negocio. Según los registros, ese día se modificó la composición accionaria de la sociedad Arcoma, que semanas después aparecería vinculada a la compra de las tierras en la cuenca del lago de Tota. Totazo a la transparencia.

Los documentos muestran que, en esa modificación, la funcionaria secretarial de Corpoboyacá, Angie Nathali Caro Arias, quedó como accionista mayoritaria de la sociedad Arcoma, con el 75 por ciento de las participaciones, mientras el restante 25 por ciento quedó en manos de un señor llamado Cristian Fernando Medina López. El capital de la compañía, según el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá pocos días antes de la escritura, era de 20 millones de pesos.

Después de organizar los dueños de la empresa, vino la compra de los predios en junio de 2022 por parte de esa sociedad. En la práctica, el terreno cambió de manos mediante una operación jurídica más compleja que una simple compra de finca rural. La escritura incluye dos actos diferentes: una compraventa de derechos y acciones por más de 1.282 millones de pesos y una compraventa adicional del inmueble por más de 366 millones, lo que arroja una transacción de casi 1.649 millones de pesos. 

Como dijimos anteriormente, siete meses después de haberse firmado la escritura, en enero de 2023, Caro Arias fue nombrada secretaria del director de la autoridad ambiental regional, corporación con la responsabilidad de evaluar cualquier modificación en el uso del suelo, proyectos turísticos, actividades extractivas o desarrollos urbanísticos que puedan afectar el ecosistema del lago de Tota.

Y es ahí donde el expediente comienza a tomar otro rumbo distinto. Seis meses después, el 7 de junio de 2023, la secretaria de Corpoboyacá, Angie Nathali Caro Arias, le cedió a título gratuito la totalidad de las acciones de la empresa Arcoma, dueña de los predios, a la Sociedad Minera Los Pinos. ¿Se acuerdan de la primera compañía que intentó comprar los terrenos? La misma. Pues bien, esta empresa es de propiedad de los hermanos Medina, unos patrones famosos de la región e hijos del empresario minero Natanael Medina Vega.

Este, junto al señor José Antonio Estupiñán Amaya, constituyó la Sociedad Minera Los Pinos en 2013. Estupiñán Amaya, por su parte, terminó siendo funcionario de Carlos Amaya durante su primera gobernación, desempeñándose como subgerente del Instituto Financiero de Boyacá. Todo el círculo se empieza a cerrar, aunque la repetición del apellido Amaya en diferentes actores parece ser coincidencia.

Sigamos con la línea de tiempo. Tres meses después, el 6 de septiembre de 2023, se debatió el cambio de uso de suelo, elemento que quedó reflejado en el acta ordinaria 054 del Concejo Municipal de Cuítiva. Posteriormente, en sesión extraordinaria del 11 de octubre de 2023, el concejo municipal de Cuítiva aprobó la revisión general del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), un instrumento que define el uso del suelo y las categorías de desarrollo permitidas en cada zona del territorio. 

Varios elementos interesantes. El primero es que, aunque este predio queda a un poco más de 3 kilómetros de Cuítiva, quedó definido como suburbano. Segundo, que con la modificación del EOT su uso pasó de forestal a permitir construcción de vivienda campestre e infraestructura para servicios turísticos. Y tercero, que el director de Corpoboyacá, Herman Amaya Téllez, asistió al Concejo Municipal para asegurarse de que no hubiera problemas con los cambios, pese a estar de vacaciones esos días según fuentes cercanas a él. Muy comprometido con el trabajo el señor Amaya Téllez.

En especial porque es claro que ese tipo de decisiones urbanísticas requerían obligatoriamente la concertación ambiental con Corpoboyacá, lo que significa que la misma entidad debía emitir concepto favorable sobre el impacto ambiental de los cambios propuestos en el ordenamiento territorial. El 31 de diciembre de 2024 este diseñador industrial y especialista en marketing salió de la dirección de Corpoboyacá, después de una gestión muy criticada por sus funcionarios.  

Lo cierto es que, en menos de dos años, esta historia pasó de una compra privada de tierras protegidas a una operación inmobiliaria millonaria en la cuenca del lago más grande de Colombia. Y cuando se observa esa secuencia completa: la compra de los terrenos, la estructura societaria de la operación, la participación de la autoridad ambiental y los cambios posteriores en el ordenamiento territorial, la pregunta deja de ser inmobiliaria y se vuelve de presunta corrupción. Un lago de interrogantes.

De una historia protagonizada por una secretaria vinculada a la autoridad ambiental que debía intervenir en las decisiones sobre el uso del suelo en esa misma zona, un director de esa entidad que, pese a estar de vacaciones, verificó personalmente que esto ocurriera en el Concejo, y unos terratenientes que se acostaron siendo empresarios y se levantaron multimillonarios.

Eso sí, con todos los implicados en este caso siendo cercanos al actual gobernador Carlos Amaya. Por eso no sorprende que Herman Amaya, después de terminar su maestría en Derecho del Estado, fuera nombrado en enero de 2024 como asesor de macroproyectos de la actual Gobernación de Boyacá. Porque lo que está en juego no es solo el valor de unos terrenos a orillas del lago de Tota. Es quién terminó teniendo influencia en ese macroproyecto de una de las reservas de agua más importantes de Colombia. Y cómo un simple cambio en el uso del suelo puede transformar tierras forestales y reservas de agua en fortunas privadas.

@yohirakerman; akermancolumnista@gmail.com