Luis Eduardo de la Hoz López dirige Redvigila, la Red Colombiana de Veedurías Ciudadanas. Antes aspiró al Senado por la Coalición Fuerza Ciudadana y su nombramiento en un cargo consular en Uruguay fue dejado sin efecto por decisión del Consejo de Estado.
Recientemente, De la Hoz envió un derecho de petición a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Salud, a la ADRES y a varias EPS intervenidas por el Gobierno, en busca de información sobre el pago de deudas a prestadores de salud y empresas farmacéuticas. En esas entidades reposa información clave sobre cesiones de cartera, operaciones de factoring, intermediarios y órdenes de pago. La petición también fue enviada a organismos de control y a actores del sistema como clínicas, hospitales y gestores farmacéuticos. Eso permite contrastar datos y establecer si hubo operaciones opacas alrededor de la cartera de la salud.
La solicitud busca recabar la información necesaria para entender cómo se ha movido una parte de la deuda del sistema de salud y quiénes intervinieron en esas operaciones.
La petición de De la Hoz es relevante por una razón concreta. La Resolución 2764 de 2025 del Ministerio de Salud señaló que, con corte al 31 de diciembre de 2024, la deuda de 29 EPS por costo en salud ascendía a 32,9 billones de pesos y que 24,4 billones correspondían a EPS intervenidas. Una parte sustancial del pasivo del sistema está concentrada precisamente en entidades sometidas a medidas especiales, donde también pueden rastrearse cesiones de cartera, cambios en el orden de pago y operaciones que pudieron beneficiar a determinados actores.
Una cesión de cartera es una operación mediante la cual un acreedor transfiere a un tercero el derecho a cobrar una deuda. En la práctica, quien tenía pendiente el pago de una factura o de una obligación vende ese derecho de cobro a otra persona o empresa, normalmente a cambio de recibir dinero inmediato, aunque sea por un valor menor. En el sector salud, eso significa que una clínica, un hospital o un proveedor puede ceder sus cuentas por cobrar a un intermediario financiero, que luego asume el cobro ante la EPS.
Ahí está el punto. La cesión de cartera y el factoring son mecanismos legales. El problema surge cuando esas herramientas se usan en un sistema con deudas millonarias, poca transparencia y grandes diferencias de información entre unos actores y otros. Más aún si una parte de esas obligaciones corresponde a EPS intervenidas, mientras hospitales, clínicas, gestores farmacéuticos y pacientes siguen cargando con las consecuencias de la falta de liquidez.
Las respuestas ayudarán a establecer quién adquirió esas deudas, en qué condiciones, por medio de qué intermediarios, en qué momento del proceso de intervención y quién obtuvo ganancias a partir de esas acreencias. Si las entidades responden de fondo, la petición puede permitir identificar qué actores se repiten en la compra de cartera, si esas operaciones aumentaron antes o después de la intervención estatal, qué firmas o apoderados participaron de manera reiterada y si hubo acreedores o vehículos financieros con ventajas frente a otros para cobrar o negociar. Ese cruce puede mostrar si una parte de la crisis del sistema de salud terminó convertida en un negocio para terceros, tal como lo aseguró el presidente Petro hace un par de semanas.
La dimensión del problema explica por qué esta línea merece atención. Reportes periodísticos señalaron que la industria farmacéutica cerró 2025 con 4,75 billones de pesos en facturas pendientes de pago. En un sistema con deudas de ese tamaño, la cartera no es solo una obligación atrasada. También puede convertirse en un negocio para compradores, intermediarios y firmas interesadas en obtener utilidad de ese deterioro.
Por eso vale la pena seguir esa ruta. No porque toda cesión de cartera implique una irregularidad ni porque toda operación de factoring esconda un delito, sino porque el cruce de deudas millonarias, opacidad y EPS intervenidas puede mostrar quiénes se movieron con ventaja en medio de la crisis. Puede revelar si ciertos actores conocían mejor que otros el estado real de las acreencias, si algunas operaciones se concentraron cuando el deterioro de determinadas EPS ya era evidente y si hubo terceros que encontraron rentabilidad en comprar barato y cobrar caro sobre facturas originadas en el colapso del sistema.
También puede ocurrir que las respuestas no lleguen completas. Que una entidad diga que no consolida la información, otra remita al agente interventor, el interventor al liquidador, o que nadie tenga el detalle total de los contratos, las cesiones y los soportes. Si eso pasa, el problema también queda expuesto. Mostraría que una parte sustancial de la deuda de la salud se ha movido sin trazabilidad pública suficiente.
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