En Colombia, denunciar fraude electoral sin pruebas se volvió una costumbre cada vez más peligrosa. Lo hizo hace ocho años el expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo hizo también hace unos meses la campaña de Abelardo de la Espriella desde la estridencia oportunista, y lo más grave, lo ha hecho el presidente Gustavo Petro desde la autoridad de los micrófonos institucionales.
Cambian los nombres, pero no el libreto. Cuando los hechos incomodan, se ataca el sistema; cuando la evidencia no alcanza, se fabrica sospecha; cuando no hay pruebas, se grita más duro; y cuando asoma el riesgo de una derrota causada por la propia torpeza, se recurre a la coartada más irresponsable de todas: inventar el fraude del sistema.
El problema no es solo la falsedad de la acusación. Es el daño que produce. Incriminar de un posible fraude sin evidencia no es una forma de vigilancia democrática. Es una forma de sabotaje. Se erosiona la credibilidad del sistema, se envenena la conversación pública y se acostumbra al país a una idea devastadora: que perder nunca es perder, sino ser víctima de una trampa. Nada de eso fortalece las instituciones. Lo que hace es debilitarlas desde adentro, reemplazando la prueba por la sospecha y el debate por la paranoia.
El presidente Petro no se limitó a pedir garantías, como después quisieron presentarlo sus defensores. Lo que hizo fue mucho más irresponsable. Anticipó públicamente un posible fraude, cuestionó la limpieza del proceso electoral, atacó al registrador nacional, a los contratistas y sugirió que el sistema podía operar contra su sector político. No estaba corrigiendo una falla concreta ni denunciando una prueba verificable. Estaba preparando el terreno narrativo para una deslegitimación anticipada. Dicho de otra manera, no estaba cuidando la democracia, estaba enseñándole a su electorado a desconfiar de ella.
La gravedad de esas declaraciones no está solo en su tono, sino en su función. Sirvieron para instalar en una parte importante del país la idea de que el sistema electoral colombiano era vulnerable a una manipulación deliberada. Sirvieron para convertir una sospecha política en una verdad emocional. Y sirvieron, sobre todo, para preparar una coartada ya que, si el resultado no favorecía al petrismo, entonces no habría que revisar sus errores de gobierno, sino denunciar una trampa inexistente.
El Gobierno no solo agitó el fantasma del fraude, sino que también intentó construirle una escenografía institucional. Creó misiones, anunció verificaciones extraordinarias y actuó como si Colombia estuviera al borde de una gran adulteración del voto. El problema es que esa respuesta no nació de un hallazgo serio, sino de una mentira políticamente útil. Se inventó una solución aparatosa para un problema inexistente.
Ahí está una de las trampas más eficaces del poder, fabricar una alarma y luego presentarse como el único capaz de contenerla. Primero se siembra la duda. Después se monta el operativo. Primero se insinúa que el sistema puede estar amañado. Después se anuncian comisiones, misiones y controles especiales para “proteger” la democracia de un enemigo que el propio gobierno ayudó a fabricar. No es vigilancia institucional. Es teatralidad política.
Y los datos, otra vez, dañan el libreto. La Misión de Observación Electoral (MOE) reportó un alto nivel de correspondencia entre el preconteo y el escrutinio en las elecciones al Senado de 2026, excluyendo consulados, y señaló una coincidencia agregada del 99,8 por ciento, equivalente a 47.516 votos. Ahora bien, según otros analistas, esa cifra agregada no refleja por completo los movimientos entre listas, pues mientras algunos partidos perdieron votos, otros ganaron. Bajo esa lectura, el volumen total de variaciones asciende a 139.218 votos, es decir, alrededor de 0,75 por ciento. Incluso con esa lectura, sigue siendo una diferencia extremadamente baja frente a antecedentes recientes, como la de 2022 que fue de 5,49 por ciento.
La MOE aseguró que, de las 126.647 mesas instaladas para el Congreso y las tres consultas interpartidistas, en el proceso de preconteo se lograron transmitir 126.093, lo que equivale al 99,56 por ciento del total. Esto significa que únicamente dejaron de transmitirse los resultados de 554 mesas o un 0,44 por ciento.
Es clave establecer que, con datos de preconteo, la cifra repartidora fue de 173.976 votos. Por tanto, la variación total de todas las organizaciones políticas, que asciende a 139.218 votos, es inferior a dicha cifra.
La misma MOE advirtió, además, que las declaraciones públicas de funcionarios de alto nivel sobre candidaturas, partidos y resultados afectaron la confianza ciudadana en el proceso electoral. Es decir, no solo no apareció el fraude anunciado, sino que una de las amenazas identificadas fue precisamente la irresponsabilidad del discurso oficial.
