Los convenios interadministrativos tuvieron origen con la Ley 80 de 1993. Son acuerdos entre dos o más entidades que se unen para cumplir con un fin público especifico.
Dicha vía de contratación tiene reglas y no puede utilizarse como un atajo para contratar bienes, obras o servicios disponibles en el mercado. La norma general exige selección objetiva y pluralidad de oferentes.
El año pasado, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores contrató por esta vía al menos 37.761 millones de pesos con la Corporación Colombia Digital, con el canal universitario Zoom y con Skynet de Colombia, filial de ETB.
El convenio con Colombia Digital fue por 32.658 millones, el de Skynet por 4.499 millones y el del canal Zoom fue por 603 millones de pesos.
Estos servicios no son prestados de manera excepcional ni exclusiva por entidades públicas. Una campaña pedagógica puede ser diseñada por agencias de comunicaciones, productoras, universidades, medios públicos o firmas especializadas. Un sistema de control de acceso puede ser ofrecido por empresas de seguridad electrónica, integradores tecnológicos y proveedores de software. Una solución de servidores, redes y ciberseguridad hace parte del mercado habitual de tecnología.
Esto es importante porque, cuando un bien o servicio tiene varios posibles proveedores, la regla natural de la contratación pública es comparar ofertas, precios, experiencia y capacidades mediante un proceso competitivo. La contratación interadministrativa solo se justifica si la entidad ejecutora aporta una condición pública, técnica o misional que haga razonable apartarse de esa competencia.
Este no es un tema menor y ya hemos visto casos que prenden alarmas. Para mencionar uno, el del IDEXUD, en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Por esa vía se desviaron 20.200 millones de pesos y el caso terminó con un fallo fiscal por 39.350 millones en primera instancia, y el exdirector de dicha dependencia, Wilman Muñoz, con una condena superior a los 22 años.
La figura del contrato interadministrativo existe y es legal. Nadie serio puede afirmar que su sola utilización constituya una irregularidad. El problema se evidencia cuando esa figura excepcional se usa para contratar objetos que podían competir en el mercado. La ley permite la contratación directa entre entidades estatales bajo ciertas condiciones, pero esa herramienta no puede convertirse en un atajo para evitar procesos de selección objetiva.
En una solicitud de información, requisito previo a una acción popular, el abogado Javier Mayorga le solicitó a la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, los estudios previos del sector, de mercado y soportes técnicos, jurídicos y económicos que justificaron la millonaria contratación por esta vía, lo mismo que si se revisaron si estos servicios estaban disponibles en acuerdos marco de Colombia Compra Eficiente y si los contratistas tenían sanciones o inhabilidades.
Ahora la Cancillería deberá responder y sustentar de manera suficiente por qué eligió esta vía y no la de la competencia.
P.S.: La semana pasada, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez y Marcos de Jesús Figueroa, alias Marquitos Figueroa, fueron trasladados con otros nueve reclusos a diferentes centros penitenciarios. El traslado ocurrió luego de que el presidente Petro dijera en un consejo de ministros que sabía de un plan de Gómez y Figueroa para “destruir” la imagen del presidente.
‘Kiko’ Gómez y ‘Marquitos Figueroa’ han sido mencionados en el episodio conocido como el ‘Pacto de La Picota’. En el caso de Gómez, por el papel de su abogado Pedro Niño, quien tramitó el ingreso de Juan Fernando Petro y Danilo Rueda a La Picota y habría promovido una supuesta propuesta de “perdón social”. En el caso de alias Marquitos, por un audio en el que invitaba a votar por Petro y por publicaciones que lo vincularon con la difusión de esa propuesta.
Es llamativo que el presidente de la República les dé tanta importancia a lo que puedan hacer o decir dos delincuentes regionales que están tras las rejas.
Comentar este artículo
Aún no hay comentarios
