Se ha venido hablando con frecuencia que la responsabilidad fiscal del nuevo gobierno, ante el caos que estamos viviendo en las finanzas públicas, es inmensa. Y esta grave responsabilidad le incumbe a cualquiera que sea el ganador en las próximas elecciones, ya sea de izquierda o de derecha.
Lo que resulta novedoso es que ya empiezan a aparecer cuantificaciones serias de la magnitud del ajuste fiscal que debe hacer la próxima administración, si quiere evitar que se pierda la sostenibilidad fiscal de Colombia y caigamos en el abismo de los países a los que nadie les cree ni nadie les presta.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), en su último informe al Congreso, empezó a ponerle cifras a este inmenso fardo fiscal que heredará el próximo gobierno. En efecto, según el CARF, el ajuste fiscal mínimo que tiene que hacer el país en 2026 es del orden de $30 billones. Pero si queremos sanear las finanzas en su integralidad, estabilizando el caballo desbocado que traen los gastos públicos y el crecimiento de la deuda, el ajuste tendrá que ser tres veces mayor a lo largo del próximo cuatrienio. Es decir, se llegaría a un ajuste gradual a lo largo del próximo mandato presidencial del orden de 100 billones de pesos.
Naturalmente esto no se podrá hacer bruscamente en el primer año del próximo gobierno. Tendrá que hacerse gradual pero persistentemente durante los próximos años, hasta el 2030. Y el ajuste tendrá que provenir no sólo de moderar el alocado ritmo de gasto público que se trae, sino también de mejorar los ingresos y el recaudo.
Es una tarea inmensa pero indispensable. Que no recibirá probablemente el aplauso general. Pero que no puede eludirse.
Los equipos programáticos del nuevo gobierno harían bien en leerse atentamente el informe del CARF al Congreso. Allí encontrarán las cifras y proyecciones del ajuste fiscal que se nos viene pierna arriba.
En este sentido resulta muy preocupante la noticia que ha dado el CARF en el sentido de que solo cuenta con autorizaciones presupuestales para funcionar hasta el mes de octubre del presente año. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (creado por la ley) tiene como función decirle la verdad al Gobierno, al Congreso, y al país en general, sobre cuál es la realidad de la situación fiscal. Asfixiarlo ahora como lo está haciendo el Ministerio de Hacienda, al no darle recursos suficientes para funcionar con normalidad, sería acallar la que es quizá la voz independiente más importante con que cuenta la nación para conocer la realidad fiscal.
¿Será que al Gobierno saliente le incomoda que esa voz independiente se siga escuchando? Las campañas políticas de quienes aspiran a ser finalistas deberían incluir dentro de sus compromisos mantener con vida al Comité Autónomo de la Regla Fiscal.
Estuvo bien que el Gobierno Petro se despida con un reajuste gradual en la gasolina y en diésel. No hacerlo equivaldría a profundizar el inquietante panorama que nos traza el CARF para el cuatrienio venidero.
En otros países se exige que los responsables de los programas que se presentan en la ciudadanía en víspera de elecciones cuantifiquen sus propuestas. Esto no se está haciendo en Colombia. Y mucho me temo que, si se hace, vamos a descubrir que van a contrapelo de lo que advierte el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. El nuevo gobierno tendrá que comprometerse con un programa cuatrienal de ajuste del orden de los 100 billones de pesos. Pero por lo que se oye hasta el momento, los programas van en la dirección contraria, es decir van a aumentar el déficit primario (o sea el gasto sin tener en cuenta el gasto de intereses) en vez de reducirlo. Como es apremiante que sea.
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