“Si hay que matar a la gente para poder estar tranquilos, se va a hacer. Si hay que volver a la represión, se va a hacer”. Las palabras son del narcotraficante y expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a cuarenta y cinco años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico, e indultado en diciembre pasado por Donald Trump como la punta de lanza de proyecto de recuperación del poder en Honduras, que fue gobernado por el progresismo de Xiomara Castro de 2022 a 2026. Los audios fueron revelados por un grupo de periodistas investigativos que produjeron el sitio _Hondurasgate.ch_ que ha recibido 39.618 ataques en los últimos siete días, y en el cual se alojan 37 audios que contienen las conversaciones de Hernández —el actual presidente de ese país— y varios funcionarios de instituciones como el Consejo Nacional Electoral, empresarios y congresistas, entre otros, en los cuales se evidencian varios acontecimientos que buscan afectar las elecciones colombianas y desestabilizar a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
Según los audios, hay un proceso de recolección de fondos del cual hace parte el presidente argentino Javier Milei, que ha aportado 350.000 dólares, para crear un medio digital en Estados Unidos apoyado por funcionarios republicanos de la administración Trump. Este medio buscará difundir noticias falsas y cercanas a la derecha para repetir la receta que ya implementó Trump en su elección, así como Milei, y varios de los gobiernos de ultraderecha del mundo que saben que el escenario de la política se juega en el territorio de los tecnofeudalistas con vastas campañas de desinformación, y cooptación de bases de datos a las que se dirige información cuyo principal objetivo es uno de los preconizados por Jaime Bermúdez, director del proyecto Júpiter, en Colombia: producir miedo, incertidumbre y rabia para que quienes deben elegir este 31 de mayo un segundo mandato progresista en nuestro país se persuadan del grave peligro que representan Iván Cepeda “y sus secuaces”, como los ha llamado la hija del recién fallecido Germán Vargas Lleras, cuya declaración fue acogida como un mensaje entusiasta por los principales medios colombianos el lunes 11 de mayo.
El pecado de la deriva progresista de América Latina no ha sido, como repiten nuestras palomas de la guerra y tigres de papel, ser comunistas. La verdadera osadía para Estados Unidos ha sido abrir conversaciones con China, actor que considera en vías de convertirse en la nueva hegemonía global. Y, por supuesto, quitarle inmensas franjas de poder que manejaba con viejas fórmulas de la política de seguridad nacional de Estados Unidos, que desde los años sesenta ha fomentado operaciones encubiertas y golpes de Estado, de manera abierta, para controlar aquello que han venido a rebautizar como la segunda doctrina Monroe (o Donroe).
La conexión entre la derecha y la ultraderecha colombiana con el Gobierno de Estados Unidos no es un secreto de Estado. Ha sido histórica y ha contado con una ilimitada fuente de recursos para operaciones legales e ilegales: solo el Plan Colombia, para remitirnos a este siglo, consistió en una inversión de 1.300 millones de dólares para modernizar las Fuerzas Armadas Colombianas, en un 80 por ciento, y el restante 20 por ciento para inversión social. Dicha modernización, por supuesto, contó con todos los recursos y la tecnología de los aliados de Estados Unidos, como Israel, y supuso la reorganización de la doctrina de seguridad que, superados los años ochenta y noventa, con su ola de represiones, masacres y exterminios, debía ser concluida con la fuerza definitiva de un imperio decidido a tomar posesión en inteligencia y capacidad militar en nuestros países.
Álvaro Uribe llevó a cabo no solo la implementación de dicho plan, sino que usó las instituciones colombianas para cooptar, intervenir, perseguir y promover una política de seguridad democrática que tuvo como ejes la práctica del body count, o el conteo de cuerpos, para lo cual fueron reclutados con falsas promesas de trabajo 7.832 jóvenes en barrios populares de nuestras ciudades, para llevarlos a zonas de combate, uniformarlos, asesinarlos y hacerlos pasar por guerrilleros de las Farc-EP. Además, desde el aparato de inteligencia, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se persiguió, se intervino y se asesinó a líderes incómodos como Jaime Gómez, asesor de la senadora Piedad Córdoba; Alirio Uribe, asediado —según los archivos desclasificados del DAS por orden del presidente Petro— desde una casa al frente de la suya durante meses, para hacerle montajes y demostrar la supuesta connivencia de los defensores de derechos humanos, y las insurgencias armadas.
