Nos están matando

Hay una regla elemental en el manejo de crisis: cuando ocurre una tragedia, lo único que puede salvar la reputación de una organización —y en este caso de un gobierno— es demostrar diligencia. Cierto: a veces es imposible evitar lo inevitable, por lo tanto actuar con prepotencia, desdén o negligencia es el camino más rápido al desprestigio. Lo importante, lo necesario, lo responsable, es demostrar —con hechos— que se hizo a tiempo lo que se debía hacer para impedir que ocurriera lo peor. Nadie te juzga por haber evitado algo impredecible, pero todo el mundo te juzgará —con razón— por no haberte preparado de la mejor manera posible, primero para evitarlo, y después para enfrentarlo.

En Colombia, la tragedia está ocurriendo. Y no se ve que los responsables de evitarlo hayan hecho mucho. Por lo menos, nada que sirva.

Ocurrió en Cajibío, sobre la vía Panamericana, donde una carga explosiva estalló al paso de civiles que no iban a una guerra sino a vivir su rutina diaria: campesinos, conductores, pasajeros, trabajadores que se movían por una de las arterias más sensibles del país. Los asesinos también actuaron en corredores rurales y citadinos de Cauca, Valle y Nariño, donde al menos 18 ataques coordinados —con explosivos, drones, hostigamientos y bloqueos— dejaron un reguero de muertos, heridos y poblaciones enteras atrapadas en el miedo. La andanada criminal, según los últimos balances, deja una veintena de muertos —varios de ellos mujeres, niños, trabajadores— decenas de heridos y familias enteras expuestas en la carretera. Colombianos del común puestos en la línea de fuego de una guerra que el Gobierno no previno, no contuvo, que a duras penas describe con desgano y desorientación y que enfrenta de manera reactiva con campañas militares que llegan tarde y con poco impacto real.

Lo que hoy ocurre en el suroccidente no es solo una gravísima crisis de orden público. Es, sobre todo, la prueba de una negligencia política cada vez más difícil de disimular. Cuando una región entera amanece bajo ataques simultáneos, con corredores estratégicos paralizados, explosivos sembrados en la Panamericana y estructuras armadas operando con libertad suficiente para sembrar terror en tres departamentos al mismo tiempo, la pregunta ya no es solo quién es el terrorista responsable de los ataques: ‘Iván Mordisco’. La pregunta verdadera es qué hizo el Estado para evitarlo. Y la respuesta, por ahora, es desalentadora, por decir lo menos: muy poco. O nada. O nada que haya funcionado. Las razones están ahí: ‘Mordisco’ entendió muy rápido las ventajas de al Paz Total de Petro y la usó para ganar estatus político, bajar la presión militar, fortalecerse territorialmente, consolidar sus economías ilegales, dividir la respuesta del Estado y finalmente masticarla y escupirla cuando no le sirvió más.

En comunicación estratégica hay una diferencia abismal entre una crisis y una negligencia. La crisis puede ser inevitable. La negligencia no. La crisis desgasta pero la negligencia implica una condena. Un gobierno puede no controlar todos los factores de violencia en un país históricamente incendiado. Pero lo que, definitivamente, no puede hacer, es renunciar a la prevención, debilitar la disuasión, romantizar a los victimarios y luego pararse frente a los muertos con la exhausta retórica de la sorpresa.

No estamos ante un rebrote marginal de violencia. Tenemos al frente una estructura armada probando, a plena luz del día, cuánto territorio puede someter a su voluntad y cuánta autoridad legítima puede reemplazar. Y, sin embargo, incluso frente a esa evidencia, el reflejo político del oficialismo no ha sido asumir responsabilidades. La reacción de Iván Cepeda, hoy principal heredero político del petrismo y candidato de la continuidad, fue muy reveladora. Mientras el país contaba muertos, su declaración dejó flotando una extraña insinuación: que una ofensiva de este calibre podría terminar favoreciendo electoralmente a la oposición. Para quienes defienden la continuidad de este Gobierno, convertir una masacre en una hipótesis de conveniencia electoral es una forma degradada de evasión.

La llamada Paz Total no solo partió de una premisa tan generosa como débil en su estructura lógica; partió también de una señal ambigua: que el Estado estaba más dispuesto a comprender a los violentos que a detenerlos. Y el resultado está a la vista. Lo que hoy ocurre en Cauca, Valle y Nariño no es el fracaso de una apuesta de paz, sino la consecuencia de haber confundido diálogo con permisividad, negociación con repliegue y una voluntad política con desmonte práctico de la autoridad.

Aquí falló el principio elemental de diligencia. ¿Cuáles fueron las medidas para evitar una expansión de estos grupos si las negociaciones no avanzaban? ¿Qué hizo el Gobierno mientras las disidencias se rearmaban, se expandían, copaban corredores, perfeccionaban economías ilegales, consolidaban control territorial y convertían la negociación en cobertura táctica? ¿Qué hizo el comisionado de Paz además de enviar comunicados? ¿Qué hizo el presidente además de participar en polémicas menores, lanzar agravios digitales y administrar la épica verbal del país que imagina? ¿En dónde estuvo el Estado mientras los grupos armados se organizaban para cumplir sus amenazas? ¿Por qué las oficinas de inteligencia no pueden visualizar este tipo de peligros oportunamente?

No estamos ante una catástrofe imprevisible. No fue —como dicen— un rayo en cielo despejado. Todo esto estaba en el horizonte, y advertido por gobernadores y alcaldes de esa región. Y, por lo mismo, era evitable, al menos de alguna manera. Eso es lo políticamente imperdonable.

En cualquier democracia seria, un gobierno enfrentado a una ofensiva de esta naturaleza tendría que probar, casi de inmediato, tres cosas: que anticipó el riesgo, que activó capacidades suficientes y que hizo todo lo razonable para contenerlo. Eso es diligencia. Eso es responsabilidad. Eso es lo mínimo. Pero hoy en Colombia no hay evidencia de nada de eso. Lo que hay es una secuencia cada vez más obscena de desorden, improvisación, ausencia y frivolidad. Y no de los militares, sino del espíritu político que debe respaldar sus acciones.

Hace apenas unos años, una consigna recorrió calles y redes con indignación: “Nos están matando...”. Hoy esa frase vuelve, pero con más peso. Porque ahora los terroristas están matando colombianos humildes en las carreteras y las ciudades, y al Gobierno le queda imposible decir que no vio venir a los verdugos.