Preguntas con respuestas

En Colombia abundan los abogados que dicen tener todas las respuestas. Pero hay uno que, según los expedientes judiciales, decidió empezar por algo más práctico: preparar también las preguntas. El nombre es conocido. Abelardo de la Espriella. Penalista mediático, polemista habitual y ahora aspirante presidencial que suele presentarse como defensor implacable de la justicia. 

Pero en los archivos de la rama judicial y de la Fiscalía aparece un episodio menos citado de su carrera profesional. Un expediente disciplinario que, leído con cuidado, describe la historia de un proceso en el que la justicia llegó a concluir que el abogado pudo haber intervenido de manera indebida en la manipulación del testimonio de una testigo clave dentro de una investigación por homicidio.

La sanción se produjo el 23 de noviembre de 2010. Ese día, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca resolvió suspender por tres meses del ejercicio profesional a Abelardo de la Espriella y a su socio Daniel Alejandro Peñarredonda. La decisión se basó en la presunta comisión de una falta disciplinaria contra la recta y leal realización de la justicia prevista en el artículo 33 numeral 11 del Código Disciplinario del Abogado.

El expediente señala que los dos abogados habrían intervenido en la elaboración de un documento destinado a orientar la declaración de una testigo en un proceso penal. Según lo que se discutió en la investigación disciplinaria, se trataba de un cuestionario con preguntas y respuestas previamente elaboradas que la declarante debía repetir en una diligencia ante la Fiscalía.

La historia comenzó con una compulsa de copias ordenada por la Fiscalía dentro de una investigación mucho más grave: el asesinato de Carmen Josefa Vergara Díazgranados, conocida en la región Caribe como la ‘Nena’ Vergara. Esta era administradora de Inversiones Palo Alto Gnecco Espinosa, una empresa dedicada al cultivo y procesamiento de palma aceitera en el Magdalena. En el entramado empresarial de la región, su nombre aparecía vinculado a decisiones financieras y a disputas internas que, con el tiempo, terminarían cruzándose con uno de los casos criminales más comentados de Santa Marta.

En la tarde del 18 de enero de 2007, mientras se desplazaba en una camioneta por el sector conocido como Cerro Ziruma, en la vía entre Santa Marta y El Rodadero, sicarios interceptaron el vehículo y dispararon en repetidas ocasiones con armas de fuego calibre nueve milímetros. El ataque fue fulminante. Siete impactos de bala terminaron con la vida de la Nena Vergara de manera instantánea.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación terminó apuntando hacia el empresario Eduardo Enrique Dávila Armenta, entonces presidente del equipo de fútbol Unión Magdalena. Recordemos que, en noviembre de 1996, Dávila Armenta fue condenado a diez años de prisión por almacenamiento agravado de estupefacientes. Volvamos al homicidio que originó este expediente, aunque no sería el único caso criminal en que el nombre de Dávila terminaría apareciendo. Según las decisiones judiciales posteriores, este delito habría sido ordenado en medio de conflictos sentimentales y económicos vinculados al entorno de la víctima.

El proceso penal avanzó durante años. Finalmente, el 13 de julio de 2012, un juzgado especializado condenó a Dávila Armenta como autor del homicidio agravado. La decisión fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Medellín en junio de 2013, que fijó una pena definitiva de 309 meses de prisión. 

Pero antes de que se produjera esa condena definitiva ocurrió un episodio que terminaría generando el proceso disciplinario contra los abogados defensores del señor Dávila Armenta, y ahora uno de ellos candidato presidencial. Todo comenzó el 17 de marzo de 2009, cuando la Fiscalía interrogó a María del Pilar Espinosa del Castillo, exesposa de Dávila y una de las personas cercanas al entorno de la víctima.

Espinosa era una testigo particularmente sensible en el caso. Había tenido vínculos personales y empresariales con varios de los protagonistas de la historia, y su declaración podía incidir directamente en la valoración de las pruebas contra el empresario investigado. 

Durante la diligencia de indagatoria ante la Fiscalía 51 de la Unidad de Derechos Humanos, Espinosa hizo una afirmación que terminó desencadenando una cadena de consecuencias judiciales. La testigo afirmó que el día anterior había rendido una declaración ante la Fiscalía, pero que no había contado todo lo ocurrido porque sentía miedo de su exmarido. En esa indagatoria explicó que el abogado Abelardo de la Espriella la había buscado personalmente para hablar sobre su testimonio. Cabeza de tigre con cola de serpiente, como reza el proverbio chino.

María del Pilar Espinosa dijo lo siguiente, según lo que reposa en el expediente: “Ayer yo rendí una declaración y por miedo no dije nada de esto (es decir, ocultó la entrega del documento sugerente), todo por miedo a Eduardo (su exesposo), además, que fue el abogado de Eduardo que se llama Abelardo de la Espriella, quien me fue a buscar a mi apartamento a las 9:00 a.m. y me trajo, me dijo que ya sabía la razón de Eduardo, que cuidado con lo que iba a hablar (…)”. 

