Uribia y su voto por los congresistas salpicados en el escándalo de la UNGRD

Uribia fue uno de los municipios de La Guajira donde los congresistas vinculados al escándalo de la UNGRD obtuvieron mayor respaldo electoral. Martha Peralta sacó 11.159 votos; Juan Loreto Gómez, 18.627; y Wadith Manzur, 6.326. Esas cifras muestran el tamaño del poder político que aún conservan allí los sectores mencionados en ese expediente.

Cito en particular el caso de Uribia porque ha sido uno de los municipios más golpeados por la crisis del agua y que debía haber sido atendido por la UNGRD.

Así las cosas, y según resultados preliminares, Juan Loreto Gómez mantiene su curul en la Cámara por La Guajira con 64.658 votos. Wadith Manzur dio el salto al Senado con 134.914, y Martha Peralta obtuvo una de las curules indígenas con 61.098. Pese al escándalo, las estructuras políticas de los implicados siguen intactas.

Cinco días antes de la elección, el diario El País ya había puesto el foco sobre Uribia. Su reportaje señalaba, con base en líderes políticos locales, que la fórmula de Martha Peralta y Juan Loreto Gómez contaba con el respaldo del alcalde Jaime Buitrago García. También ubicaba a Wadith Manzur dentro de la disputa por la maquinaria política de La Guajira. Lo ocurrido el 8 de marzo confirmó, al menos en esos casos, que el escándalo de la UNGRD no les impidió conservar su fuerza electoral.

Y eso resulta todavía más grave por la naturaleza misma del caso. El escándalo de la UNGRD no se reduce a los sobrecostos de un contrato. Se trataba de un proyecto para llevar agua potable a La Guajira, en un contexto en el que la Corte Constitucional ya había declarado un estado de cosas inconstitucional por la vulneración grave y persistente del derecho al agua de la niñez wayuu en municipios como Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha. La Procuraduría confirmó después que, en la compra de 40 carrotanques, se autorizó un pago superior a 16.000 millones de pesos, con un incremento de más del 54 por ciento frente a los precios reales del mercado, es decir, más de 412 millones de pesos de sobrecosto por vehículo. Fue el desvío de recursos de una contratación de emergencia en una región donde el agua es un asunto de supervivencia.

Es desalentador que esas estructuras electorales permanezcan intactas a pesar del escándalo, pero lo es aún más que la justicia no actúe a tiempo. La Corte Suprema recibió la compulsa de copias sobre nueve aforados del caso UNGRD el 16 de julio de 2024 y abrió investigación formal el 12 de noviembre de ese año. Aun así, las elecciones del 8 de marzo llegaron sin que los togados tomaran decisiones sobre los congresistas involucrados; pudieron hacer campaña y resultaron elegidos, con el poder que su elección les otorga.

El 5 de marzo de 2026, CAMBIO reportó que la Sala de Instrucción no logró resolver la situación jurídica de seis implicados porque hubo empate y el caso pasó a conjueces. El Espectador informó después que la definición seguía pendiente.

En Colombia, los expedientes por casos graves de corrupción avanzan más despacio que las campañas electorales.