El problema más urgente que tendrá que resolver el próximo gobierno, cualquiera que sea, es el de la crítica situación de las finanzas públicas, donde los compromisos y obligaciones de gasto público exceden por mucho los ingresos fiscales, lo que implica la necesidad de acudir a montos crecientes de endeudamiento para financiar los gastos. De la disminución de este déficit fiscal depende la posibilidad de realizar todas las promesas de campaña de los candidatos presidenciales.
El contralor general ha hecho un fuerte pronunciamiento sobre el tema, en el que además señala cómo el costo de la deuda pública se ha convertido en un agravante del déficit fiscal, por lo que concluye con un control de advertencia al Ministerio de Hacienda sobre los riesgos inminentes para el patrimonio estatal derivados del manejo de la deuda pública.
Crece el déficit, crece la deuda
El diagnóstico de la situación fiscal es conocido: lento crecimiento del recaudo tributario y acelerado crecimiento del gasto que ha llevado a un elevado déficit fiscal (118 billones de pesos, o 6.4 por ciento del PIB), de niveles similares a los registrados después de la pandemia.
El gráfico, con cifras del Ministerio de Hacienda, muestra cómo desde el 2018 los ingresos fiscales solo han crecido 2 por ciento del PIB, a pesar de las cuatro reformas tributarias realizadas en este período. Por su parte, los gastos crecieron 3 por ciento del PIB hasta el 2021 y otro 3 por ciento hasta el 2025.
Más grave aún, el contralor mostró las “deudas ocultas”, que no están incluidas en el balance contable de la Nación, pero que son obligaciones ciertas que el Estado tendrá que pagar en el futuro, tales como el pasivo pensional de Colpensiones y los regímenes especiales (fuerza pública y otros), la reparación de las víctimas, las contingencias judiciales, las deudas de la salud o las vigencias futuras para infraestructura.
En el foro realizado para presentar este pronunciamiento, el Ministerio de Hacienda respondió con una visión menos pesimista, señalando además que existe un problema creciente de inflexibilidad del gasto público: hace dos años el gasto ya comprometido e inflexible era el 87.5 por ciento del total, y para este año será el 93.7 por ciento. Es un problema estructural que viene desde hace muchos años y varios gobiernos. Es cierto, pero también es cierto que este Gobierno lo ha empeorado.
La discusión sobre los responsables de las dificultades fiscales puede ser importante para las campañas electorales y en el futuro los historiadores debatirán mucho sobre el tema, pero lo relevante ahora es definir un plan de acción para que el nuevo gobierno, cualquiera que sea, pueda enfrentar el problema.
La advertencia del contralor se refiere a la sostenibilidad de la deuda pública, que aumentó 176 billones de pesos el año pasado por tres factores que la amenazan: “Un déficit primario persistente acompañado de un contexto de altas tasas de interés reales y una modesta tasa de crecimiento real de la economía”.
El alto déficit primario implica que los recursos de crédito cada vez pesan más dentro de los ingresos presupuestales: en promedios entre 2022-2024 fueron el 17.5 por ciento, y el año pasado subieron al 26.7 por ciento del total. Al aumento del monto de la deuda se suma la subida de los intereses de los TES, que ha pasado de 9.6 por ciento a 13.6 por ciento en el último año (no por culpa del Banco de la República) y la concentración de sus vencimientos, lo que genera un mayor gasto por servicio de la deuda y obliga a disminuir otros gastos. Este año la apropiación presupuestal para el servicio de la deuda es mayor que los recursos destinados a inversión pública.
El riesgo de no conseguir créditos
Como si esta situación no fuera ya muy preocupante, hay otro riesgo en el manejo de la deuda que no menciona el contralor y que puede tener consecuencias más graves: el de no poder conseguir los préstamos necesarios para cubrir el déficit fiscal y tener la caja para pagar los gastos del Estado.
Según el plan financiero de Minhacienda, este año la Nación necesita obtener créditos por 128 billones de pesos, 102 billones para financiar el déficit y el resto para amortizaciones; se espera que el origen de estos recursos sea 43 billones de pesos de créditos externos y 85 billones del mercado doméstico. La CARF opina que el déficit está subestimado y que puede ser 32 billones más grande, con lo cual las necesidades de financiamiento llegarían a 160 billones. ¿Quién nos va a prestar toda esa plata?
En circunstancias normales es posible conseguir tal cantidad de créditos pagando más caro por ellos, como sucedió el año pasado. El riesgo enorme que tenemos es que, como lo analice acá mismo hace unas semanas, se desate una crisis financiera mundial, se cierren los mercados de capitales internacionales y los inversionistas extranjeros que hoy tienen más del 25 por ciento de los TES en circulación decidan venderlos, comprar dólares y llevárselos. Entonces se cortaría el chorro, no conseguiríamos créditos a ningún precio y tendríamos una profunda recesión como la de 1999.
Hay que prepararse para que la crisis, si llega, no nos coja con los calzones abajo. Un aspecto fundamental es recuperar la confianza de los mercados, para lo cual es necesario dar señalas claras de compromiso con la reducción del déficit y de respeto a la autonomía del Banco de la República. Esa confianza, y la tradición de Colombia como buena paga fue lo que nos salvó en la crisis de la deuda latinoamericana en 1983.
También es necesario tener preparados salvavidas y líneas de apoyo para no ahogarnos si llega la crisis. En las condiciones actuales de los mercados de capitales, estos salvavidas son las líneas de crédito de las entidades multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, el BID y la CAF. Son importantes no solo porque desembolsan recursos indispensables para financiar el funcionamiento del Estado, sino porque ayudan a restablecer la confianza de los prestamistas privados. Los equipos económicos de todos los candidatos deben iniciar ya mismo conversaciones con estas entidades.
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