Crisis de medicamentos en Colombia: la denuncia de comisiones para pagar facturas en EPS intervenidas

El pasado 26 de febrero de 2026, en la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro hizo un señalamiento sobre la crisis en la entrega de medicamentos a afiliados de las EPS: “Se están robando la plata de las medicinas y por eso acaparan”, aseguró.

Petro dijo que habría funcionarios de EPS intervenidas que estarían cobrando entre el 20 y el 30 por ciento a proveedores de medicamentos. En la misma intervención, ordenó habilitar un canal directo en Presidencia para recibir denuncias. El correo destinado para ese fin es denunciassalud@presidencia.gov.co y, según el propio presidente, empezaría a recibir denuncias al día siguiente de su intervención.

Petro dijo que estaría atento a los señalamientos y dejó entrever que la crisis en la entrega de medicinas no tendría que ver con problemas logísticos ni con trámites engorrosos, sino con un caso de corrupción.

Durante el Gobierno de Gustavo Petro se han ordenado ocho intervenciones de EPS. Arrancó con Asmet Salud el 11 de mayo de 2023; siguió Savia Salud el 16 de junio de 2023 y Famisanar el 15 de septiembre de 2023. En 2024 vinieron Sanitas, el 2 de abril, Nueva EPS, el 3 de abril y EPS S. O. S., el 10 del mismo mes. Ese año también se sumaron Capresoca el 7 de octubre y Coosalud el 22 de noviembre.

Las intervenciones, lejos de solucionar los problemas en la prestación de servicios de salud a los pacientes, los han venido empeorando.

En el caso de Nueva EPS, la Procuraduría ha señalado que, después de la intervención, el costo de prestación de servicios pasó del 95,6 por ciento de los ingresos en 2022 al 121 por ciento en 2023, y que el patrimonio en 2024 fue de -4,4 billones de pesos.

Esta columna conoció la denuncia que provocó el pronunciamiento público del presidente Petro.

Según esa versión, el esquema se movería alrededor de la cartera de las EPS y de la forma en que algunos proveedores intentan recuperar pagos atrasados. Tras las intervenciones, ‘intermediarios’ y abogados estarían concentrados en cobrar porcentajes para facilitar pagos de facturas. Según la denuncia, a proveedores que reclaman facturas les habrían planteado una condición: pagar un porcentaje para que les giren recursos. El porcentaje que se menciona, de manera reiterada, es entre el 20 y el 30 por ciento del valor de las facturas.

En ese sentido, se habrían utilizado dos mecanismos. El primero, un contrato de prestación de servicios para “cobro de cartera”, que, según esa versión, el proveedor tendría que firmar para que se habilite el pago. El segundo, que sería una práctica más reciente, es la cesión de facturas o de derechos económicos, firmada en notaría. En esa modalidad, el proveedor cedería una parte de sus facturas, equivalente al porcentaje pactado, como condición para que se tramite el pago del resto.

Ese 30 por ciento significa cifras grandes y, por esta razón, proveedores habrían dejado de vender medicamentos por temor a no recuperar su dinero.

A los pocos días de las declaraciones del presidente, la Procuraduría informó que suspendió por tres meses a dos agentes interventores de EPS intervenidas por el Gobierno. La medida cobijó a Carlos Alberto Betancur (interventor de EPS S. O. S.) y a William Humberto Salgado (interventor de Savia Salud). Además, anunció investigaciones disciplinarias en ambos casos.

Según la Procuraduría, en los dos expedientes encontró deterioro de la sostenibilidad financiera, reflejado en aumento de gastos administrativos y crecimiento de pasivos, con impacto en la atención oportuna a los pacientes.

No hay elementos para conectar la decisión de la Procuraduría con las declaraciones del presidente, pero lo que sí es evidente es que los ojos están puestos sobre la administración de los interventores.

Sería lamentable que detrás de las muertes de pacientes que no recibieron sus medicamentos hubiera un mecanismo de cobros y comisiones para destrabar facturas. La corrupción no solo se estaría embolsillando la plata sino la vida de los colombianos.