A pesar de que en Colombia las grandes noticias son sepultadas rápidamente por otras, la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí sigue resonando. La verdad, es una escena que hemos visto por décadas. Y —para bien o para mal— actuamos como si fuera algo nuevo, inédito. El valiente concejal de Medellín Andrés Tobón señaló en las últimas horas que fueron 138 los visitantes —incluidos ocho menores de edad— los que disfrutaron de horas de música, comida y licor en los patios del penal.
La fiesta en la cárcel de Itagüí —con la presencia del cantante Nelson Velásquez, logística privada y ambiente de celebración— no es solamente el desliz político de un proceso de paz que no va para ninguna parte, ni un exceso puntual, ni un error administrativo. Estamos frente a la repetición de una lógica que no por conocida deja de ser desconcertante: la del poder ilegal que convierte cualquier espacio, incluso el que debería limitarlo, en extensión de su propio mundo. Y aquí hay que detenerse en un detalle que no debe pasar desapercibido: no se trató de un evento cultural institucional, ni una actividad del INPEC, ni del Ministerio de Justicia. Fue una fiesta pagada —según se ha conocido— por los propios condenados, contemplada y auspiciada (¿por acción o por omisión?) por los responsables de la seguridad del penal. Es decir: la cárcel como club privado.
Ahí es donde el episodio de la fiesta de los protagonistas del Tarimazo se aparta de lo anecdótico y toca de nuevo las estructuras de la relación de la mafia con artistas y celebridades, muchas veces con la complacencia —y la participación— de agentes del Estado.
Porque la discusión no debe estar solamente en si unos artistas debieron o no aceptar una contratación cuya naturaleza era, como mínimo, opaca. Ese debate —válido— hay que darlo, y el cantante vallenato deberá responder por su participación en este ilícito ante la justicia. Sabemos que muchos artistas han alegado desconocimiento, intermediación o simple lógica profesional: “yo voy donde me contratan”. El propio Darío Gómez, el Rey del Despecho, lo dijo sin rodeos cuando reconoció en una entrevista que el narcotraficante Pacho Herrera lo contrató y lo hizo cantar diez veces la canción Nadie es eterno para celebrar la muerte de Pablo Escobar.
Pero volviendo al caso de Itagui, el problema de fondo no está solamente ahí, en la manera en que personas al margen de la ley contratan o se relacionan con artistas o figuras públicas. Está en que el Estado —otra vez— parece incapaz de imponer la frontera que debería existir entre castigo y privilegio.
Y entonces es inevitable sentir los pasos de un fantasma conocido, el de Pablo Escobar y su cárcel de lujo, La Catedral. Porque La Catedral no fue solo un episodio extravagante. Fue un peligroso precedente que creíamos sepultado: el de una cárcel diseñada —y vivida— como espacio de negociación, confort y control para quien debía estar sometido al poder del Estado. Allí —como en Itaguí— hubo fiestas, visitas, privilegios. Y música. Y fútbol. Según los relatos de Juan Pablo —hijo de Pablo—y de Roberto —hermano del capo— figuras como René Higuita, Leonel Álvarez, Asprilla, Aristizábal, Maturana, Tréllez y otros, habrían participado en partidos de fútbol dentro de La Catedral, jugando durante horas con Escobar y su círculo con la participación de los propios guardinanes. En su libro Mi hermano Pablo, Roberto Escobar recuerda esos partidos entre los presos de La Catedral y el equipo de jugadores profesionales: “Nacional utilizó su uniforme tradicional y nosotros el nuestro, que era el mismo de la selección alemana. Pablo dio más instrucciones: Sólo se permiten dos cambios, y si hay empate la definicinón es a penaltys, le explicó a todos. Mi hermano jugaba de número 9. A nosotros nos tapaba un muchacho joven, que era de la guardia”. La metáfora es perfecta: el guardia encargado de taparle goles al equipo de la mafia.
El deporte, como la música, no eran un detalle accesorio o menor en el contexto de este extraño tipo de cárceles. Todo era parte del ambiente, de la escenografía de la normalidad artificial que rodeaba lo que, en teoría, debía ser un espacio de reclusión. Todo muy similar en la vieja ‘catedral’ y en la cárcel de Itaguí. Ayer y hoy, piezas de un mismo sistema lleno de grietas.
En las historias paralelas de La Catedral e Itaguí hay algo más simple —y más profundo— como aspiración de ese tipo de reclusos: la capacidad de reproducir, en cualquier entorno, las condiciones simbólicas del poder pasando por encima del Estado y de la sociedad. La parranda vallenata en la cárcel ante la vista de todos, el patio convertido en tarima de concierto, los partidos de fútbol con figuras públicas, por mencionar solo algunas de las excentricidades que se dan entre rejas. Y todo esto va mucho más allá de una lista de anécdotas impactantes: son los síntomas de una anomalía que lleva décadas, señales de un país donde el poder ilegal que va mucho más allá de un simple soborno.
Esa incomodidad que se siente al ver la parranda en la cárcel no debería concentrarse únicamente en los artistas (o los deportistas, o los magos, o las modelos) —aunque cabe exigirles más criterio—, sino en el hecho de que desde algún lugar del Estado se permite (o se estimula) que estos hechos sigan ocurriendo.
Porque si hay algo que Colombia debería haber aprendido es que cuando el poder ilegal logra convertir la cárcel en caseta de fiesta y en un espacio funcional a su lógica, el problema ya no está en los privados de la libertad sino en la normalización y en el Estado, que es el últimas, el responsable de mantener el orden.
Entre La Catedral, Itagüí y tantos otros episodios de despelote carcelario hay diferencias evidentes. Pero hay algo que permanece intacto. La pregunta, entonces, no es simplemente quién cantó, quién pagó, cuánto cobró. Es otra, mucho más compleja, más difícil de responder: ¿Quién y por qué permite que el crimen organice la vida, incluso detrás de los muros donde debería estar contenido?
Lo más inquietante es que muchos de los protagonistas de la fiesta en Itagüí pertenecen a una generación que no conoció a Pablo Escobar. Y, sin embargo, se comportan como si hubieran sido formados en su escuela.
Ese modelo de poder —que desafía al Estado, compra o doblega voluntades y convierte la cárcel en territorio propio— nunca desapareció: se transmitió a través de las nuevas generaciones de bandidos.
Comentar este artículo
Aún no hay comentarios
