
No sé por qué insisto en ella. Cuando se la he comentado a algunos amigos, me han dicho: “¡Cállate, esa es una pésima idea! Nadie le va a caminar”. Yo, de terca, se la mandé en una nota a un par de candidatos a la Presidencia y ninguno respondió. La eché al fondo de mi mochila y pensé que tal vez más adelante.
En realidad, debe ser una idea impertinente, difícil de realizar y quizás inoportuna. Pero no se me quita de la cabeza. Me da vueltas desde hace cuatro años, cuando terminamos la tarea de la Comisión de la Verdad. Uno de los temas que nuestro mandato exigía esclarecer era la relación del narcotráfico con el conflicto armado interno, y así lo hicimos. El narcotráfico transformó nuestra guerra y a cada uno de sus bandos, y se convirtió en un factor de perpetuación de la violencia, tanto como el remedio que le aplicaron: la guerra contra las drogas.
Salí de la Comisión con la convicción de que no comprendemos a profundidad el fenómeno que ha moldeado nuestra cultura; que nos ha dado un lugar en el mapa mundial; que ha reconfigurado el territorio; que ha encarecido la política; que le ha dado oxígeno a la economía. También es la actividad que más ha transformado a las élites y el que ha generado mayor movilidad social en los sectores populares.
El narcotráfico se nos convirtió en un eterno juego de policías y ladrones, del “también caerá”, de extradiciones al detal. Damos palos de ciego: unas fumigaciones acá, unos decomisos allá, una guerra de cifras y positivos, y miles de víctimas todos los días. Sin embargo, este fenómeno estructura la vida nacional desde hace casi cincuenta años. Según testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad, ya en tiempos de Turbay Ayala las campañas locales movían miles de millones para elegir concejales y congresistas.
En un estudio de Daniel Mejía y Pascual Restrepo, publicado el año pasado, los autores concluyen que toda la cadena de producción del narcotráfico constituye el 4 por ciento del PIB. Más o menos lo mismo que representan sectores como la construcción o el turismo, y el doble de lo que hoy pesa el café. Eso sin contar el retorno del dinero ya blanqueado que, según la UIAF, estaría alrededor del 3 por ciento del PIB. Habría que romper el velo corporativo para saber la verdad sobre cómo se lava el dinero.
Para fabricar cocaína se necesita coca, pero también insumos como cemento y gasolina. Ve y diles tú a los fabricantes de cemento y a los distribuidores de combustible que no vendan cantidades industriales de esos insumos en Argelia, Cauca, o en el Putumayo. Su respuesta será: “Yo vendo cemento, gasolina, que es legal. No me entero de para qué lo usan mis compradores”.
Y ahí está el quid. La economía del narcotráfico no es un mundo aparte que se pueda extirpar. Está amarrada al tejido de lo que llamamos el país legal. La manera como separamos las economías legales e ilegales suele ser falaz. Hablamos del auge del turismo como si allí no hubiera millones del negocio del narco; de los conciertos, como si tampoco; y de la burbuja inmobiliaria, que está hecha en gran parte de lo mismo.
Es el más puro capitalismo salvaje, donde las deudas se cobran a bala. Una economía que genera más desigualdad que la legal y una de las pocas con un mercado asegurado y una diversificación de actividades ilícitas estructuradas a su alrededor. Todas pujantes.
Somos el país que más ha sufrido por su causa. Eso nos convirtió en el laboratorio mundial de la fracasada guerra contra las drogas. Y aun así no tenemos una hoja de ruta para afrontarlo. Santos intentó salirse del paradigma gringo reconociendo el fracaso. Petro convocó a un debate mundial sobre la despenalización. Ambos chocaron contra el mismo muro: Washington.
El repudio, el asco y la doble moral han reemplazado las preguntas que deberíamos hacernos como sociedad. ¿Por qué Colombia se convirtió en el epicentro del narcotráfico? ¿Cómo funciona esta economía? ¿Sobre cuáles valores de la colombianidad se asienta? ¿Qué tiene que ver con nuestro modelo de desarrollo?
Mi “pésima” idea es una especie de comisión de la verdad sobre el narcotráfico. No, no hablo de un tribunal de delaciones. Para eso ya está la DEA. Me refiero a un diálogo social sincero, completamente extrajudicial, sobre la incidencia real del narcotráfico en nuestras vidas y, más aún, sobre las soluciones que la gente de este país imagina para enfrentar el problema.
Una conversación donde quepan las comunidades rurales, pero también los chicos de los barrios: esos muchachos de Medellín, Buenaventura o Barranquilla que viven del microtráfico y la extorsión. Y hablar con los presos, los empresarios, los sospechosos y los que no lo son; los narcos y los exnarcos; las reinas de belleza; los cantantes de reguetón y tecnocarrilera; los pilotos; los camioneros, los contrabandistas; los coteros de las plazas de mercado; los trabajadores de los puertos, los banqueros, los policías, los exguerrilleros… en fin.
Un ejercicio amplio y plural que nos dé una visión más completa de este problema y que, sobre todo, nos diga qué es lo que no funciona para dejar de repetirlo ad infinitum. Arriesgarnos, por fin, a ensayar una o dos buenas políticas públicas para salir de este embrollo.
Esta idea puede sonar loca, pero es una posibilidad de abrir nuestra imaginación. Porque, para ideas malas, la peor es sumarnos al Escudo de las Américas, como lo proponen Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Una burda parodia de la guerra contra las drogas de Nixon, cuyo desenlace ya conocemos.
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