Memoria e indignación selectiva

El candidato presidencial Iván Cepeda decidió esta semana atacar la presencia de Ciro Ramírez en el Senado. No es para menos. Lo llamó “criminal convicto”, anunció una queja disciplinaria y dijo que su permanencia afecta la moralidad pública y el buen nombre del Congreso. Estamos de acuerdo en todo. Ramírez, por su parte, respondió que su condena a 23 años es de primera instancia y que, mientras no quede en firme, sigue cobijado por la presunción de inocencia. Jurídicamente, en eso último tiene razón. Políticamente, el debate ético existe. Lo que no existe es el derecho a la indignación selectiva.

Porque, mientras el candidato del Pacto Histórico se despachó contra Ciro Ramírez, guarda un silencio de convento frente a Pedro José Suárez Vacca, representante del Pacto Histórico por Boyacá, uno de sus aliados en el departamento y un congresista que hoy enfrenta un juicio ante la Corte Suprema. Nada más ni nada menos que por prevaricato por acción agravado, en modalidad de delito continuado, por decisiones que adoptó cuando era juez quinto de ejecución de penas y medidas de seguridad en Tunja. En otras palabras, por recibir un soborno de un narco para sacarlo de la cárcel. 

El viernes, en un gran evento en la Plaza de la Nieves en Tunja, el candidato del Pacto Histórico se abrazó de Suárez Vacca, y no dijo nada de la fuerte evidencia que lo aplasta. Aquí conviene poner orden porque la defensa y los amigos de Suárez Vacca han querido enredar lo básico. Empecemos por lo procesal. 

A Suárez Vacca no le negaron una nimiedad. El 25 de febrero de 2025, la Sala Especial de Primera Instancia le negó la cesación del procedimiento. Y el 22 de octubre de 2025 la Sala de Casación Penal confirmó esa negativa. La apelación solo le sirvió para rescatar algunas pruebas testimoniales y documentales. Lo medular, lo que de verdad buscaba, lo perdió y es que la Corte no aceptó que el proceso muriera por prescripción. 

La Corte sostuvo que la acusación no era equívoca ni sorpresiva, sino clara: el núcleo del caso está en dos autos, uno del 23 de enero de 2008 y otro del 15 de septiembre de 2009, mediante los cuales Suárez Vacca, como juez, habría concedido y luego mantenido la prisión domiciliaria al narco Lelio Nevardo Ávila Santana, pese a que el beneficiario estaba condenado por tráfico de estupefacientes agravado y también por secuestro simple. Para la Corte, esas dos providencias podían leerse como actos homogéneos, dirigidos a la misma finalidad, con afectación del mismo bien jurídico y dentro de una tesis de delito continuado. Por eso, concluyó que el término de prescripción no había corrido como alegaba la defensa.

Tampoco llegó este caso a juicio por una intuición moral o por un capricho político. La propia Corte reseñó que la acusación se apoyó en copias originales de las providencias cuestionadas, diversas denuncias contra el entonces juez, y en el centro de ese expediente hay un nombre que esta columna ha venido documentando desde hace años: John Carlos Mancipe Puerto, exescolta de Suárez Vacca, y el hombre que, según la acusación y según su propio testimonio, sirvió de puente entre el entonces juez y el condenado narco. 

El testimonio de Mancipe Puerto y la existencia de un manuscrito dirigido a Ávila Santana y firmado por el hoy congresista no son simples versiones enfrentadas: son piezas documentales que se sostienen entre sí. En especial, porque el expediente no solo incluye un examen caligráfico, sino también un informe técnico de laboratorio, el FPJ-13 del 8 de junio de 2011, en el que se realizó el cotejo entre el manuscrito y la firma del documento cuestionado y las muestras patronales de Suárez Vacca, concluyendo que son uniprocedentes. No es una sospecha. Es una coincidencia técnica entre la letra, la firma, el beneficio y el autor. 

Esta columna ya había documentado que fue Mancipe quien llevó la carta manuscrita en la que Suárez Vacca pedía “no dar papaya” al hablar por teléfono y dejaba escrito que “John está autorizado para hablar con usted de mi parte. Sólo él”. También había publicado el relato según el cual el entonces juez, compró una hoja de examen cuadriculada, escribió esa carta y la envió a Bogotá con su escolta y la instrucción de entregarla y traerla de vuelta. Y había revelado que Mancipe denunció ante la justicia que sirvió de intermediario en la entrega de 35 millones de pesos por la concesión de la prisión domiciliaria irregular para el narco.