Desde el DAS se planearon los asesinatos de Luis Carlos Galán, a finales de los ochenta, Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro Leongómez, y después, el de Jaime Garzón, a finales de los noventa, así como el de Alfredo Correa de Andreis, entre cientos de otros y otras mujeres que fueron sometidos a la ignominia de la persecución como ocurrió con periodistas como Claudia Julieta Duque o Ricardo Calderón, líderes como José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, o Iván Velásquez, magistrado delegado de la Corte Suprema de Justicia. Todo ello, con la asesoría del Gobierno de Estados Unidos.
Esta historia ha seguido su camino durante cuarenta años con la complacencia del establecimiento colombiano: hoy, gracias a la tecnología que también actúa en beneficio de los verdaderos contrapoderes del periodismo independiente, puede verse de una manera mucho más precisa, con testimonios como los que están disponibles en la página de Honduras Gate.
La operación digital —así como las intimidaciones y amenazas, la estrategia de sembrar un relato de incertidumbre, miedo e indignación— está entre nosotros, y por más que quieran presentarla como una campaña que no tiene las dimensiones que anunció el director del Proyecto Júpiter en las intervenciones señaladas por la revista Raya, en Señal Investigativa tiene corresponsales en buena parte de América del Sur, Central y del Norte, así como de España.
A tan solo dos semanas y media de las elecciones colombianas, estos hechos no pueden tomarse a la ligera. Aunque ha habido algunos informes en la prensa nacional, medios como El País de España o El Espectador titulan sus notas con adjetivos como “supuesta” trama injerencista, aunque se ha verificado la autenticidad de las voces que intervienen en esta operación para desestabilizar a las izquierdas democráticas en Colombia y México. Aun así parece que ninguna prueba es suficiente para quienes siguen pensando que se trata de relatos ‘conspiranoicos’ y no han dimensionado, gracias a su cultura relativista sobre Estados Unidos, el tamaño de la amenaza que se cierne sobre nuestras democracias. Se trata de notas informativas que usan fórmulas que ponen en duda una campaña de dimensiones hemisféricas que, una vez más, no es tomada en serio por provenir de medios como Canal Red, el medio de izquierdas español, que ha amplificado las informaciones producidas desde Honduras, y que han sido silenciadas en ese país por todos los medios. Solo Página 12, en Argentina, y La Jornada, en México, han hecho informes serios sobre esta práctica que ha sido usada desde hace ya quince años para influir en las elecciones, como ocurrió en la segunda elección de Obama, cuando Eric Schmidt, CEO de Google, entró de lleno a la campaña para segmentar información con enormes bases de datos y personalizar mensajes que pudieran influir en la toma de decisiones de quienes estaban indecisos.
Colombia atravesará estas dos semanas y media una noche oscura en las redes que quizás no será del todo visible. Se amplificarán mensajes y mentiras sobre el candidato Iván Cepeda para detener su indudable avance en las calles y plazas del país. Que empresas de apuestas como PolyMarket, un “mercado de predicciones”, hayan entrado al juego, y se anuncien como encuestas de medición política desde medios radicales de extrema derecha, como la revista Semana, tiene que decirnos algo.
No hay nada ganado hasta que se celebren las elecciones, y se compruebe que Iván Cepeda y Aida Quilcué tienen el favor de la mayoría del pueblo colombiano. Mientras tanto, se hará hasta lo imposible a través de operaciones digitales y fraudulentas para detener el avance de la democracia en nuestro país. En Honduras se diseñó la arquitectura de esta manipulación: en diciembre, una empresa colombiana, Grupo ASD S. A. S., fue contratada para controlar el software del escrutinio.
La revista Raya informó que se trata de una compañía que también está vinculada en la Unión Temporal que fue contratada por la Registraduría colombiana para los comicios de este 31 de mayo. En Honduras, el Consejo Nacional Electoral, las fuerzas políticas de ultraderecha, los aliados internacionales presentes en todos los países latinoamericanos, el presidente argentino y el imperio de Donald Trump, así como el Gobierno de Israel, encabezaron una gran alianza para impedir que hubiera un triunfo de la vida, costara lo que costara. Hoy, triunfantes de manera espuria, van por su segundo cometido “haya que matar a quien haya que matar”, según sus propias palabras. ¿Les suena familiar?
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