Suena a una advertencia. Algunos dirían que a una amenaza velada. Pero lo que más llamó la atención de los investigadores fue otro detalle que quedó consignado en el expediente: “Hubo otras llamadas de Eduardo, en la segunda me dijo que Abelardo de la Espriella necesitaba citarse conmigo y darme un cuestionario sobre las preguntas que yo debía contestar. Ese cuestionario sobre las preguntas me lo entregó el abogado De la Espriella en su oficina, yo lo tengo y a través de mi abogado lo voy a aportar y la última llamada Abelardo me iba a poner otro abogado, es un gordo llamado Daniel que estuvo en la reunión en la oficina, él copiaba mientras Abelardo le dictaba el cuestionario que después me hicieron llegar al apto acá en Bogotá”. 

No suena a una simple preparación de un testigo. No se trataba simplemente de anticipar posibles interrogantes, algo que forma parte del trabajo de cualquier defensa, sino de entregar un libreto completo con preguntas y respuestas previamente elaboradas para ser reproducidas ante la Fiscalía. 

Un poco de contexto para entender. La declaración de la señora María del Pilar Espinosa fue solicitada por los defensores del empresario porque la Fiscalía había usado el testimonio del señor Carlos Pareja Mendoza, antiguo empleado de María del Pilar, para la imputación por el delito de concierto para delinquir agravado por las relaciones de Dávila con los paramilitares. 

Pareja Mendoza precisamente había trabajado con María del Pilar en la empresa Inversiones Palo Alto Gnecco Espinosa y había sido desvinculado. Todo parece indicar que lo quería mostrar la defensa del imputado, a través de la declaración de su exesposa, era que Pareja Mendoza mentía, que sus declaraciones eran por enemistad contra el empresario Dávila y que, por supuesto, este no tenía relaciones con paramilitares, y menos con el cruento homicidio de la Nena Vergara. El tiempo terminó resolviendo lo que el expediente insinuaba, Dávila fue condenado a 34 años de cárcel por ese homicidio. Pero quedó flotando la pregunta sobre la actuación de sus abogados.

El 4 de noviembre de 2009, la Fiscalía 51 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, mediante oficio No. 264, solicitó la compulsa de copias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca. A partir de esa información se abrió el proceso disciplinario que buscaba determinar si la actuación descrita podía constituir una falta grave, por el intento de amañar o tergiversar pruebas o testimonios dentro de un proceso judicial. 

En la decisión de primera instancia, adoptada el 23 de noviembre de 2010 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, se determinó que la actuación de los abogados representaba justamente ese riesgo: orientar o desfigurar la declaración de una testigo clave dentro de una investigación por homicidio agravado. 

En esa providencia, la Sala concluyó que la conducta atribuida a los abogados comprometía la recta administración de justicia y decidió imponerles una sanción disciplinaria de tres meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, tanto para Abelardo de la Espriella como para su socio Daniel Peñarredonda.

Sin embargo, la historia judicial no terminó en ese punto. El fallo fue apelado y el expediente ascendió a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, máxima instancia disciplinaria de la época. Mediante providencia del 21 de julio de 2011, aprobada en Acta 069, se revocó la sanción impuesta en primera instancia y los abogados terminaron siendo absueltos dentro del proceso disciplinario. Pero con un detallito. O, si se quiere, una coincidencia. 

El magistrado ponente de esa decisión fue el jurista Henry Villarraga Oliveros, entonces integrante del Consejo Superior de la Judicatura. Años después, su nombre volvería a aparecer en titulares judiciales, esta vez no como magistrado sino como investigado.

Villarraga terminaría, años después, vinculado a investigaciones por presuntos episodios de corrupción judicial. En 2013, la Fiscalía abrió un proceso para establecer si se habían ofrecido pagos irregulares para influir en decisiones disciplinarias dentro del Consejo Superior de la Judicatura. 

Tras conocerse el escándalo, el magistrado presentó su renuncia en noviembre de ese mismo año, mientras el expediente pasaba a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. Con el paso del tiempo, su nombre volvió a aparecer en distintos procesos relacionados con irregularidades dentro del sistema judicial y, más recientemente, solicitó acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz como agente del Estado no integrante de la fuerza pública, solicitud que fue rechazada por la JEP el 5 de noviembre de 2025. 

Así quedó una historia judicial que, revisada hoy con calma en los expedientes, deja una imagen difícil de ignorar: la de un proceso en el que la justicia colombiana llegó a discutir seriamente si un abogado había decidido adelantarse a la diligencia judicial preparando algo más que la defensa de su cliente. Acomodando las preguntas… y también las respuestas.

Y este es el candidato que algunos, movidos por el miedo o por el cálculo, están dispuestos a respaldar para la Presidencia pese a sus otros múltiples escándalos. Un abogado cuyo comportamiento ha sido discutido en los propios expedientes judiciales, y que plantea preguntas inevitables sobre la ética que exige la defensa de la patria. Porque, en todo caso, no se puede salvar la patria si primero no se defiende la ley.

@yohirakerman; akermancolumnista@gmail.com