El oído del Poder

La publicación del presidente Gustavo Petro en la red social X este fin de semana no es un trino más; es la exposición voluntaria de un hecho sombrío en la democracia colombiana. Al afirmar que tuvo acceso a “informes hechos desde inteligencia” de conversaciones entre los hermanos Bautista, dueños de Thomas Greg & Sons, y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, el mandatario parecería haber cruzado la línea roja que separa la seguridad nacional con lo que podría entenderse como espionaje político. Lo que empezó como una disputa técnica por la licitación de pasaportes pasó a ser un escenario donde el aparato de inteligencia del Estado parecería estar al servicio del interés oficialista, el monitoreo y el intento de control directo de la oposición en plena campaña hacia 2026. La bomba explotó, así Wilmar Mejía   -ex funcionario de la DNI- asegure que el presidente cometió una “ligera imprecisión” al referirse a información de “inteligencia” y no a interceptaciones ordenadas por un juez. Interceptaciones que en caso de existir, tampoco deberían ser de conocimiento del mandatario y mucho menos ser usadas en una controversia política. La movida termina pasándole la “papa caliente” a la rama judicial. 

Resulta históricamente irónico que un dirigente que cimentó su carrera denunciando las “chuzadas” del DAS y la persecución estatal, sea hoy quien admita con naturalidad el conocimiento de interceptaciones, cuyo origen es un misterio. Al señalar que estos reportes revelarían planes para revertir el modelo de pasaportes y asegurar beneficios electorales, Petro olvida que, en un Estado de derecho, la inteligencia no es un juguete de inspección presidencial para dirimir pleitos contractuales. Esta admisión de acceso a comunicaciones privadas, sin  citar una orden judicial de manera clara de su parte, revive los fantasmas del uso del poder para intimidar al adversario bajo el pretexto de la “soberanía”. Ante esto, De la Espriella ha lanzado un reto directo exigiendo que se “muestren las grabaciones”, calificando el hecho como un uso indebido del poder estatal y asegurando que renuncia a su candidatura si esos contactos existen. 

Para entender este choque, hay que recordar que desde 2024 el Gobierno declaró la guerra a Thomas Greg calificándola como un “monopolio” que amenaza la transparencia de los procesos electorales. Para el presidente Petro la guerra contra esa empresa parece ser casi una obsesión. Tras la salida de los cancilleres Leyva, Murillo y Sarabia por cuenta de la accidentada adjudicación inicial, el Ejecutivo impuso un modelo de transición con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal. Sin embargo, Petro ha subido el volumen de la confrontación en este 2026, asegurando que la persistencia de la firma en la logística de la Registraduría encarna riesgos de fraude. Bajo esta premisa de “salvación nacional”, el Gobierno intenta justificar y presentar  hoy con asombrosa naturalidad lo que antes calificaba como abusos de Estado: el seguimiento y monitoreo de ciudadanos y contradictores políticos. A través de actividades de “inteligencia”.  Así está claramente expresado en su cuenta de X. 

Más allá de la controversia política, las palabras del presidente podrían configurar una especie de autoincriminación jurídica. Según la Ley 1621 de 2013, la inteligencia estatal tiene prohibido estrictamente monitorear a personas por su filiación política. Al revelar públicamente su conocimiento de conversaciones reservadas para atacar a un candidato de la oposición -asegurando que vienen de fuentes de “inteligencia”- Petro no solo vulnera el debido proceso interno —motivando ya una solicitud de investigación por una supuesta violación ilícita de comunicaciones— sino que dinamita su propia imagen internacional. El mandatario, que ha acudido históricamente a la CIDH denunciando ser víctima de persecución, queda expuesto ante la comunidad global como posible autor de las mismas prácticas de vigilancia que antes denunciaba. Esta especie de “confesión” le quita autoridad moral en los escenarios internacionales donde suele presentarse como defensor de los derechos humanos, convirtiéndose en un bumerán que valida las acusaciones de autoritarismo en su contra. 

Escribir en X que tenía acceso o conocimiento  de esa información de conversaciones privadas, sacó al presidente de su tesis de la defensa de la soberanía de los datos públicos y de un supuesto complot contra el nuevo modelo estatal de esos documentos. El problema ya no es quién hace los pasaportes, sino quién escucha las llamadas de los ciudadanos. El presidente ha pasado de denunciar ataques contra un proceso administrativo  que él impulsa con toda su fuerza, a  lo que muchos podrían interpretar como una confesión de espionaje, convirtiendo los informes de inteligencia (o en el mejor de los casos, filtraciones de procesos judiciales) en los nuevos panfletos de campaña. Si la sociedad colombiana acepta que el mandatario use “información reservada” para atacar a una empresa y a un rival político, habremos aceptado que la privacidad depende del humor de fin de semana del gobernante  o de sus antojos políticos. Al final y       -después de leer esas palabras del presidente en X-  el mayor riesgo para la democracia no es un contrato de impresión de documentos, sino el oído de un Estado que parece caminar por la frontera entre seguridad nacional y  la vigilancia política.