Es decir, cuando la defensa intenta presentarlo como un testigo dudoso o resentido, omite algo esencial. Mancipe no está solo. Está amarrado a una certificación laboral firmada por el imputado, a un manuscrito atribuido al hoy congresista, a peritajes y al resto del expediente. Por eso, el problema de Suárez Vacca no es Mancipe. Es que, aun sin Mancipe, el expediente sigue en pie con una evidencia concluyente. 

Así, la audiencia de juzgamiento del pasado 8 de abril fue reveladora. La defensa intentó llevar testigos que desmontaran el corazón de la acusación, pero no pudo explicar por qué se concedió y luego se mantuvo una domiciliaria a un condenado por delitos para los cuales la ley no la permitía. 

También intentaron erosionar a Mancipe por la periferia. Para eso llevó a dos exfuncionarias del propio juzgado. Laura Juliana Duarte Quitian, quien fue asistente jurídica del despacho, pero ingresó en 2010, es decir, dos años después de los hechos que hoy se juzgan. Y Olga Lucía Rodríguez Guerrero, también vinculada al entorno del juzgado, llamada a declarar sobre el funcionamiento interno y, sobre todo, sobre la relación entre Suárez Vacca y Mancipe.

No fue casual que, en el interrogatorio a Olga Lucía Rodríguez, el abogado defensor se detuviera en una entrevista suya de 2011 sobre esa relación. El blanco real no eran los autos de 2008 y 2009. Era el hombre que conecta la carta, los contactos y el favor judicial. Pero la maniobra salió mal. 

Primero porque Laura Juliana Duarte no fue testigo de los hechos centrales que hoy se juzgan y, según la diligencia, terminó admitiendo que la autenticidad de los documentos sí podía verificarse, lo que debilita la vieja tesis del documento falso. Y, segundo, porque Olga Lucía Rodríguez, que había sido llamada para poner en duda a Mancipe, acabó refugiada en la desmemoria, ya que no recordaba ni su declaración previa ante la Fiscalía ni las supuestas “deslealtades” que antes decía conocer. Memoria selectiva. 

Dos testigos llevadas para sembrar duda terminaron, más bien, confirmando que la defensa no sabe cómo desmontar al testigo estrella y tampoco cómo explicar los documentos clave. No eran testigos del caso, sino relatores del mero entorno. 

Más grave aún es que la defensa no logra salir del mismo pantano argumentativo. Porque una cosa es intentar controvertir el relato del testigo Mancipe y otra muy distinta explicar por qué se concedió un beneficio a quien no podía recibirlo; por qué admitió la autoría de la carta; por qué una revocatoria no quedó ejecutoriada; por qué en 2009 se volvió a mantener la domiciliaria cuando, según el expediente, ya se sabía de la condena por secuestro; y por qué alrededor del caso aparecen la carta, los encuentros y hasta la historia del almuerzo con el condenado. 

El reloj no reemplaza a la explicación. La prescripción no absuelve moralmente a nadie. Y una defensa que le apuesta más al vencimiento de los términos que al desmonte del fondo no es nada más que una coartada. Por eso la defensa de Pedro Suárez Vacca resulta torpe. No porque un acusado use los recursos que la ley le permite, sino porque intenta hacer pasar la prescripción por inocencia. Y el tiempo ya no es una excusa. 

Mañana lunes 20 de abril a las cuatro de la tarde, la Corte escuchará los alegatos de conclusión y avanzará hacia el fallo. Será el momento en que este expediente, que la defensa no ha logrado desmontar, llegue a su punto de definición. Habrá que ver entonces si el candidato Cepeda mantiene el silencio frente a una muy probable condena de su aliado político, o muestra la justificada beligerancia que ha exhibido, acertadamente, frente a sus opositores del Centro Democrático. No se puede tener indignación selectiva.

No es el único, ya que lo mismo ha venido haciendo el presidente Gustavo Petro. Y la verdad es que no se puede presentar esa indignación como una cruzada moral, mientras en Boyacá acompañan políticamente a un congresista de su partido que está sentado en el banquillo de la Corte Suprema por decisiones judiciales que la propia justicia consideró suficientemente graves como para acusarlo y llevarlo a juzgamiento, o frente a los múltiples otros casos de corrupción que persiguen a los de su esquina política. La exigencia de responsabilidad debe ser para todos. También, la coherencia. Y en la política colombiana, la vara con la que se mide a los demás debería ser la misma que se aplica hacia adentro. El candidato Cepeda tiene que diferenciarse del presidente Petro en eso, y en muchas otras cosas.

@yohirakerman; akermancolumnista@gmail.com