Esos números importan más de lo que parece. Importan porque desmontan el relato del fraude estructural con la contundencia fría de los datos. Un desfase de ese tamaño entre preconteo y escrutinio no habla de una conspiración nacional, ni de una maquinaria clandestina torciendo urnas. Habla de ajustes matemáticos normales en un sistema que informa primero y verifica después. Habla, en suma, de institucionalidad, no de sabotaje.
El contraste es demoledor. El mandatario habló como si Colombia estuviera a las puertas de una adulteración masiva del voto. Sembró una duda de gran escala. Y al final, lo que apareció fue una diferencia mínima, marginal, plenamente compatible con un proceso normal de verificación. Toda la estridencia oficial terminó estrellándose contra una realidad diminuta. No hubo el gran fraude que se insinuó. Hubo, en cambio, una gran irresponsabilidad política.
Conviene insistir en algo básico que muchos prefirieron deformar a propósito. El preconteo no es el resultado oficial. Es un mecanismo preliminar, rápido, de carácter informativo. El escrutinio, en cambio, es el procedimiento formal que revisa actas, resuelve inconsistencias y consolida el resultado jurídicamente válido. Presentar cualquier diferencia entre ambos como si fuera prueba automática de fraude no es una confusión técnica. Es una forma de manipulación política.
Y, sin embargo, eso fue exactamente lo que hizo el petrismo durante semanas: presentar el funcionamiento normal del escrutinio en una sospecha criminal, y vender como escándalo lo que en cualquier democracia seria se entiende como parte del procedimiento. No defendieron la transparencia; explotaron el desconocimiento, la ignorancia y la paranoia colectiva. No corrigieron una falla, sino que inflaron una ficción. Literalmente un Pacto Histérico.
La paradoja es brutal. Mientras el Gobierno hablaba como si estuviera desactivando una gran operación clandestina, los observadores hablaban de normalidad, de controles y de correspondencia alta entre las distintas etapas del proceso. Incluso el primer balance de la MOE sobre la jornada del 8 de marzo señaló que el día transcurrió con normalidad y que el indicador clave no debía ser la velocidad del resultado, sino la existencia de garantías y controles.
Por eso, el problema de fondo no es solo que el presidente Petro se haya equivocado. Es que convirtió su equivocación en una estrategia de gobierno. Y luego quiso vestir esa sospecha con protocolos extraordinarios, como si la sola creación de “misiones” probara la existencia del riesgo. No la probaba. Apenas mostraba hasta dónde estaba dispuesto a llevar una narrativa.
Ese comportamiento deja una lección incómoda. En Colombia ya no basta con inventar un fraude. Ahora también se puede construir toda una puesta en escena para “combatirlo”. Se crea la alarma, se convoca el operativo, se dramatiza la vigilancia y, al final, se pretende vender como liderazgo lo que no fue más que desconfianza organizada desde arriba.
Lo más grave es que esa estrategia no corrige los riesgos reales del sistema electoral colombiano. Porque sí existen riesgos reales, como la compra de votos por parte de los diferentes partidos, de todos los sectores, presiones locales de grupos armados, violencia política en algunos territorios, maquinarias regionales, asimetrías en la competencia. Pero al inflar un fraude sistémico sin pruebas, el Gobierno terminó banalizando los problemas verdaderos. Exageró lo inexistente y, al hacerlo, ayudó a desordenar la conversación sobre lo que sí debería corregirse con seriedad. Como diría mi abuelita, citando el viejo proverbio chino, la esencia del engaño está en la distracción.
De cara a la primera y segunda vuelta, la lección debería ser elemental. Colombia no está frente a un sistema electoral capturado, sino frente a un sistema que ha probado ser eficaz, sólido, resistente a la ficción del fraude masivo y capaz de soportar incluso la presión política de quienes intentan desacreditarlo. Es, además, el mismo sistema que llevó a Petro a la Presidencia, el mismo que antes le permitió llegar al Senado y a la Alcaldía de Bogotá.
Por eso resulta tan descarado desconocer su legitimidad solo cuando asoma la posibilidad de un resultado adverso. No se puede celebrar al árbitro cuando pita a favor y denunciarlo como ladrón cuando el resultado amenaza con ser contrario. No se puede seguir preparando al país para aceptar la mentira del robo electoral como coartada anticipada de la derrota, venga del sector político que venga. En democracia se gana o se pierde, lo inadmisible es convertir el miedo a la derrota en licencia para dinamitar la credibilidad de las urnas.
@yohirakerman; akermancolumnista@gmail.com
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