En La Guajira la salud hoy se mueve en dos circuitos: el estatal, que dejó inconclusa la gran promesa de los CAPS, y el de afortunados prestadores que han logrado expandirse en medio de la crisis.
La gran promesa oficial de los CAPS en La Guajira terminó convertida en un fracaso. El Gobierno planteó 25 Centros de Atención Primaria en Salud en 10 municipios, con una inversión de 82.029 millones de pesos y la promesa de beneficiar a más de 394.000 personas en uno de los territorios con mayores barreras de acceso del país. Pero el propio Ministerio de Salud terminó reconociendo incumplimientos, impuso una sanción de 1.640 millones, no prorrogó el contrato y ordenó devolver cerca de 16.000 millones ya girados.
La Guajira tiene la mayor proporción de población indígena de Colombia, con el 47,8 por ciento de sus habitantes y 394.683 wayuu, y de sus 424 sedes de IPS apenas 87 están en zonas rurales. La respuesta estatal, que debía llegar a 423.360 personas, equivalentes a 94.080 familias rurales y dispersas, terminó dejando obras inconclusas en la zona del país más golpeada por el escándalo de la UNGRD, una red de contratación bajo investigación judicial que ha involucrado ministros, congresistas y una serie de actores locales del departamento que, curiosamente, no han sido tocados por la justicia.
En contraste, el otro circuito crece y se expande con un éxito que cualquier prestador de salud en el país envidiaría.
En el centro de ese foco está la IPS indígena Kottushi Sao Anaa, que actualmente adelanta la construcción de un hospital en Mayapo.
Ese hospital ilustra de manera clara dicha expansión. Entre septiembre y octubre de 2024, el hospital reportaba un 60 por ciento de avance de obra. En diciembre de 2025 empezó a prestar servicios de consulta externa para la población wayuu. La propia IPS informó que el año pasado realizó cerca de 1,5 millones de atenciones. Y en el informe de giro directo de la ADRES para 2023, Kottushi figura como la IPS con mayor monto recibido dentro del top 20 de EPS Familiar de Colombia, con 14.236 millones de pesos.
El gerente de la boyante IPS es el señor Juan Palmezano Gómez.
Palmezano Gómez es un entrañable amigo y aliado de la senadora Martha Peralta, o por lo menos así se deja ver en sus redes sociales.
En un video publicado en su cuenta de Instagram en mayo del año pasado, Palmezano da cuenta de una jornada de salud en el corregimiento de Monguí, actividad que, según él, fue convocada por la senadora Martha Peralta. Allí se habrían ofrecido servicios de vacunación, medicina general, odontología, pediatría, ginecología, medicina interna y tamizaciones de mamografía para cerca de 1.000 asistentes, con la presencia de 300 profesionales de la salud. Según dijo Palmezano, también se les entregaron refrigerios y almuerzos a los asistentes.
https://youtube.com/shorts/TL4xUH-thD0
En otro video de septiembre de 2024, publicado desde la cuenta de Palmezano, el empresario de la salud, quien se encuentra sentado al lado de la senadora Martha Peralta, habla de los avances en la construcción del hospital. En la pieza de comunicación también interviene la senadora, resaltando que se trata del primer hospital indígena del país.
https://youtube.com/shorts/4s569AMNq8E?feature=share
Y en otro post, publicado desde su cuenta el 27 de febrero, en plena campaña electoral, Palmezano, mostrando una imagen de Martha Peralta, se refiere a ella como “la jefa”.
El problema no es que la IPS indígena crezca. La Guajira necesita más oferta, más médicos y más capacidad de atención. Lo que llama la atención es cómo esta expansión se cruza con el mapa electoral y con el enorme poder político que Peralta ha logrado amasar durante este gobierno, a pesar de sus menciones en el escándalo de la UNGRD.
En la circunscripción indígena al Senado de 2026, Martha Peralta obtuvo 11.159 votos en Uribia. En Albania alcanzó 5.064 votos de un total de 5.428 en esa misma categoría. El salto frente a 2022 fue tan abrupto, que se convirtió en noticia nacional. Al mismo tiempo, medios regionales reportaron que el exgobernador Wilmer González Brito actuó como jefe de Debate de su campaña. González Brito fue condenado por la Corte Suprema en 2018 por corrupción electoral y otros delitos cometidos durante su campaña a la Gobernación de La Guajira.
Lo que hoy se ve en La Guajira es la formación de una nueva élite de la salud en medio del fracaso de la infraestructura pública prometida, élite que crece de la mano de la poderosa Martha Peralta, quien también sigue creciendo en caudal electoral y poder y en cuyo caso pareciera que la justicia cojea más lento de lo habitual.
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